El campo contra el fallo de los agroquímicos: “No tiene respaldo científico”

Las entidades rurales apuntaron contra la prohibición judicial para fumigar cerca de escuelas rurales, la cual tildaron de ridícula. Consideran que llevará a la quiebra a muchos chacareros e insisten en que no hay pruebas científicas que justifiquen el fallo y las acusaciones en su contra.

Las entidades rurales entrerrianas emitieron un duro comunicado titulado “La judicialización del uso de fitosanitarios no resuelve nada, sólo genera parálisis e incertidumbre”, en el cual critican con dureza la anulación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al decreto que establecía distancias de 100 y 500 metros para las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de las escuelas rurales, volviendo todo a las distancias originales: 1.000 y 3.000 metros respectivamente.

“Los tres poderes del Estado han tenido responsabilidad para que hayamos llegado a esta situación de imprevisibilidad que compartimos con todos los actores del arco productivo rural de la provincia”, explicaron mediante el comunicado y enseguida reprocharon: “Somos acusados de manera irresponsable por parte de sectores que nunca han podido respaldar científicamente sus dichos. En este sentido, nos preocupa que a la Justicia entrerriana no le interese recabar datos científicos ni del ámbito del sistema de salud a la hora de dictar una medida”.

A fines de marzo, la Justicia anuló los dos primeros artículos de la regulación firmada por el gobernador Gustavo Bordet, que son los que refieren a las distancias permitidas para la fumigación. El fallo tomó en consideración la presentación del Foro y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que señalaron el “vicio manifiesto” del decreto “al omitir la realización de estudios específicos que demuestren que la disminución de las distancias (a 100 y 500 metros) no causaría ningún perjuicio a la población estudiantil”.

“Siempre hemos defendido las buenas prácticas agrícolas y hemos dado a conocer nuestro rechazo hacia toda acción contraria a ellas, ya que la irresponsabilidad de algunos no puede hacer que se nos castigue a todos”, se defendieron y agregaron: “No obstante, la prohibición lisa y llana de la actividad, la reglamentación sin parámetros respecto de las pulverizaciones y el ataque sistemático hacia los productores, no podemos ni debemos tolerarla”.

Durante su alegato, la Mesa de Enlace inclusive acusó al Ministerio de Salud de no difundir informes epidemiológicos que, según sus suposiciones, habrían arrojado resultados favorables al sector agrario: “es extraño que el Ministerio de Salud de la provincia tenga informes epidemiológicos y no dé a conocer los resultados. Lo más triste del caso es que ello tal vez ocurra porque los mismos sean benévolos con el sector agropecuario”.

“No les interesan la producción ni los productores, salvo a la hora de recoger la recaudación de los asfixiantes impuestos provinciales, los más altos por lejos de la región”, se quejaron en referencia al rol del Estado provincial y enumeraron las consecuencias que enfrenta, según ellos, el sector: “Dejar de producir en más de 300 mil hectáreas conllevará el abandono obligado de la actividad que vienen desarrollando muchos entrerrianos. Eso dejará secuelas sociales profundas, tal vez irrecuperables. Ninguno de los tres poderes del estado entrerriano ni los impulsores de esta medida judicial ridícula se han detenido a pensar en las familias, en los tamberos, en los pequeños productores. A nadie le importa su suerte. Subidos a una falsa e inconducente ideología harán estragos en miles de entrerrianos”.

“Los productores y los vecinos rurales esperamos del Estado entrerriano una cuota de empatía, para entender en la encrucijada que nos han metido. Trabajamos dentro de una actividad lícita y pilar de la Argentina, pero en Entre Ríos, paradójicamente, somos el pato de una boda ajena”,l concluyeron los ruralistas.

El comunicado está firmado por la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Regional Paraná); la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Rios; el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos; el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos; la Federación Agraria Argentina (FAA); la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; la Federación Entrerriana de Cooperativas; y la Sociedad Rural Argentina.

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