El planteo indígena de carácter secesionista

Los pueblos aborígenes –llamados también originarios- podrían pretender separarse del Estado argentino, bajo el argumento de la autodeterminación de los pueblos, un principio reconocido a nivel internacional.

La desaparición de Santiago Maldonado, un activista a favor de los reclamos territoriales de los mapuches, ha reactualizado la problemática indígena a nivel nacional.

Y de hecho vuelve a poner sobre el tapete la soberanía “argentina” sobre el territorio a partir del carácter secesionista de algunos de los planteos indígenas a favor de que se les devuelva el territorio a los primeros habitantes de estas latitudes.

Ése es el contenido político del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que escaló a la opinión pública tras el caso Maldonado. La RAM está en guerra con los Estados de Argentina y Chile para instalar la “nación mapuche”

Y  lo hará “en base a balas y sangre”, según su líder, Facundo Jones Huala, preso en la cárcel de Esquel desde donde hizo un llamado a la lucha armada.

Los mapuches eran la población original prehispánica del actual territorio chileno, conocido como la Araucanía. Cuando en 1550 la Corona española crea la Capitanía General de Chile, algunos “araucanos” –ante el avance de los españoles- comenzaron a migrar cruzando la Cordillera de los Andes.

La migración fue una constante desde el siglo XVI en adelante, pero se hizo masiva desde el siglo XIX, época en la cual el general Julio Argentino Roca, constructor del Estado argentino, los enfrentó y venció en la llamada “Campaña del Desierto” (1879).

Los mapuches radicales, que pretenden separarse del Estado argentino, al que consideran expropiador de sus tierras y cultura, desmitifican el relato “nacional” que se nutre de la llamada “gesta emancipadora” contra el “yugo” español, base de la construcción del “mito de la argentinidad”.

Cabe consignar que según un trabajo de Amnistía Internacional, hay más de 200 conflictos con comunidades aborígenes del país, la mayoría de los cuales son por cuestiones territoriales.

El surgimiento de estos conflictos, desde una perspectiva legal, podría situarse en 1994, cuando se incluyó en la Constitución Nacional el artículo 75, que reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”.

Los aborígenes que quieren romper con el Estado –generando una secesión territorial de hecho- hacen un razonamiento muy simple: les asiste el derecho político al autogobierno porque ellos son los dueños legítimos de estas tierras, arrebatadas primero por los españoles y luego por los “argentinos”.

Siguiendo este planteo, podría decirse que nuestra “soberanía nacional” se asienta históricamente -en los hechos- sobre dos principios: dominación y autodeterminación. A esa soberanía la ejercieron primero los españoles, despojando por la fuerza a los aborígenes de sus tierras, a través de un ejercicio “imperial”.

El segundo, lo ejerció la Revolución de Mayo, arrebatándole –los criollos- por la fuerza al imperio español lo que este primero le usurpó a los aborígenes, a través de un ejercicio “nacional”.

Los aborígenes separatistas sostienen que esta cadena de dominación, asentada sobre el principio de la “fuerza”, aunque justificada luego con racionalizaciones imperiales y nacionales, escamoteó el derecho originario de los primeros pobladores.

Por eso piden que se les aplique a ellos la “autodeterminación”, basada en el principio de igualdad de los pueblos y el derecho a decidir por sí mismos, algo que es reconocido por las Naciones Unidas.

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