Fuertes cruces por la quita de pensiones no contributivas

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La creciente baja de las asignaciones generó el unánime rechazo opositor y de las organizaciones que trabajan la discapacidad. Desde el gobierno nacional justificaron la medida en base a un decreto de 1997 y cuestionaron el “clientelismo” del gobierno anterior. Para los críticos, la norma es inconstitucional.

Hace poco menos de un mes ElDía publicó el artículo titulado “Preocupación por la creciente quita de pensiones no contributivas”, en el que se expuso la situación por la que vienen pasando de 12 a 15 personas cada mes en la ciudad, donde cerca de 2700 tienen certificado de discapacidad, uno de los sectores que reciben la asignación.

El Decreto 432 de 1997 es la herramienta a la que apeló el gobierno nacional para dar de baja cerca de 80 mil pensiones. El decreto en cuestión exige que ni el peticionante de la pensión ni su cónuyge estén bajo otro régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva (incluso, la jubilación mínima), que no tenga parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos y que no vivan con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo.

 

Nota relacionada: Preocupación por la creciente quita de pensiones no contributivas

 

También, dispone que el incapacitado no debe poseer bienes (un auto, por ejemplo), ingresos ni recursos que le permitan su subsistencia.

Los críticos de esta medida señalan que estos requisitos se oponen a la autonomía de la persona, que el Estado debe garantizar por tratados internacionales de rango constitucional. Ya que Argentina incorporó a su Carta Magna la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 19 obliga al

Estado a asegurar al discapacitado el “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido”.

Voces críticas

Las pensiones no contributivas tienen como finalidad ayudar económicamente a personas o familias que no han aportado a la seguridad social durante su vida y que no tienen los medios para hacerlo. Es por eso que se considera un aporte “solidario” por parte del Estado.

En la actualidad, quienes reciben este tipo de pensiones son los discapacitados, las madres con siete o más hijos, las personas de más de 70 años y los veteranos de Malvinas.

Como publicó ElDía el mes pasado, la preocupación en este sentido va en aumento, ya que las bajas de pensiones se fueron incrementando en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad hasta computarse entre 12 y 15 bajas por mes. Y lo más preocupante, como planteó ayer la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), a través de un comunicado en el que rechaza la medida, es “la forma en que se dieron de baja las pensiones, fue sin previo aviso para las personas que contaban con ese ingreso y sin consulta a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática, que conocen necesidades de las personas con discapacidad y sus familias”. En este sentido, se solicitó que “se precisen datos sobre cómo se evalúa la situación de cada beneficiario de pensiones para que no queden sin recibirla personas que realmente la necesitan”.

El Decreto 432/97 establece que quien recibe la pensión no debe tener, ni él ni su cónyuge, ningún tipo de pensión ni jubilación. Suponiendo que todas las bajas están justificadas –hay casos en que no es así y ya se anunciaron cataratas de amparos judiciales–, la situación no deja de ser cuestionable. Ya que existen muchos casos en que la asignación fue dada de baja porque el o la cónyuge cobra una jubilación mínima (actualmente en los 6377 pesos) o una pensión no contributiva (4900 pesos en promedio), mientras que la línea de pobreza, según las mediciones de marzo, se ubica en los 14.090 pesos.

En esta línea, se expresó la diputada nacional Carolina Gaillard, quien preside la Comisión de Salud en la Cámara Baja. “El gobierno de Mauricio Macri tiene una ecuación económica en la que deja al sector más vulnerable de la población excluido, como son las personas con discapacidad, y los jubilados y pensionados. A los recortes en la cobertura de medicamentos se suma esta decisión inadmisible de dar de baja decenas de miles de pensiones por discapacidad sin previo aviso”, señaló la entrerriana tras la reunión conjunta (el bloque de Cambiemos se retiró, según denunciaron los legisladores) entre las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y Discapacidad en la que se rechazó la baja de las pensiones no contributivas.

El Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, había expresado en un comunicado algunas horas antes que “las bajas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios”. De lo que se desprende que la actual administración no está dispuesta a mantener la flexibilidad que sí mostró el kirchnerismo con respecto a la aplicación de la norma, al punto tal que los titulares de pensiones crecieron de 350 mil a 1,6 millón entre 2003 y 2015.

El proyecto de Cremer de Busti

La diputada nacional Cristina Cremer de Busti presentó un Proyecto de Ley que busca amparar a las personas que perciban pensiones por vejez o por invalidez.

El proyecto establece que en ningún caso se podrá proceder la suspensión o quita de la prestación cuando se den algunos de las siguientes circunstancias: estar amparado el peticionante o su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna; tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos se encuentren impedidos para poder hacerlo; o vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo y poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.

 

El comunicado oficial de Desarrollo Social: 

Stanley aseguró el normal funcionamiento del sistema de pensiones

La ministra de Desarrollo Social de la Nación declaró que es absolutamente falso que haya una baja masiva de pensiones. Carolina Stanley dijo esta tarde: ” quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios. Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos. Me enoja que traten de usar este tema políticamente y generando miedo en familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo”.

“En estos cruces, que son mensuales, se han dado de baja pensiones, algo que ha ocurrido también en el pasado. En 2015, cuando no gobernábamos, se dieron de baja 168.000 pensiones, con los mismos criterios de hoy. Además de eso, en esos años, hubo una utilización política de las pensiones, generando clientelismo”, agregó.

“Desde que asumimos estamos trabajando en cortar con ese clientelismo y asegurarnos de que la ayuda social llegue a quienes más la necesitan”, sostuvo la ministra.

Carolina Stanley destacó además que en aquellos casos en que la gente considere que se le dio de baja la pensión erróneamente, se puede llamar al 0800-222-3294, para que sea chequeado. También se puede asistir a los Centros de Atención Local de las diferentes provincias.

“Somos un ministerio de puertas abiertas, dispuesto a rever todos esos casos en los que se cometió un error. Los vamos a corregir”, comentó.

La ministra explicó además que estas pensiones por invalidez laborativa, requieren, según la ley, que haya un alto grado de vulnerabilidad.  Remarcó también que hay otro tipo de ayuda del Estado: AUH para hijos con discapacidad y subsidios para distintas discapacidades.

“Entiendo y me duele cada uno de los casos donde cometimos un error. Son situaciones que merecen nuestra atención. Pero tratar de generar este pánico respecto de las bajas de pensiones me resulta un mal manejo y uso político”, subrayó.

“Hace un año y medio que gobernamos. No solamente no dimos de baja ningún plan, sino que hemos aumentado los planes y hemos trabajado en toda la ayuda y el acompañamiento que han requerido las familias. Este es el gasto social más grande en porcentaje del PBI de los últimos años. No vamos a aceptar ni el clientelismo ni el mal uso político. Hemos encontrado pueblos en los que había más pensionados que gente viviendo ahí y casos en los que se entregaban pensiones en locales partidarios,  en lugar de oficinas estatales. ”

“Le aseguro a las familias que merezcan y necesiten la pensión, que la van a tener; al igual que cualquier familia en situación de vulnerabilidad va a recibir del Ministerio de Desarrollo Social todo beneficio, ayuda y acompañamiento que requiera”, concluyó Stanley.

 

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