Drogas: “El flagelo es una cuestión de salud pública y de educación”

El narcotráfico, y sus nefastas consecuencias, es un viejo tema. Atraviesa a nuestra sociedad y región, sin límites verticales ni horizontales; está presente en esferas de poder, en clases dominantes y en el pueblo todo. Hoy nos limitaremos a la problemática local, la cual  debe ser tratada en su peculiaridad, pero no en forma estanca a su integralidad.

 

Eduardo García Jurado*

 

La venta minoritaria para el consumo personal, que será materia de investigación penal  por parte de la Provincia de Entre Ríos, conlleva aspectos positivos y negativos. Ambos deben ser tenidos en cuenta para no caer en falsas expectativas. Es verdad que se necesitarían precisiones sobre nuestra realidad local, no obstante es evidente: venta al menudeo en diversos barrios  y consumo en todos los niveles, con grave afectación a los sectores vulnerables -estos  no tienen contención  individual, social e institucional, o es mínima ante la profundidad del tema.

Debemos aceptar que este flagelo es en primer lugar una cuestión de salud pública, de educación, de inclusión social y espiritual, un problema social que supera la individualidad de quienes lo padecen y de los mercenarios que lo fomentan.

 

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Por lo tanto, toda decisión implica políticas de prevención, de tratamiento al enfermo y de castigo al que lo beneficia. No podemos afinar políticas de persecución penal, en el menudeo,  sin considerar la respuesta adecuada a la víctima directa. Ya deberían estar funcionando, al menos los dos institutos provinciales de rehabilitación que fueron anunciados hace más de cuatro años-

Además, como el tema nos involucra a todos, se impone la inmediata puesta en funciones del Consejo Municipal de Seguridad, más aún si estamos por actuar penalmente, enfocando nuestra problemática cotidiana.

No obstante, que no se hayan dado los pasos adecuados, como la garantía de la Nación para financiar su aplicación, no somos escéptico,  sí expectantes en cuantos a sus resultados finales.-

Es positivo, por razones de cercanía, que en el menudeo de estupefacientes, intervenga la policía,   el Ministerio Público Fiscal   y la Justicia Penal provincial.

No es un buen comienzo que el llamado cuarto  poder institucional- Ministerio Público Fiscal-, no explicite un plan específico para abordar la nueva y trascendente carga: mayor estructura (Fiscalías especializadas) y  una definición de la política criminal adecuada a su nueva tarea con el consenso comunitario.

Y ello, teniendo en cuenta que la segmentación de la persecución penal, el narcotráfico-federal- y narcomenudeo-provincial- si no se coordina puede significar una facilitación o empoderamiento a la base del negocio que operara en el país y en red con la aldea global.

El actual sistema no solo es inoperante, por la falta de controles formales penales, dentro de la territorialidad en que se mueve la venta de estupefacientes (cocaína, paco, marihuana.) También es importante  la transparencia de dicho control legal, a efectos de minimizar la corrupción de los operadores, ante el tremendo poder económico del narcotráfico. Si hoy nos preguntamos cómo se enteran los “kiosqueros del narcomenudeo”, que lo están por allanar, tenemos que prepararnos para evitar esa “venta de información”.

Con un Consejo de Seguridad Municipal que garantice la participación, la solidaridad de todos los que componemos la realidad  actual, tendremos más chances que este nuevo camino no se debilite o fracase. La prevención en salud, educación y seguridad, es un problema de todos. De esta manera la sociedad civil, las instituciones  correspondientes a la problemática, nuestros representantes directos, y el  control formal penal (Policía, Fiscales y Justicia Penal), podrá actuar, en función de propuestas comunitarias,  con  apoyo, control  y transparencia .Pero “cada cual según sus capacidades y cada cual según sus necesidades”, debiendo responder conforme al mandato normativo vigente.

 

*Presidente del Centro de Estudios Penales y Sociales de Gualeguaychú. Profesor titular de Criminología –Facultad de Derecho- U.N. de Lomas de Zamora.

 

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