Hotesur: Pidieron elevar a juicio oral la causa contra Cristina y sus hijos

Es por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial.

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó hoy, en su rol de querellante, la elevación a oral del caso Hotesur, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Báez, entre otros,por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial.

Según se informó, Ercolini recibió un escrito de unas 200 páginas de la oficina a cargo de Mariano Federici y María Eugenia Talerico para que el caso pase a juicio oral. En los próximos días, presentará un escrito similar la querella de la Oficina Anticorrupción. Es en sintonía del dictamen presentado en diciembre por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques para mandar a juicio a 18 imputados. Luego, será el turno de las defensas.

En el escrito, los responsables de la UIF sostuvieron que en el caso Hotesur es una de las causas en la que habría quedado en evidencia “una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público”.

El hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner (NA)

El hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner (NA)

Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con 2 millones de dólares que el entonces ex presidente compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero a causa de la crisis en donde el precio se depreciaba y fugaban las divisas.

La empresa administra los hoteles de Cristina Kirchner y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel de lujo que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no,  ni si se trataba de temporada alta o baja.

La causa penal comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia que hizo la ex diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ). En esos registros figuraba que Hotesur adeudaba balances y detalles de la composición del directorio.

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