Trump recurre a la Corte Suprema para desbloquear el veto migratorio

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El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, busca revertir el fallo emitido el jueves por un juez federal de Hawaii, que redujo el alcance de la orden ejecutiva que restringe la entrada de refugiados y nacionales de 6 países musulmanes.

“El Tribunal Supremo debe corregir lo dicho por esta corte inferior. Ahora, regresamos a regañadientes directamente al Tribunal Supremo para reivindicar de nuevo el cumplimiento de la ley y el deber del Poder Ejecutivo de proteger a la nación”, dijo Sessions en un comunicado, distribuido por el Departamento de Justicia.

Un juez federal de Hawaii contradijo el jueves las directivas emitidas por el Gobierno de Trump y determinó que podían entrar a Estados Unidos los abuelos, tíos y otros familiares cercanos de refugiados y nacionales de las seis naciones afectadas por el veto (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

Desde la entrada en vigor del veto de Trump el pasado 29 de junio, solo podían ingresar a Estados Unidos aquellos individuos que pudieran demostrar su relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estuvieran residiendo en territorio estadounidense.

Excluidos de esa categoría de “familiares cercanos” quedaban los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada.

Esa distinción había sido considerada “arbitraria” por organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) y también por el propio estado de Hawái, que el mismo día de la entrada en vigor del veto presentó un recurso ante el juez Derrick K. Watson.

En su fallo, Watson consideró que las distinciones del Gobierno en cuanto a los familiares que pueden entrar a Estados Unidos representan “la antítesis del sentido común”.

“El sentido común dicta, por ejemplo, que la categoría de familiares cercanos incluya a los abuelos. De hecho, los abuelos son el epítome de los familiares cercanos. La definición del Gobierno les excluye, y eso simplemente no puede ser”, argumentó Watson.

 

 

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