Vivir por encima de las posibilidades 

La persistencia del déficit del Estado, un bache que se cubre con deuda, refleja que Argentina sigue viviendo por encima de sus medios, un problema que suele derivar en crisis sistémicas.

La administración Macri recibió en 2015 un país en default con los acreedores externos, alta inflación, recesión y altísimo déficit fiscal financiado con emisión.

En estos dos años enfrentó este laberinto con relativo éxito, aunque la economía argentina sigue aquejada de los viejos problemas.

El gobierno debió resolver desde el inicio de su gestión el enigma de cómo atacar el estrambótico déficit fiscal y al mismo tiempo hacer que la economía empiece a crecer. El rojo fiscal ha sido, en esta estrategia, la bestia negra a domar.

Entre otras cosas porque esa brecha era financiada por el gobierno kirchnerista con emisión monetaria, que se visualiza como la causante primaria de la inflación. Y como gran parte del rojo fiscal es motivado por los subsidios estatales a los servicios públicos, la administración Macri se vio obligada a producir aumentos en las tarifas públicas.

“Es el gobierno el que genera la inflación”, ha dicho repetidamente el presidente, al sentar la tesis de que el gobierno kirchnerista apeló deliberadamente a esa estrategia.

¿Pero cómo hacer ajuste fiscal en medio de una estanflación (recesión más inflación)? ¿Los recortes no serían contraproducentes? Pues bien, el gobierno debió apelar al endeudamiento con el exterior para enfrentar el déficit y para hacer que la economía empezara a crecer.

Pero para ello debió lograr primero un acuerdo con los holdouts. La salida del default, después de tres lustros de aislamiento financiero internacional, habilitó la chance del crédito externo.

Como lo reconoció el entonces ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, sin ese acuerdo, la Argentina enfrentaba dos abismos: un ajuste draconiano de las cuentas públicas, altamente recesivo, o un escenario de hiperinflación por emisión descontrolada.

Cualquiera de esas dos alternativas hubiera colocado al país al borde de la ingobernabilidad, como ocurrió con anteriores debacles económicas. De aquí que la tesis gradualista (utilizar el endeudamiento para financiar en parte el déficit fiscal, evitando el emisionismo exagerado del Banco Central), ha logrado sortear en estos dos años los principales escollos económicos.

Pero vista en perspectiva, esta estrategia es insostenible en el largo plazo, si no se ataca resueltamente el desequilibrio de las cuentas públicas Nación-Provincias, que hoy se cubre con crédito externo.

El programa de reformas que acaba de anunciar el presidente Macri va en esta dirección: lograr que el Gobierno en sentido amplio baje y controle el gasto público, tras la ansiada meta del equilibrio presupuestario.

Y a la vez liberar de presión fiscal a las empresas, mediante una baja de los impuestos, de suerte que se coloquen en posición de invertir y de generar empleo productivo y genuino.

La administración Macri cree que el país tiene la última oportunidad para eliminar la causa del desquicio: un Estado per se inviable, que con el pretexto de ayudar a los pobres ha adquirido dimensiones paquidérmicas, al punto de monopolizar la renta generada por la sociedad.

El problema es que la reforma choca con la idiosincrasia de un país adicto al gasto público, es decir a la filosofía de vivir por encima de sus posibilidades, gastando más de lo que efectivamente genera, reflejo de lo cual es su costumbre inflacionaria.

 

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