MOVILIZACIÓN 8M
Las mujeres de Gualeguaychú se volcaron a las calles y reclamaron trabajo, educación, salud y políticas sociales
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En el marco del Día Internacional de la Mujer , la organización Enredada Feminista difundió una proclama durante la movilización local del 8 de marzo, en la que manifestaron su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y plantearon una serie de demandas vinculadas al trabajo, la educación, la salud, los derechos humanos y las políticas sociales.
El documento, leído durante la marcha, sostuvo que la actual coyuntura encuentra al movimiento feminista “nuevamente en las calles” en defensa de los derechos conquistados y en rechazo a lo que definieron como una “reforma laboral esclavista”. En ese marco, se recordó la lucha histórica de trabajadoras que reclamaban mejores condiciones laborales a comienzos del siglo XX, como antecedente del origen de la conmemoración del 8 de marzo.
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Uno de los ejes centrales de la proclama fue el rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. Desde la organización sostuvieron que la iniciativa favorece a sectores empresariales y profundiza desigualdades en el mercado laboral, especialmente para mujeres y diversidades.
También se criticaron los mecanismos de flexibilización del tiempo de trabajo, como el banco de horas y la negociación individual de jornadas, que indicaron impactan especialmente en sectores con alta presencia femenina, como el comercio, los servicios y el trabajo doméstico.
Otro apartado del documento cuestionó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, incluido en la legislación nacional, al que definieron como una política que facilita la explotación de recursos naturales por parte de grandes corporaciones.
Las organizaciones también expresaron preocupación por posibles modificaciones a la Ley de Glaciares de Argentina, al advertir que la reducción de áreas protegidas en zonas periglaciares podría favorecer actividades mineras de gran escala y afectar reservas de agua.
Además, la proclama incluyó pronunciamientos sobre conflictos internacionales y denuncias de violencia en contextos bélicos, vinculando estas problemáticas con una mirada feminista sobre las guerras y el extractivismo.
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El documento también cuestionó proyectos para modificar el régimen penal juvenil y reducir la edad de imputabilidad. Según la proclama, estas iniciativas representan “medidas de disciplinamiento social” dirigidas a jóvenes de sectores vulnerables y constituyen una respuesta punitiva a problemáticas sociales.
En materia educativa, las organizaciones denunciaron un proceso de desfinanciamiento del sistema público y rechazaron propuestas de modificación a la Ley Nacional de Educación de Argentina.
La proclama también abordó la problemática de los femicidios y transfemicidios, denunciando un aumento de las violencias y cuestionando el desmantelamiento de políticas públicas de género.
En el área de salud, se señaló un proceso de desfinanciamiento del sistema sanitario y se mencionaron dificultades en el acceso a programas de prevención, tratamientos y atención en salud mental.
