El final del fiscal Cartasegna: de víctima a estar acusado por 4 delitos

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Fernando Cartasegna había denunciado ataques mafiosos, agresiones en su despacho y amenazas. Ahora está internado, fue llamado a indagatoria y le iniciarán juicio político.

Un ataque presentado como un atentado y la denuncia de una agresión en su propio despacho del edificio de los Tribunales de La Plata instalaron al fiscal penal Fernando Cartasegna como blanco de una supuesta conspiración de mafias, policías y abogados corruptos. Pero menos de dos meses después de esos episodios, el escenario se desmorona como un castillo de naipes y ahora el funcionario está al borde de un juicio político, internado en un neuropsiquiátrico y procesado por delitos que lo podrían llevar a prisión.

El último escalón del descenso de Cartasegna se confirmó ayer. Tal como adelantó Clarín el lunes, la Procuración General de la Suprema Corte dispuso la “disolución” de la UFI N° 4, que dirigía Cartasegna, después del llamado a indagatoria solicitado por el fiscal Alvaro Garganta, quien imputó a su colega por “falsedad ideológica de documento público, violación de medios de prueba, incumplimiento de promover la persecución y represión (de delitos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

¿Cómo pasó Cartasegna del lugar de víctima de presuntas bandas policiales a quedar al borde de la destitución y el procesamiento? La secuencia empezó cuando el fiscal denunció que el fin de semana largo del 1° de mayo un grupo de desconocidos lo habían golpeado a pocos metros de la Fiscalía; que se metieron en el garage de la casa; que atormentaron a las mascotas de la familia y que le dejaron panfletos con leyendas que decían: “Conozca el próximo Nisman” y “Muerte a Nisman”. El funcionario atribuyó el atentado a la inminente llegada a su Fiscalía de una derivación de la llamada “causa de los sobres (con coimas) de la Departamental La Plata”. Ese expediente, que tiene a jefes policiales imputados, nunca ingresó a su despacho.

No obstante, días después ocurrió un hecho que pareció tener gravedad institucional: según el fiscal platense, el 4 de mayo, cerca de las 16, “por lo menos una persona” entró a su oficina, lo agredió, lo amordazó, le ató las manos y lo obligó a escribir con azúcar en el piso la palabra “Nisman”.

A partir de ese día, aunque en el ámbito judicial y político no se animaban a decirlo en público, no eran pocos los que dudaban de la veracidad del relato. Enseguida, el procurador General, Julio Conte Grand, le concedió una licencia extraordinaria a Cartasegna. Lo envió a su casa e intervino su fiscalía.

La UFI 4 estaba especializada en casos de pedofilia y causas por prostitución vinculadas a la trata de personas. Durante años, el fiscal encabezó procedimientos para cerrar prostíbulos, detener proxenetas y liberar esclavas sexuales. La mayoría de los procedimientos, autorizados por el juez de Garantías Juan Pablo Massi.

La auditoría hecha en la fiscalía encontró, en un armario -que personal de Cartasegna intentó “revisar” a último momento-, carátulas de expedientes en blanco; procesos “congelados” desde hacía varios años y hasta una carpeta con una causa que estaba perdida desde hacía años y pertenecía a otra oficina judicial.

En el archivo se había extraviado el expediente por la muerte del estudiante de periodismo Miguel Bru. Y había otras irregularidades que determinaron el pedido de indagatoria, como la desaparición de pruebas incautadas en causas judiciales: plata y celulares.

Pero además, fuentes del Tribunales admitieron que cuando el fiscal especializado en casos de trata quedó relegado, se presentaron “espontáneamente” imputados en causas que reconocieron haber sido extorsionados por funcionarios de esa unidad de investigación.

El pedido de Garganta incluye además el llamado a indagatoria para el secretario del fiscal, Leandro Carlos Milone; el auxiliar letrado de esa fiscalía, Juan Manuel Valdés; y la empleada de la mesa de entradas, Estela Lavalle.

El trámite en lo que hace a Cartasegna no se podrá concretar mientras siga en su puesto. Por eso, pidieron iniciar un jury (procedimiento para su destitución) y Conte Grand no descarta otra vía para dejarlo sin los fueros. “Administrativamente se lo puede apartar de forma provisoria, estamos estudiando esa posibilidad. Haremos una evaluación de antecedentes, para preservar el derecho a la defensa”, reconoció el Procurador.

Hace 10 días, la familia del fiscal informó que tuvieron que internarlo en un psiquiátrico por un “profundo estado depresivo”. Aunque se sospecha que se trata de una maniobra de dilación. “El informe médico que solicitamos para ver si se podía reincorporar no determina ningún grado de inhabilidad técnica. Tampoco incapacidad para el ejercicio de su función. Comprende el valor y el disvalor de sus actos”, aclaró Conte Grand.

Hay otra causa que corre en paralelo. Es la que investiga las supuestas agresiones, en la que en los próximos días Cartasegna sería imputado por “falso testimonio”. (fuente: Clarín)

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