Río Turbio: fue detenido Juan Lascurain, exjefe de la UIA

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El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain fue detenido.

Sucedió ayer por orden del juez federal Luis Rodríguez en una de las causas de Río Turbio en la que se investigan presuntas irregularidades en una obra para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Lascurain se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py antes de que el juez Rodríguez emitiera una orden en tal sentido.

Según consta en el expediente judicial, se debían destinar $500 millones para un proyecto de remodelación de una avenida entre el yacimiento y la localidad de Río Turbio, que nunca se realizó. La obra había sido adjudicada a la firma Fainser SA, presidida por Lascurain y cuya apoderada es Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Lascurain fue uno de los dirigentes industriales que más apoyaron al kirchnerismo.

La denuncia por esta obra había sido radicada por el interventor en YCRT, Omar Zeidán.

Según la Justicia, la obra en cuestión es un trazado de 7 kilómetros para readecuar la “Avenida de los Mineros” en Río Turbio. Por esa misma investigación también fue detenido anteayer el intendente de esa ciudad y exinterventor en YCRT Atanasio Pérez Osuna, y se hizo un pedido en similar sentido para el diputado provincial kirchnerista y exintendente de esa localidad Matías Mazzú.

Una investigación interna de YCRT detectó que durante noviembre y diciembre de 2015 la empresa Fainser, vinculada al empresario Juan Carlos Lascurain, cobró $50 millones por una obra que no inició; la empresa recibió tres cheques de YCRT y el último de $15 millones fue el 9 de diciembre de 2015, el último día del gobierno de Cristina Kirchner.

La auditoría interna realizada Zeidán derivó en una denuncia penal el año pasado, donde se intenta determinar qué pasó con una obra que iba a readecuar una avenida en Río Turbio para la cual se presupuestaron casi $500 millones, de los cuales la empresa estatal dedicada a la minería pagó $50 millones a la empresa contratada a tal efecto, pese a que la obra nunca se concretó.

Lascurain presidió la UIA entre 2008 y 2010, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

El presidente y el vocal de la entidad fabril, Miguel Acevedo y José Urtubey, respectivamente, dijeron: “Recibimos la noticia como todos, no tenemos ni idea de la causa. Es uno de los miembros del comité y presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), una de las cámaras más importantes que tiene la UIA. Tenemos que ver qué pasó. Nos sorprende a todos”.

Hace dos años, al designar a Zeidán a través del decreto 257/16, el presidente Mauricio Macri también ordenó que la Sindicatura General de la Nación realizara una auditoría integral del yacimiento de carbón sobre lo ocurrido en la gestión kirchnerista. Como resultado, se formularon cuatro denuncias penales. Por su parte, Zeidán llevó adelante una auditoría interna que desencadenó otras diez denuncias penales. La que dejó detenido ayer a Lascurain está dentro de este último paquete.

Según la causa, YCRT firmó en junio de 2015 un “convenio específico de asistencia financiera” con el municipio en ese momento a cargo de Mazzú para readecuar una avenida. La obra fue adjudicada a Fainser por un monto de $494.235.200. El municipio debía aportar el certificado de obra a partir de los avances para que YCRT efectuara los pagos.

Sin embargo, la obra programada nunca comenzó a ejecutarse. Según la causa, dos de las órdenes de pago de YCRT se realizaron con fecha 30/11/2015 y la última, el 9/12/15, bajo los números 14.119, 14.120 y 14.223 por $25 millones, $10 millones y $15 millones, respectivamente.

Esos mandatos de pago registran como antecedentes las facturas B expedidas por las firma Fainser SA, de tres números consecutivos Nº 00000008, Nº 00000009 y Nº 00000010, mientras que constan los recibos del cobro suministrados por Fainser firmados por Ricardo Rojas mediante los cuales se acredita la recepción de los fondos, a través del recibo 00002917, por $35 millones, y el recibo 00002931, por $15 millones.

Anoche, el gobierno de Alicia Kirchner defendió enfáticamente a los exfuncionarios implicados. (fuente: La Nación)

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