Gualeguaychú podría perder el aeródromo si sucediera una tragedia en parapente

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La muerte de la médica de 28 años puso en alerta a las autoridades y a los responsables de autorizar la práctica de este deporte. ¿Qué pasaría en la ciudad en caso de que sucediera una desgracia como en Tucumán?

El 29 de diciembre pasado, en Tucumán, la médica de 28 años Natalia Vargas perdió la vida al caer desde 120 metros de altura mientras realizaba una excursión en parapente sobre el cerro San Javier, en Tucumán. Desde esa tragedia, se comenzó a replantear seriamente la reglamentación que controla y homologa la realización de esta actividad no sólo en Tucumán sino en todo el país.

Pero además, el debate subsiguiente referido a la realización de este deporte dejó al descubierto las responsabilidades compartidas por lo ocurrido en la tragedia de Tucumán:  el presidente de la Federación Argentina de Vuelo Libre (FAVL), Pablo Jaraba, informó ayer que el instructor que transportaba a la médica no estaba habilitado, pero en los días anteriores ya se habían indicado que, además del parapentista al mando, también tenían responsabilidades los encargados de autorizar la actividad e inclusive los dueños del terreno, el cerro san Javier, desde donde se realizó el despegue.

Este episodio funesto obliga ahora a revisar cómo es la situación en cada uno de los lugares donde se practica parapente, inclusive en Gualeguaychú, donde el deporte tiene varios adeptos. Sin embargo, acá en la ciudad, los resultados de un episodio de este tipo podrían acarrear consecuencias muy importantes para toda la comunidad.

 

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Como la gran mayoría de los despegues de los parapentes se realizan desde el aeródromo, son autorizados por el aeroclub y navegan en espacio aéreo estatal, las responsabilidades en este caso recaerían, precisamente, sobre la comisión directiva del ente que actualmente regentea el aeropuerto local y, en paralelo, sobre el estado nacional, provincial y, fundamentalmente, municipal, debido a que vuelan sobre el ejido local.

“Cuando sucede algo así, hay dos tipos de responsabilidades una penal y una civil, y esta última indica quién debe pagarle a los familiares de la víctima. Y ahí entran todos: el instructor, el dueño del predio y también el Estado o el que sea que haya autorizado esa actividad dentro de ese espacio aéreo”, afirmaron a ElDía voceros del equipo de abogados que asesoran con este tema al aeropuerto de Rosario.

Según dispuso la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en la Circular de Información Aeronáutica referida a “Normas para la actividad de vuelo con Aerodeslizadores” (Parapentes, ala delta o similares), “estos vuelos no deberán realizarse sobre (…) ciudades a menos que se haga con una altura que permita (…) efectuar un aterrizaje sin riesgo para terceros en superficie”. Con sólo mirar al cielo, se podrá ver que esta disposición casi nunca se respeta aquí.

Actualmente, la pista del aeropuerto es usada por el transporte aéreo en general, aunque está restringida para los aviones reactores, como los comerciales o los sanitarios utilizados por el Incucai para los trasplantes de órganos. Pero también es usada para la práctica del parapente, siendo los principales parapentistas los miembros de la comisión directiva del aeroclub.

Los resultados de una hipotética acción civil abarca escenarios tales como que los socios del aeroclub, presidido actualmente por José Mantovani, respondan a la demanda con sus propios bienes o la pérdida total del territorio, la pista y las instalaciones del aeropuerto local, controlado actualmente por esa entidad, a quién se le cedió el terreno hace tiempo y que por esa cesión el Estado perdió toda injerencia, lo que ahora obstaculiza que Nación, Provincia o Municipio puedan financiar el arreglo de la pista debido a que, según la ley, ese es un terreno privado.

“Cuando hablamos con la Fuerza Aérea llegamos a un acuerdo para que cada parapentista vuele con un radio y tenga contacto con la torre de control como si fuera una nave, solicitando permiso para despegar y aterrizar”, había explicado en una entrevista a ElDía de noviembre del año pasado Mantovani.

Sin embargo, los permisos otorgados por la Fuerza Aérea caducaron en 2009, cuando los militares fueron retirados del control aéreo argentino y se hizo cargo la ANAC de esas funciones. Y desde que la aviación quedó en manos civiles, se dispuso los lugares donde se pueden desarrollar la actividad, quedando prohibido que se practique en los espacios aéreos controlados, como es el caso del aeródromo de la ciudad.

Por su parte, la demanda civil contra el Municipio por permitir los vuelos sobre la ciudad, transformándose así en cómplices de las irregularidades cometidas por esta actividad, sería respaldada por las arcas de la ciudad. En otras palabras, sería pagada por todos.

La pérdida total de un aeropuerto no es para nada descabellada y ya ha sucedido: aeródromos como el de la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, o uno de los ubicados en la capital de Corrientes, desaparecieron luego del juicio que entablaron familiares de personas que perdieron la vida en tragedias aéreas.

Tampoco son inauditos los accidentes en parapentes en Entre Ríos: uno de los más trágicos sucedió en 2012 en Concepción del Uruguay, cuando una mujer de 50 años que iba en parapente y murió ahogada al caer en el río. Y a nivel local, el antecedente más cercano es de diciembre de 2016, cuando Mauro Michel, de 36 años, cayó desde 10 metros de altura, pegó contra unos cables de alta tensión y terminó con lesiones en la columna vertebral.

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