12 años de prisión al ex perito del STJ por robar armas de los Tribunales

La Justicia paranaense resolvió condenar a Antonio Vitale e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, pero además se expidió sobre el trámite de jubilación del ex perito del Superior Tribunal de Justicia como ex empleado judicial.

El ex perito del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Vitale, fue hallado culpable por los delitos de “amenaza simple, peculado en concurso ideal con la sustracción de objetos destinados a servir de prueba bajo la modalidad de delito continuado y la provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad”, hechos por los cuales fue condenado a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos públicos.

Además, el Tribunal integrado por los jueces Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, dispuso que se remita la condena a la Caja de Jubilaciones de la Provincia para que lo excluya del beneficio previsional que había solicitado. Tras el adelanto de sentencia, Vitale fue trasladado directamente a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde continuará con prisión preventiva hasta que la condena quede firme.

Al respecto, el fiscal Juan Malvasio destacó el trabajo “contundente” de la Fiscalía, el que fue tenido en cuenta por el Tribunal al momento de emitir sentencia. “Nosotros entendimos que la pena ajustada a derecho eran 15 años, pero el Tribunal decidió que sean 12 y somos respetuosos de eso”, acotó.

Cuando se le consultó si con la reciente condena finaliza la investigación por la venta de armas judicializadas, Malvasio adelantó: “Todavía tenemos algunas cuestiones para seguir investigando y se irá avanzando sobre eso a medida que la prueba se vaya incorporando al legajo. Al menos, Santa Paola tiene una responsabilidad imprudente o culposa sería negligente en este lamentable hecho”.

Malvasio se refiere a Fabricio Santa Paola, quien fue el jefe del Depósito de Efectos Secuestrados hasta mayo de 2016, y durante su declaración en el juicio confirmó la falta de control al trabajo que desempeñaba Vitale.

Malvasio bregó para que la condena a Vitale “sirva de ejemplo para todos los que trabajamos en el Poder Judicial”. “Fue un hecho que nos ha avergonzado a todos los que formamos parte del Poder Judicial. No fue un trabajo sencillo el de acusar a un compañero de trabajo, una persona con la que hemos compartido este camino en el Poder Judicial, pero lo acusamos con la misma responsabilidad y objetividad que nos impone la Constitución Provincial”, remarcó.

El fallo judicial dispuso además que “las armas de fuego y cartuchería ingresadas y registradas en la sección Depósito de Efectos Secuestrados, sean devueltas a dicho organismo a disposición de las magistraturas correspondientes, o en su caso para proseguir el trámite según su estado. En relación al resto de los efectos secuestrados, se mantendrán en reserva por el término de u año, a cuyo vencimiento si no fueran solicitados por sus titulares deberá procederse al decomiso.

En la causa también fueron condenados Maximiliano Bertoni, empleado del Departamento Médico Forense de Tribunales, quien participó del robo y venta de armas de fuego y en diciembre de 2016 logró un acuerdo de juicio abreviado por el cual se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, más la realización de tareas comunitarias. Durante el juicio, fue uno de los testigos que complicó la situación del perito.

Otros dos condenados son Eduardo Borgogno y Mario Alonso. El primero acordó en juicio abreviado tres años de prisión condicional y el segundo firmó por un año y medio. Los dos fueron acusados de conseguir clientes para la venta de armas y de cobrar los montos acordados.

Según planteó en su alegato el fiscal Malvasio, el modus operandi desplegado por la banda se iniciaba con la sustracción de las piezas de la órbita del Poder Judicial y continuaba con la entrega de las armas por parte de Vitale a Bertoni, quien luego se las pasaba a López y a Borgogno, que se ocupaban de la venta e introducción al mercado ilegal. Fuente: El once/Análisis

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