Piden la indagatoria de Cristina Kirchner por las obras de Lázaro Báez

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Fue por pedido del mismo fiscal que impulsó la denuncia de Alberto Nisman. La acusan de beneficiar al dueño de Austral Construcciones.

 

La Justicia federal de Comodoro Py continúa avanzando en causas de presunta corrupción durante el último gobierno y ahora pidió la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, acusada de haber montado una estructura para favorecer al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, en la adjudicación de obra pública.
Quienes formularon el pedido fuero los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, por la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, en donde Austral y otras empresas de ese grupo empresarial fueron adjudicadas en su gran mayoría.
Pollicita fue el mismo fiscal que le dio impulso a la denuncia de Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA y este año volvió a pedir su reapertura, rechazada por el juez Daniel Rafecas.
Los funcionarios judiciales entendieron que existió una planificación cuyo objetivo final era que Báez se quedara con esas contrataciones estatales, y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción de grandes obras sin que tuviera antecedentes para ello; luego instruyeron a funcionarios nacionales sobre la forma de disponer de las obras y, finalmente, habrían direccionado las adjudicaciones para el empresario patagónico.
El pedido se hizo ante el juzgado de Julián Ercolini, e incluye al ex ministro de Planificación Federal,Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López.
Según la acusación, entre 2003 y 2015 se le otorgó a Báez el 80% de obras viales en la provincia de Santa Cruz por un total de 18 mil millones de pesos.
En paralelo, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones (la instancia superior), Germán Moldes, reclamó que se reabra la denuncia formulada por el fallecido ex titular de la UFI AMIA y se acuse a la ex presidenta por el delito de “traición a la Patria”, que cuenta con un castigo de 10 a 25 años de prisión.

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