Puigdemont no acata decisión de España y llamó a defender la independencia

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El líder secesionista catalán dijo que no respetará la destitución de la presidencia anunciada ayer desde Madrid. Pese a esto, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, asumió hoy todas las competencias.

El líder secesionista catalán Carles Puigdemont llamó hoy a los catalanes a defender la nueva etapa inaugurada tras la declaración de independencia realizada por el parlamento catalán, dejando claro que no acata la decisión del Ejecutivo español que lo destituyó de la presidencia de Cataluña.

Pese a esto, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, asumió todas las competencias de la presidencia de Cataluña, después de que ayer el parlamento catalán declaró la independencia de esta norteña región de España.

Tras el cese de Puigdemont y todos los miembros de su gobierno, la vicepresidenta tendrá un papel clave en la aplicación de las medidas de intervención en Cataluña en un momento de máxima tensión en el que existe el riesgo de que los dirigentes independentistas se resistan a dejar sus cargos.

La destitución del Ejecutivo regional se hizo efectiva esta madrugada con la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detalla que el Jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, asume todas las competencias del presidente de la Generalitat, pero las delega en su “número dos”, quien además ejercerá las funciones que correspondían al vicepresidente catalán Oriol Junqueras.

En el BOE se detalla que los ministros del gobierno de Rajoy se harán cargo de las 11 consejerías autonómicas, cuyos responsables son destituidos. El objetivo de la acción del gobierno español es “ejercer las actuaciones necesarias para garantizar que la Administración y el conjunto de la Generalitat restaure y actúe conforme al Orden constitucional y legal vigente, asegurando la neutralidad institucional”, dice el decreto.

También se destituyó al jefe de los Mossos d’ Esquadra (policía catalana), el mayor Josep Lluis Trapero, quien está imputado por sedición en relación con el referéndum de secesión celebrado el 1 de octubre bajo prohibición, y quien presuntamente tuvo un rol estratégico en el despliegue de los planes del gobierno independentista.

Trapero fue destituido por orden del ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, quien asumió las competencias de esta área en Cataluña. “Asumimos las competencias de Interior en Cataluña para velar por la legalidad. Sustituimos al mayor Trapero por su situación judicial”, escribió hoy en su cuenta de Twiter el ministro Zoido.

Tras la decisión, la policía catalana publicó un tuit en el que asegura que “proteger y garantizar la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Continuamos trabajando con normalidad”.

Uno de los principales problemas que planteaba la intervención de Cataluña por parte del Ejecutivo español era precisamente el control directo de la policía autonómica catalana, un cuerpo de seguridad que quedó en el foco del conflicto de secesión tras su aparente inacción durante la votación del 1 de octubre, lo que llevó a una intervención violenta de la Policía Nacional y la Guardia Civil española contra los votantes.

Entre otros detalles sobre la intervención de la norteña región por parte del Ejecutivo central figura también el cierre de las representaciones diplomáticas de Cataluña en el extranjero, la disolución el parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de octubre. Se establece que la campaña electoral durará 15 días a partir del 5 de diciembre.

Los partidos independentistas no informaron aún si participarán o no de los comicios, y el gobierno español ya indicó que ninguna opción será vetada. No obstante, el líder de Podem (Podemos en Cataluña), Albano Dante Fachin, dijo hoy que “sería contradictorio participar en los comicios del 21 de diciembre, actuando como si nada hubiese pasado, después de haber rechazado la aplicación del 155 por ser represiva”.

La intervención de Cataluña al amparo de este articulo de la constitución, fue aprobada ayer por el Senado con el apoyo del conservador Partido Popular (PP) de Rajoy, del opositor Partido Socialista (PSOE) y de los liberales de Ciudadanos, quienes conjuntamente dieron un paso inédito en casi 40 años de democracia.

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