El caso de los que no tienen país ni ciudadanía

En el Congreso argentino se debate un régimen especial para las personas apátridas, es decir aquellas a quienes ningún país reconoce como ciudadanos.

La posesión de la nacionalidad es esencial para la participación plena en sociedad y un requisito previo para el disfrute de muchos derechos fundamentales.

Se entiende, entonces, el drama de los que no son reconocidos por ningún país como ciudadanos. Es gente que, al no tener nacionalidad, pena por un acceso mínimo a la protección legal e internacional o a derechos básicos tales como la salud y la educación.

En realidad la “apatridia” –así se le llama a esta condición- se trata de un problema masivo que afecta a unos 10 millones de personas en el mundo.

Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York el 28 de septiembre de 1956, el apátrida es cualquier persona a la que ningún Estado considera destinatario de la aplicación de su legislación.

Algunos sufren arrestos porque no pueden probar quiénes son ni de dónde vienen. Al no ser ciudadanos de ningún país, con frecuencia se les niegan derechos básicos, como recibir atención médica, conseguir un empleo calificado, votar en elecciones, entrar y salir del territorio o inscribir a sus hijos en las escuelas, entre otras restricciones.

En el país está vigente la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, el tratado internacional al que Argentina adhirió en 1972. Sin embargo, ese pacto nunca se reglamentó ni se ajustó la normativa local.

En la actualidad se desconoce cuántos apátridas migrantes hay. No existen números ni cifras estimadas porque faltan los mecanismos para identificarlos.

Ante este vacío legal se discute en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, una iniciativa presentada por la diputada radical Karina Banfi, en colaboración con la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para la sanción de un régimen especial de reconocimiento y protección para las personas apátridas.

“La ley está orientada a definir quién es considerado apátrida, cuáles son sus derechos, permite brindar protección y asistencia, elabora un protocolo para los apátridas que no son refugiados y otorga facilidades para su naturalización”, sostuvo a la prensa Juan Ignacio Mondelli, oficial regional del Acnur. “Es un vacío legal que la Argentina tiene hace 46 años”, señaló.

Por otro lado, el problema de la apatridia cobró actualidad en América Latina en 2014, con ocasión de la cumbre Cartagena+30, en la que los gobiernos latinoamericanos se reunieron en Brasilia y pusieron como objetivo erradicar este problema humanitario.

Se puede caer en la condición de apátrida por distintas razones. Por ejemplo le cabe a aquella persona que poseía la nacionalidad de un Estado que ha desaparecido, no creándose en su lugar ningún Estado sucesor.

La disolución de estados como la Unión Soviética, Yugoslavia o Checoslovaquia y la formación de nuevos Estados, el traspaso de territorios y el nuevo trazado de fronteras fueron las principales causas de apatridia en las últimas décadas.

En otras latitudes la apatridia es un auténtico drama masivo y humanitario. En ese grupo están los musulmanes rohingya, uno de los pueblos más perseguidos del mundo. En Birmania (Myanmar), su tierra, a los rohingya se les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades, y no tienen derecho a poseer tierras o propiedades.

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