Cruje el modelo social de los países nórdicos

En Finlandia acaba de renunciar el gobierno por no poder introducir reformas a su sistema de protección social, cuya financiación se revela insostenible ante el fenómeno del envejecimiento poblacional.

 

El primer ministro finlandés y líder del Partido de Centro, Juha Sipilä, presentó días atrás la dimisión de su gobierno de centro-derecha, tras haber fracasado en su intento de que los legisladores aprobaran un programa de reformas sociales y del sistema de sanidad.

El gobierno finés consideró las reformas uno de los puntos centrales de su programa y había anunciado que dimitiría si fracasaba, cosa que acaba de ocurrir.

Según los expertos, la población finlandesa tiene una de las tasas de envejecimiento más rápidas de Europa. En 2018, los mayores de 65 años ya equivalían al 21,4% de la población.

Y esto amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo debido al fuerte aumento del gasto en sanidad y seguridad social.

La gran mayoría de los políticos finlandeses coincide en la necesidad de acometer una reforma del sistema y llevan cerca de una década debatiendo este asunto, pero discrepan en cómo debería ser el nuevo modelo.

En realidad este tipo de crisis financiera está haciendo tambalear desde hace años al llamado Estado de Bienestar de los países escandinavos (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca), considerado un paradigma mundial.

El Estado de Bienestar es una de las grandes invenciones del capitalismo moderno. En efecto, en el siglo XIX los países occidentales tendían a cobrar impuestos a sus ciudadanos únicamente con el fin de protegerlos de la delincuencia y una posible invasión extranjera.

Pero luego lo recaudado por los impuestos empezó a emplearse para sostener a viejos, débiles, desempleados y enfermos. El primer sistema de protección se atribuye al canciller alemán Otto von Bismark, con la ley del Seguro de Enfermedad (1883).

El llamado Estado de Bienestar europeo tuvo un claro sello socialdemócrata, aquella corriente ideológica dentro de la izquierda que decidió cuestionar las teorías marxistas, cuyo exponente máximo fue el alemán Eduard Bernstein (1850-1932).

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial hubo consenso respecto de que los ciudadanos de un país deben contribuir a un fondo general cuando tienen trabajo y gozan de buena salud y, a cambio, ese fondo los ayudará a mantener su bienestar cuando estén enfermos, sean incapaces de trabajar o quieran jubilarse.

El sistema funcionó de forma excelente en los años de la posguerra. El aumento de la población, provocado por la explosión de natalidad en esa época (el denominado “baby boom”) proveyó abundantes trabajadores jóvenes, quienes pagaron sus contribuciones sociales.

Sin embargo, la crisis de fertilidad, la disminución de la población económicamente activa, el desempleo y la longevidad de las personas, han destruido las bases financieras de la seguridad social europea.

La jubilación se planificó en la década del ‘50 para individuos que vivirían algunos pocos años después de dejar el trabajo. Pero no se previó que la medicina agregaría tantos años a la vida, y que esa persona beneficiada con una jubilación tendría tres o cuatro décadas por delante.

Para ampliar la base de aportantes al sistema, los países europeos permitieron que más inmigrantes lleguen y trabajen. Pero el crecimiento económico menor de estos años, con su secuela de desempleo, sobre todo en la población juvenil, desalentó el ahorro destinado a la seguridad social, generando problemas para su financiación.

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