Las exigencias de Harvey Weinstein para tener sexo a toda hora y en todo lugar

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En la demanda de la Fiscalía de Nueva York contra el productor se detalla el entramado logístico que tejió el fundador de Miramax, acusado de abusos sexuales por decenas de actrices.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunció este domingo que presentó una demanda judicial contra Harvey Weinstein alegando que los ejecutivos y la dirección de The Weinstein Company no protegieron a los empleados del productor cinematográfico y ex consejero delegado, implicado en múltiples investigaciones por acoso y violación.

En el documento se revela gran parte de las malas conductas que Weinstein llevó a cabo con sus empleados. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es que el que fuera marido de la diseñadora Georgina Chapman contrataba a personas específicamente para facilitar sus encuentros sexuales, una tarea en la que también ayudaban otros empleados, como los conductores.

 

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“Los chóferes de Harvey de Nueva York y Los Ángeles tenían que tener condones e inyecciones para la disfunción eréctil en sus vehículos a fin de dárselos según necesitara alguna de las dos cosas”, se puede leer en la demanda.

El fiscal recopila también en la denuncia una gran cantidad de quejas que los trabajadores de la productora presentaron al Departamento de Recursos Humanos y que fueron ignoradas.

 

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Weinstein, cofundador del estudio Miramax, fue uno de los hombres más influyentes de Hollywood antes de que más de 70 mujeres lo acusaran de conducta sexual inapropiada.

Durante años, los empleados de Weinstin tuvieron que soportar malos tratos como el de una empleada a quien supuestamente dijo que “debería dejar su puesto y tener hijos, ya que eso era para lo único que valía” o la de otra mujer que notificó que la había forzado a darle un masaje desnudo en el año 2015.

 

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Para evitar que Weinstein pueda sacar beneficio de la venta de la empresa, Schneiderman ha interpuesto una demanda contra la compañía según la cual, si consiguieran venderla, el dinero se destinaría a indemnizar a las víctimas.

Una medida que garantiza que los empleados “estarán protegidos en el futuro” y que los cómplices y los autores de los delitos “no se enriquecerán injustamente”.

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