Otra indagatoria para De Vido: esta vez por Río Turbio

DE VIDO

El exministro de Planificación K está siendo investigado por irregularidades en el manejo de fondos públicos. El 27 de septiembre empieza el juicio por Once.

El exministro de Planificación Julio De Vido fue citado a indagatoria para el 28 de noviembre próximo por el juez federal Luis Rodríguez en la causa de Río Turbio y le prohibió la salida del país. La decisión implica reactivar la causa por irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio. En medio de la investigación, hubo un fuerte cruce entre oficialismo y oposición tras el pedido del fiscal Carlos Stornelli de desafuero y detención del actual diputado del Frente para la Victoria.

Stornelli pidió el desafuero (que fue rechazado por la cámara de Diputados) y la detención de De Vido por defraudación a la administración pública. Según el fiscal, las maniobras de corrupción acreditadas en la investigación “no habrían podido prosperar sin el silencio de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación y de la exsecretaría de Minería de la Nación”.

Además de De Vido pidió indagar a su segundo, Roberto Baratta; al actual intendente de Río Turbio, Pérez Osuna; al exsecretario de Minería Jorge Mayoral, entre otros. El fiscal consideró que hay pruebas contra los acusados y reclamó las detenciones por la “gravedad del delito”.

Los millonarios fondos estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio -lo que no sucedió- y a la construcción de un tren que costó cerca de $400 millones y que también se cuestiona.

El interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) Omar Zeidan habló de las 13 denuncias penales que hizo contra funcionarios de la administración anterior por irregularidades. Zeidan contó que la administración K dispuso la construcción de un tren “turístico” por la mina por $ 700 millones, de los que se llegaron a facturar cerca de la mitad. “Desviaron fondos por más de $ 300 millones”, acusó el interventor.

Además, indicó que las compras se hacían a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y que, de este modo, se burlaban todos los trámites administrativos. “Una de las órdenes fue por más de un millón de dólares a la empresa Chilicote, para adquirir cintas transportadoras”, explicó.

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