botnia

En un artículo publicado hace casi ya dos años, destacaba que el fallo de La Haya, en su párrafo 281, estableció el mandato para ambos países de controlar el funcionamiento de la pastera.

Fabián Moreno Navarro *
Opinión

Textualmente, según la traducción de nuestra Cancillería que puede encontrarse en el sitio www.mrecic.gov.ar, dicho párrafo señala: “Por último, la Corte puntualiza que el Estatuto de 1975 pone a las partes bajo un deber de cooperar entre ellas, en los términos establecidos allí, para asegurar el cumplimiento de su objeto y fin. La obligación de cooperar trae aparejado monitoreo continuo de un establecimiento industrial, como la planta Orion (Botnia).”

Sostuve en dicha publicación que destacados especialistas nos venían advirtiendo que Botnia Fray Bentos –hoy UPM– no estaba en condiciones de funcionar con un control interno de su producción. En base a estas conclusiones afirmaba que el fallo de La Haya suponía una especie de bomba de tiempo para la pastera, que no podría continuar operando ante las evidencias de su carácter contaminante, que se obtendrían utilizando los procedimientos adecuados. Claro está, siempre que se cumpliera acabadamente con el mandato de la Corte.

Con posterioridad al dictado del fallo, ambos países llevaron adelante un extenso proceso de negociación, que debía estar destinado a dar cumplimiento a este aspecto esencial de la sentencia.

Sin embargo, a pesar de las bellas palabras de las autoridades de los respectivos gobiernos, destinadas a limar asperezas generadas por este largo conflicto, nada se ha avanzado en la instrumentación de un control binacional serio de la planta. Se apuesta a la dilución de la controversia, del mismo modo que la pastera lo hace a la dilución de sus tóxicos efluentes.

Sabemos que algún tipo de monitoreo se estaría llevando a cabo. Sin embargo, y esto es lo más grave, desconocemos cuales han sido sus resultados hasta la fecha. Sólo han trascendido algunas discrepancias entre las delegaciones de ambos países, en especial la relacionada con la dilución de los efluentes realizada por la pastera, con el innegable objetivo de encubrir la concentración de contaminantes emitidos. Nada menos.

El acceso público y en tiempo real a los resultados obtenidos es una obligación de ambos estados para con las comunidades afectadas. No puede admitirse el ocultamiento cuando se trata de información que hace a la salud de los habitantes de la región y la preservación del medio ambiente.

La controversia parece haber entrado en un punto muerto. La ROU, que otorgó la autorización ambiental a esta fábrica pastera de manera ilegal, violando un tratado internacional, tal como fue resuelto por la Corte, pretende sin embargo hacer valer dicha autorización, la cual en cuanto a los límites de emisiones fue confeccionada siguiendo los requerimientos de la propia pastera. Esta última, a su vez, es la encargada de los muestreos. Con estos procedimientos y parámetros aspira a realizar las mediciones y a partir de ellos, difundir sus conclusiones.

Nuestro país, que recurrió a la Corte denunciando esta violación y el carácter contaminante de la planta, por lo poco que ha trascendido, se disconforma con la interpretación que se hace de los resultados así obtenidos, y se niega a difundirlos de la manera en la cual la ROU pretende hacerlo.

En el medio están ambas poblaciones. Fraybentinos y gualeguaychenses desconocemos cuales son las emisiones líquidas, gaseosas y sólidas que emanan de la planta. No se nos informa acerca de los impactos de las mismas en nuestra salud y en el ecosistema del río Uruguay. Todo el proceso adolece de una total falta de transparencia.

La BUENA FE, principio básico de convivencia entre personas y estados, sigue estando ausente en este doloroso conflicto. Tenemos derecho a desconfiar de las autoridades de ambos países, que con su acción u omisión nos han llevado hasta esta lamentable situación. Más que nunca debemos exigir toda la información ambiental disponible sobre el funcionamiento de la pastera y procurar que los datos sean interpretados con seriedad científica. Si los gobiernos no están dispuestos a hacerlo, nuevamente será la sociedad civil la que deberá tomar la iniciativa. La ley 25.831 que regula el “Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental” reconoce claramente nuestro derecho.

Casi dos años después, sostengo que hasta la fecha ambos estados han incumplido el claro mandato de la Corte Internacional de Justicia. Debemos recordar la obligatoriedad del fallo. Para ambas partes.

Ejerzamos nuestro derecho a peticionar el acceso a la información y a vivir en un medio ambiente sano, convocándonos una vez más al puente el 29 de abril del corriente año. Vayamos todos los que creemos en el valor de esta lucha por la defensa del medio ambiente, la salud de nuestro querido Río Uruguay y de los habitantes de la región que, por ausencia de actividad estatal idónea, sigue estando en nuestras manos.

* Abogado