El poder judicial y el desencanto ciudadano

JusticiaNo suele prestarse atención al hecho de que si los ciudadanos desertan de la democracia, si se desentienden de sus deberes cívicos, eso tiene mucho que ver con el descrédito que pesa sobre la administración de justicia.

Según un estudio realizado en 2016 por la consultora Management & Fit, el 77% de los argentinos no confía en el Poder Judicial.

Asimismo, un 41,1% de los ciudadanos dice tener muy poca confianza en el sistema judicial argentino, y un 35,9% dice no tener nada de confianza, siendo los menores de 40 años de edad el sector de la población más crítico, indicó la encuestadora.

Cabe postular que esta percepción básicamente de ausencia del Estado, en su función de impartir justicia, explicaría por qué razón tantos argentinos se refugian en el nihilismo cívico y en la insolidaridad.

Muchos de ellos se repliegan en su puro interés, sin importarles la “cosa pública”, y adhieren a la filosofía del “sálvese quien pueda”, por esta situación de indefensión estructural.

Por otro lado, la insatisfacción ciudadana tendría que ver con que a la Argentina le faltarían más jueces y fiscales verdaderamente independientes y probos, capacitados para abordar el problema mismo de la corrupción.

Por eso aquí, en estas pampas, la corrupción se vive como una privación de la justicia. Por lo demás, ¿cuál es el origen de la corrupción en una República? La mayoría cree que la culpa la tiene el sistema político, pero se olvida que las fechorías en el Estado ocurren porque hay un poder judicial que las consiente.

No hay democracia real ni Estado de Derecho, ni creencia por tanto en la ciudadanía, sin jueces honestos y sin un poder judicial que haga honor a su misión originaria de impartir justicia según las leyes.

El concepto de ciudadanía se asienta en el principio de que todos somos iguales ante la ley, y le corresponde a los tribunales interpretar esa normativa y aplicarla según las circunstancias.

En la república democrática, lo único indiscutible es el imperio de la ley (principalmente la Constitución), que debe ser pareja para todos y es la que nos iguala o debería igualarnos.

Si este principio es violado sistemáticamente por tribunales y jueces que no son imparciales, es decir que no fallan según el espíritu de las leyes sino buscando satisfacer intereses de grupos económicos, políticos o ideológicos, entonces el Estado de Derecho desaparece.

¿Cómo se puede creer en las leyes de la República, en el ordenamiento jurídico, cuando el ciudadano de a pie percibe que no vale la pena acudir a los tribunales a pedir justicia, porque intuye que los magistrados son parciales o venales?

Por otro lado, en la Argentina está extendida la creencia sobre la complicidad de la administración de justicia con los gobiernos. Se sospecha que el control sobre la justicia lo ejerce el mandamás de turno y está dirigido a garantizar la impunidad.

Tanto en la Nación como en las Provincias el descrédito de las instancias judiciales se vincula sobre todo a la supeditación de los tribunales a enfoques partidarios o caudillistas.

Algunas provincias, gobernadas como feudos, tienen colonizados sus poderes judiciales, a través de un sistema oligárquico y de compadrazgo.

Pese a las promesas de reforma judicial, que siempre quedan en la forma, nunca termina de erradicarse en esos territorios el seguidismo de los jueces al caudillo local y a sus aspiraciones hegemónicas de quedarse en el poder.

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