El paro docente y el derecho a aprender 

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Como  ocurre desde hace años, los gremios docentes han decidido el clásico paro de actividades al inicio del dictado de clases, una conducta que colisiona con el derecho a aprender que les asiste a los alumnos.

Hace tiempo que en el corazón del sistema educativo argentino y del entrerriano en particular –más allá de los gobiernos y las coyunturas históricas- subsiste esta contradicción de fondo.

El clima de creciente agitación gremial para esta época del año, que se expresa invariablemente con medidas de fuerza que dejan a los alumnos sin clases, es un reflejo inequívoco de la decadencia educativa sin fin.

 

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Nunca las clases empiezan en término ni se cumple el calendario mínimo previsto por las leyes educativas. Porque, por otra parte, a lo largo del año el conflicto gremial continúa a través de planes de lucha que alteran el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Es conocida la retórica auto-exculpatoria de los gremialistas, para quienes el fracaso educativo es pura responsabilidad de los gobiernos, quienes no atienden, según ellos, su reclamo salarial.

Pero la pregunta que es necesario formularse es si no hay otra forma de gestionar un reclamo sectorial que no implique dejar a los alumnos sin clases, en un país que necesita mejorar de forma urgente su calidad educativa.

Porque la mayoría de los docentes parecen haberse acostumbrado a dejar sin clases a millones de alumnos de todas las edades que asisten a establecimientos de todo el país, como herramienta “válida” para lograr un incremento salarial.

Por lo visto no se quiere ver ninguna correspondencia entre esta recurrencia a suspender el dictado de clases con los pobres resultados educativos, que de última deberían interpelar a los propios docentes.

Parece no interesar, así, que el 50% de los alumnos adolescentes no comprenda lo que lee, no reúna los conocimientos mínimos ni en ciencias ni en matemáticas, y no termine el secundario.

El ausentismo de alumnos y docentes, la repitencia y el abandono están en registros definitivamente altos y no se cumplen los 180 días de clases mínimos.

En este momento delicado de la educación argentina donde los chicos no están adquiriendo los conocimientos mínimos, nos preguntamos si no debería ponerse el foco en el derecho a aprender que a ellos les asiste.

¿Qué es más importante y prioritario: el derecho de huelga de los docentes, unos cientos de miles, o el derecho a aprender de millones de niños, adolescentes y adultos que se quedan sin clases?

El derecho constitucional de los alumnos a aprender debería ser la base del sistema y no verse afectado por ningún conflicto entre sus actores, el cual siempre se pueden dirimir sin afectar el normal dictado de clases.

Otra pregunta recurrente de sectores de la sociedad civil es si los reclamos y las manifestaciones de los docentes no podrían hacerse en días y horarios que no afecten el derecho a educarse, sobre todo de aquellos alumnos de menores recursos que tienen a la escuela pública como única aliada en su formación.

Vivimos en una cultura que ha inflado los derechos pero que se ha olvidado, paralelamente, de las obligaciones. En verdad, en la Argentina somos rápidos para exigir lo que creemos que nos corresponde.

Pero casi siempre, propensos a buscar la salida fácil, no nos hacemos cargo de aquello que nos compete, no asumimos los sacrificios que emanan de nuestros oficios o posición social.

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