El conflicto con PAMI podría llegar a la Comisión Interamericana de DDHH

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En septiembre del año pasado, las abogadas Zenia Borges y Susana Schwindt presentaron un recurso de amparo en la Justicia Federal para que se restablezca el servicio de la obra social. Luego de cinco meses y con dos excusaciones de los jueces de la causa de por medio, todo sigue igual. La posibilidad de acceder a la instancia internacional ya se empezó a conversarse entre los afiliados.

 

Luciano Peralta

 

Habían pasado más de cuatro meses desde que los afiliados al PAMI de Gualeguaychú no contaban con el servicio del Módulo 6, que contempla médicos especialistas y prácticas ambulatorias, cuando desde el Consejo Asesor Municipal de Adultos Mayores (Camam) se dio a conocer, en una de las oficinas municipales de la ex Terminal de Ómnibus, la medida tomada: en representación de dos afiliados y de dos centros de jubilados, las abogadas Zenia Borges y Susana Schwindt habían presentado un recurso de amparo para que se vuelva a prestar el servicio. Lo habían hecho en el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 2 de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza Beatriz Aranguren.

 

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De aquella presentación pasaron cinco meses, y en el medio se tomaron algunas medidas. La más importante fue el acuerdo entre las autoridades del PAMI y la empresa Nativus, concretado a mediados de noviembre del año pasado. Sin embargo la disconformidad con respecto al servicio prestado sigue siendo muy grande dentro del Camam, desde donde ya habían solicitado, como medida de emergencia, un subsidio de parte la obra social. Pero, al no tener respuesta oficial al respecto, el pasado 21 de febrero los afiliados volvieron a enviar un pedido de reunión “urgente” al responsable de la UGL 34 Concordia, Lucas Larraz, quien reemplazó en ese cargo a Marta Charadía.

“Motiva nuestro pedido el hecho que somos integrantes del Camam y estamos preocupados por el sistema de cobertura a los afiliados del PAMI de Gualeguaychú”, por lo que “solicitamos la reunión pautada en el encuentro anterior (mes pasado) con autoridades del PAMI y esperamos respuesta al planteo de subsidiar a los usuarios de la obra social de Gualeguaychú y declarar en emergencia a nuestra ciudad”, expresa la carta a la que accedió ElDía.

Hace largos meses, lejos de conformarse con el servicio de Nativus, los adultos mayores vienen haciendo oír su reclamo porque reciben turnos para “dos o tres meses” en algunas especialidades. Ya que la plantilla de profesionales que prestan el servicio se vio drásticamente reducida luego del acuerdo con la empresa privada.

La Justicia, sin respuestas

¿Qué pasó con el recurso de amparo presentado en Concepción del Uruguay? Pasaron más de cinco meses de esa acción judicial, pero lamentablemente todavía no existe respuesta alguna.

En septiembre del 2017, al no haber una resolución expedita del recurso, se especuló con la posibilidad de que tal acción tenga alguna utilización política del caso, ya que las elecciones de medio término tuvieron lugar en octubre, por lo que las expectativas de resolución se postergaron para finales de octubre y principio de noviembre. Pero, lejos de expedirse sobre el tema de fondo, el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 2, que ya había recibido los informes del PAMI y del gobierno nacional, solicitó nuevos informes tanto al Colegio Médico de Gualeguaychú como al Ministerio de Salud de la provincia. Lo que dilató aún más la crítica situación soportada por los afiliados a la obra social desde el 1º de mayo.

En diciembre, finalmente, la jueza Beatriz Aranguren fue ascendida a camarista de la Cámara Federal de Paraná. Lo que trajo mayores dilaciones. Antes, y luego de tres medidas cautelares denegadas, las abogadas Borges y Schwindt presentaron, en noviembre, un recurso de queja en esa misma Cámara Federal, ya que las letradas consideraron que la cautelar había sido mal denegada. Y si bien hay recursos de queja que se resuelven mucho más rápidamente, en este caso no entró a despacho para ser resuelto hasta el 16 de febrero. Antes, la jueza Aranguren se había excusado porque había sido la magistrada que tenía el caso en primera instancia, de hecho fue quien había negado las cautelares.

Pero ese no fue el único traspié judicial que sufrieron los afiliados al PAMI. El reemplazo de Beatriz Aranguren en el Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 2 fue el juez Federal en lo Penal Pablo Sero, subrogante en ese puesto. Pero, Sero también se excusó en la causa, aduciendo que es pariente del doctor Mariano Lacava, representante del Estado Nacional. Situación que dilató aún más la respuesta de la Justicia, que por el momento no llega: todavía no se ha nombrado a su remplazante.

Ante esta dificultosa realidad, los integrantes del Camam comenzaron a evaluar la posibilidad de acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los afiliados a PAMI consideran que el servicio de Nativus es “absolutamente insuficiente” y la “falta de respuestas de la Justicia” hace que, unas semanas atrás, hayan puesto sobre la mesa como opción concreta comenzar a caminar el derrotero que los deposite en la instancia internacional. Para ello deberán agotar todas las instancias judiciales a nivel nacional. Por lo que, pese a su malestar, deben seguir esperando.

 

 

 

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