Acusados de narcotráfico, absueltos porque los allanaron de noche

El Código Procesal Penal establece que cuando el registro de una vivienda “deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia solo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol”.

Una investigación constató que cuatro personas tenían a su cargo la organización y el comando del grupo de una banda dedicada al narcotráfico, instruyendo a otros seis involucrados respecto de sus tareas a cumplir. Adquirían los tóxicos de variados orígenes, y a su vez eran proveedores de los restantes integrantes en La Paz y Santa Elena. Incluso almacenaban, guardaban, fraccionaban y vendían en sus respectivos domicilios y a modo delivery.

De este modo, el Juzgado Federal de Paraná autorizó 16 allanamientos de los domicilios de los sospechados, en los que hallaron cocaína, marihuana, plantas de cannabis sativa, celulares, balanzas, armas, elementos de corte, entre otras evidencias demostrativas de la venta de drogas.

En el juicio desarrollado en junio en el Tribunal de la capital provincial (integrado por los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros), la Fiscalía acusó a nueve de los imputados por el delito de comercio de estupefacientes.

En tanto, la defensora pública oficial Noelia Quiroga, solicitó la nulidad de los registros domiciliarios de las viviendas y de todos los actos que son consecuencia necesaria del mismo por haberse realizado en horario nocturno y no estar habilitados para ello, por no estar justificado el horario nocturno en que se llevaron adelante las invasiones domiciliarias. Los otros defensores adhirieron a dicho planteo.

 

No se respetó la norma

“La pregunta es si los allanamientos concretados mediante orden judicial fueron realizados respetando los alcances contenidos en el mandato judicial”, expresó en su voto López Arango.

“El artículo 18 de la Constitución nacional establece como garantía, es decir como tutela del derecho a la libertad, principio esencial en toda república en que rige el Estado de Derecho, la inviolabilidad del domicilio” el cual es “una proyección especial del ámbito de privacidad de una persona”, agregó.

El Código Procesal Penal de la Nación establece sobre el allanamiento de morada que “cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia solo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol. Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consienta, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público”.

 

En el caso de los allanamientos en La Paz y Santa Elena, remarcó el tribunal, “las órdenes disponían que los procedimientos se llevaran a cabo el día miércoles 16 de noviembre de 2016 a partir de las 8, en su momento más propicio y hasta su finalización, con la debida habilitación horaria en caso de ser necesario por la extensión del procedimiento”.

Sin embargo, “todos los allanamientos se realizaron en horario nocturno, luego de transcurridas varias horas desde la caída del sol”.

 

La postura policial

En el juicio a los 10 acusados, los policías explicaron que el procedimiento fue regular y legal porque hubo consentimiento de las personas que vivían en esos domicilios, y expresaron que existió buena fe policial.

Al respecto, el tribunal refirió que los testigos de los allanamientos sostuvieron que los mismos ocurrieron con normalidad, sin incidentes ni manifestaciones de oposición de los moradores. Pero “resulta inapropiado y contrario a las garantías constitucionales, la lógica y las máximas de la experiencia, entender que frente a la irrupción abrupta de personal policial, y de sorpresa en horas nocturnas, la falta de reacción de los moradores pueda interpretarse como un consentimiento presunto”, afirmó López Arango en la sentencia, y agregó: “Es evidente que tal ‘buena fe’ no existió, porque desde siempre se reconoció por los funcionarios a cargo del operativo programado que se iba a realizar en horas nocturnas por considerarlo más eficaz”.

Por lo tanto, sostuvo que “el accionar de la prevención devino absoluto e injustificadamente inconsulto, ya que ningún impedimento tuvo la prevención para solicitar al juez competente la habilitación correspondiente en tiempo y forma, dado que las órdenes fueron expedidas el día antes (15 de noviembre) y retiradas ese mismo día, según la constancia remitida por el Juzgado Federal a requerimiento del tribunal”.

De este modo, en la conclusión de la sentencia, el tribunal manifestó que “el vicio insalvable de los procedimientos conlleva su declaración de nulidad, y la aplicación de la regla de exclusión probatoria, a la prueba cargosa obtenida por ese medio, nulidad que se extiende a los actos que son consecuencia directa por la aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado, y advertida la inexistencia de fuente independiente de prueba a la absolución lisa y llana de todos los imputados”. UNO

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