"Yo pensé que no las iban a aumentar. Creo que el gobierno en este caso no está viendo que bajarle los impuestos al campo es una inversión y no un costo fiscal, que es de 0,09%, es prácticamente insignificante, y al subir las retenciones deja al sector agropecuario con una incertidumbre tremenda", planteó el senador en diálogo con Ahora Cero Radio.“Al campo si le sacan impuestos va a ser para el beneficio del país. El gobierno al castigar al campo va en contra del país”, sentenció el gualeguaychuense.Además, el referente de Juntos por el Cambio aseveró que "yo creo que ellos piensan que con los derechos de las exportaciones van a ayudar a solucionar el problema económico, pero estan mirando al corto plazo de vuelta, no al largo plazo. Los grandes inversores no quieren tomar riesgos, donde no hay confianza empiezan a dispararse para todos lados".<figure class="media"><div data-oembed-url="https://youtu.be/lgpXfclJSx0"><div style="position: relative; padding-bottom: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.2493%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/lgpXfclJSx0" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 0; left: 0;" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe></div></div></figure>Por otra parte, sobre la situación de la provincia, marcó que “yo lo veo a Frigerio que está contando las monedas para llegar a fin de mes, hay obras que no se pueden hacer, y hay mucho dinero que corresponde por ley a las provincias que no está llegando”.

De Ángeli cuestionó la suba de las retenciones: "El Gobierno al castigar al campo va en contra del país"

El&nbsp;Gobierno nacional&nbsp;dispuso a través del&nbsp;Decreto 441/2025&nbsp;un nuevo&nbsp;aumento&nbsp;para julio en los&nbsp;impuestos a los combustibles, aunque este incremento será parcial y se aplicará en su totalidad a partir del mes de agosto. Esto impacta en el precio final de los combustibles, como la nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil, afectando tanto a consumidores como a empresas del sector energético y de transporte en todo el país.El decreto establece que los&nbsp;incrementos parciales&nbsp;de estos gravámenes regirán entre el&nbsp;1° y el 31 de julio, mientras que la&nbsp;totalidad de los aumentos&nbsp;diferidos se aplicará&nbsp;a partir del 1° de agosto.La decisión fue adoptada en la&nbsp;Ciudad de Buenos Aires&nbsp;y lleva las firmas del presidente&nbsp;Javier Milei, el jefe de Gabinete,&nbsp;Guillermo Francos, y el ministro de Economía,&nbsp;Luis Andrés Caputo.La normativa&nbsp;modifica el cronograma de actualización de los impuestos fijado previamente&nbsp;por el Decreto 466/2024 y sus sucesivas prórrogas, que ya habían postergado la entrada en vigencia de los aumentos correspondientes al cuarto trimestre de 2023 y a todo el año 2024.El texto oficial detalla que, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de julio de 2025, los montos de impuesto se incrementarán en los siguientes valores: para la&nbsp;nafta sin plomo y nafta virgen, el aumento será de $6,620 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $0,405 en el impuesto al dióxido de carbono; para el&nbsp;gasoil, el incremento será de $5,346 en el impuesto sobre los combustibles líquidos, $2,895 en el tratamiento diferencial para ciertas regiones y $0,609 en el impuesto al dióxido de carbono.El decreto también establece que el incremento total, que incluye el remanente de la actualización del primer trimestre de 2024 y las actualizaciones correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestres de 2024 y al primer trimestre de 2025, comenzará a regir desde el&nbsp;1° de agosto de 2025.La medida responde a la política del Ejecutivo de diferir los efectos de los aumentos impositivos sobre los combustibles, que según la normativa vigente deberían actualizarse trimestralmente en función de la variación del&nbsp;Índice de Precios al Consumidor (IPC)&nbsp;suministrado por el&nbsp;INDEC.El decreto recuerda que “a través de diferentes normas se han ido difiriendo sucesivamente, hasta diversas fechas, los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos” y que el objetivo es “continuar con la finalidad perseguida a través de los decretos anteriormente señalados”.El área de influencia del tratamiento diferencial para el gasoil incluye las provincias de&nbsp;Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de&nbsp;Patagones&nbsp;en la provincia de Buenos Aires y el departamento de&nbsp;Malargüe&nbsp;en Mendoza.El decreto cita como fundamento el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a dictar este tipo de medidas. Además, señala que han intervenido los servicios jurídicos permanentes competentes.Fuente: Infobae

Por la suba de los impuestos nacionales, llega un nuevo aumento de la naftas y el gasoil

Con la inminente llegada del mes de julio, muchas personas se preguntan&nbsp;cuándo empiezan las vacaciones de invierno&nbsp;en la Argentina. Se trata de un&nbsp;receso de dos semanas&nbsp;que, en el caso de Entre Ríos, empieza el lunes 7 de julio y finalizan el viernes 18 de julio. Deberán volver al aula el lunes 21 de julio.Cabe aclarar que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo,&nbsp;el receso invernal no es en las mismas fechas en todo el país, como también varían el inicio y finalización de clases.<h2 style="margin-left:auto;">Cuándo empiezan las vacaciones de invierno en la Argentina: estas son las fechas oficiales</h2>Las&nbsp;vacaciones de invierno&nbsp;suelen darse por dos semanas entre julio y agosto de cada año. Cada distrito puede determinar cuándo se cierran las escuelas por este período en todo su territorio.En esta ocasión, hay&nbsp;diez provincias&nbsp;que tendrán su receso invernal entre&nbsp;el lunes 7 y el viernes 18 de julio, como es el caso de&nbsp;Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras. Por su parte, otras nueve jurisdicciones establecieron sus&nbsp;vacaciones de invierno&nbsp;a mediados de junio. En tanto,&nbsp;la provincia de Buenos Aires y CABA se diferenciaron con otras fechas&nbsp;que serán en las últimas dos semanas del séptimo mes del año.A continuación, las&nbsp;fechas confirmadas de las vacaciones de invierno 2025&nbsp;para cada una de las provincias y cuándo terminan:<ul><li>Buenos Aires: 21/7 al 1/8/25</li><li>Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 21/7 al 1/8/25</li><li>Catamarca: 14 al 25/7/25</li><li>Chaco: 21/7 al 1/8/25</li><li>Chubut: 7 al 18/7/25</li><li>Córdoba: 7 al 20/7/25</li><li>Corrientes: 14 al 25/7/25</li><li>Entre Ríos: 7 al 18/7/25</li><li>Formosa: 14 al 25/7/25</li><li>Jujuy: 14 al 25/7/25</li><li>La Pampa: 14 al 25/7/25</li><li>La Rioja: 7 al 18/7/25</li><li>Mendoza: 7 al 20/7/25</li><li>Misiones: 14 al 27/7/25</li><li>Neuquén: 7 al 18/7/25</li><li>Río Negro: 7 al 18/7/25</li><li>Salta: 14 al 25/7/25</li><li>San Juan: 7 al 18/7/25</li><li>San Luis: 7 al 18/7/25</li><li>Santa Cruz: 14 al 25/7/25</li><li>Santa Fe: 7 al 18/7/25</li><li>Santiago del Estero: 21/7 al 1/8/25</li><li>Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 14 al 25/7/25</li></ul>

Cuenta regresiva para las vacaciones de invierno: fechas del receso escolar por provincia

&nbsp;Guillermo Borelli, representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Córdoba, criticó duramente la política de precios y la estructura impositiva que encarece los combustibles en Argentina. En diálogo con Rivadavia AM 630, Borelli señaló que “la nafta argentina es la más cara de la región, sólo superada por Uruguay, y aún teniendo Vaca Muerta, pagamos más que países sin petróleo como Brasil”.Según explicó, la razón principal es la carga impositiva: “Lo caro lo hacen los impuestos, que nunca sabemos bien a dónde van. Pagamos un impuesto para cuidar las rutas, pero las rutas están destruidas, y encima te cobran peajes que tampoco se usan con ese fin”.También hizo referencia a la caída en las ventas de combustibles, que según estimaciones del sector oscila entre el 7 y el 10%. “La gente ya no puede llenar el tanque. Se escucha mucho el ‘cargame diez mil’, ‘poneme cinco de gas’. La realidad es que , si no alcanza para comer, mucho menos para mover el auto”.En ese contexto, criticó la iniciativa de YPF que lanzó un descuento del 5% para quienes carguen nafta entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, en estaciones sin atención de playero. “Eso es una engaña pichanga. Solo hay cinco estaciones habilitadas en todo el país. ¿Quién va a levantarse a las tres de la mañana para cargar nafta con un 5% de descuento? Te cagás de frío, te exponés solo, y ahorrás apenas unos pesos. No tiene sentido”.Para Borelli, esa medida forma parte de “una prueba y error” del Gobierno, y fue categórico: “Nuestros salarios representan el 3% del negocio. No vengan a hacernos responsables del precio del combustible. Esto es parte de un modelo donde la política no quiere mostrar adónde van realmente los impuestos”.&nbsp;(NA)

La nafta argentina es la más cara de la región, sólo superada por Uruguay

Por los altos impuestos, la nafta argentina es la más cara de la región, sólo superada por Uruguay

En un contexto de creciente preocupación por el consumo de bebidas energizantes entre adolescentes, la diputada nacional Yolanda Vega (Innovación Federal) presentó un proyecto de ley que propone prohibir la venta, entrega y comercialización de estos productos a menores de 18 años en todo el territorio argentino.La iniciativa de la diputada salteña tiene como objetivo “proteger la salud de niños, niñas y adolescentes”, según detalla el texto. El proyecto define como bebidas energizantes a aquellas que contienen altos niveles de cafeína, taurina, guaraná, ginseng, L-carnitina y otras sustancias estimulantes del sistema nervioso central.“Estas bebidas pueden provocar efectos adversos sobre la salud, especialmente en menores cuyo organismo aún está en desarrollo”, advierte Vega en los fundamentos. Entre los riesgos señalados se encuentran el aumento de la presión arterial, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad y, en casos extremos, arritmias o convulsiones.Además, la diputada alertó sobre el consumo combinado de energizantes con alcohol, una práctica frecuente entre adolescentes, que genera una “falsa sensación de sobriedad” y potencia conductas de riesgo.El proyecto establece que todos los puntos de venta —desde kioscos hasta plataformas online— deberán verificar la edad del comprador mediante un documento oficial antes de concretar la operación. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura del local, con penas agravadas en caso de reincidencia.La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, que deberá coordinar acciones con las provincias y municipios, además de promover campañas de concientización en escuelas y medios de comunicación.“Esta ley no busca demonizar un producto legal, sino establecer criterios de protección adecuados para una población vulnerable, como ya ocurre con el tabaco o el alcohol”, explicó Vega. La diputada también destacó que, si bien algunas provincias ya han avanzado con normativas similares, es necesario contar con una legislación nacional que unifique criterios y garantice una protección efectiva.El proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma, y establece un plazo de 90 días para su reglamentación una vez sancionada.Con esta propuesta, Yolanda Vega se suma a una tendencia internacional que busca limitar el acceso de los menores a productos que, aunque legales, pueden tener consecuencias graves para la salud cuando se consumen sin control ni información adecuada.

Impulsan una ley para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años en Argentina

Estas restricciones se habían impuesto para proteger a la industria local, representada principalmente por la empresa Lumilagro S.A., ante prácticas de dumping —es decir, ventas al exterior a precios inferiores a los del mercado interno chino—. A pedido de esta firma, se había iniciado un nuevo examen para evaluar la posibilidad de extender esa protección tras el vencimiento de la medida vigente.El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reflexionó: “¿Tiene lógica el anti-dumping? Ninguna. Por un lado, porque la protección incentiva al empresario a sostener esa ineficiencia, porque es la ineficiencia la que motiva la protección. Eficientizar tiene un costo en pérdida de protección que un empresario racional internalizará. Pero tampoco tiene lógica, porque decir ‘protejámonos de los chinos porque si desaparece Lumilagro después nos van a cobrar cualquier cosa’ es un sinsentido, que solo podría tener asidero si la producción de termos a nivel mundial fuera monopólica, lo que es imposible de sostener.”Durante la evaluación realizada a raíz del pedido de Lumilagro, la Comisión Nacional de Comercio Exterior observó que, pese a la protección antidumping sostenida por más de 20 años, la empresa local no logró mejorar sustancialmente sus indicadores de producción, ventas ni empleo, y no aprovechó su posición dominante para expandirse en un mercado que cambió considerablemente en términos de demanda y preferencias de consumo.El informe también señala que los termos se venden en Argentina a precios considerablemente superiores a los de otros países, y que el mantenimiento de la medida podría estar afectando negativamente a los consumidores.En este marco, el Ministerio de Economía resolvió cerrar el examen sin prorrogar la medida antidumping impuesta en 2019. A partir de la publicación de la medida en el Boletín Oficial, se permite nuevamente la importación de termos chinos sin aranceles adicionales por dumping.

El gobierno eliminó aranceles antidumping a la importación de termos

Miguel Di Betta, presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan (Faipa) confirmó que en los próximos días habrá una nueva suba del precio del pan a partir de la suba de costos. “Va a haber una suba a nivel nacional porque hay insumos que han subido de precio más de un 100%”; señaló el industrial, y agregó: “Hemos tratado de aguantar porque nos bajan las ventas cada día”.&nbsp;“El aumento de la grasa y la margarina es porque no hay cebo por la baja de la carne y las importaciones”, añadió. Al bosquejar el escenario precisó que “una panadería de 12 o 13 empleados paga una factura de luz de 5 millones de pesos” y se quejó de la competencia desleal porque “en el rubro hay mucho empleado en negro”.Otros representantes panaderos “Los insumos y las materias primas siguen subiendo, las ventas cayeron un cincuenta por ciento y, si esto sigue así, van a seguir cerrando panaderías”, resumió Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y uno de los máximos referentes de la Cámara de Industriales Panaderos (Cipan). Además, recordó que ya son más de 1.400 las panaderías que tuvieron que cerrar sus puertas en todo el país.El dirigente sostuvo que anteriormente “los panaderos sacaban préstamos para arreglar su panadería o para comprar máquinas, hoy se endeudan para pagar los aguinaldos, la luz, el gas, ya no saben qué hacer”, sostuvo el dirigente.“Por eso sigue creciendo el trabajo clandestino, que no paga alquileres, impuestos ni sueldos, y que no solo perjudica a la industria panadera, sino que es un serio riesgo para la población, porque muchas veces el pan se fabrica en lugares sin la higiene y las condiciones de salubridad que tiene que tener la elaboración de productos alimenticios”, advirtió el representante del Cipan.

Confirman un nuevo aumento en el precio del pan para todo el país

La Organización de Estados Americanos (OEA) llamó este viernes nuevamente a retomar negociaciones entre el Reino Unido y Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas y el presidente Javier Milei destacó que “en lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, desde el Gobierno respondemos con acciones claras y resultados concretos”.En una asamblea general que se llevó a cabo en Antigua y Barbuda, la OEA adoptó una nueva declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas “por unanimidad y por aclamación” y reafirmó así el “respaldo regional” al llamado a “reanudar negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido”, según destacó la Cancillería argentina.“Agradecemos el apoyo unánime que hemos recibido de toda América. Las Malvinas son argentinas”, expresó desde las redes sociales la cartera que conduce Gerardo Werthein.Milei se hizo eco de esta nueva resolución de la OEA y también expresó, a tono con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que “las Malvinas son argentinas”.“En lugar de nacionalismo de pacotilla y berreta, nosotros desde el Gobierno respondemos con acciones claras y resultados concretos”, añadió el mandatario.Durante la asamblea de la OEA, el representante argentino ate ese organismo, Carlos Cherniak, sostuvo que “esta controversia debe resolverse mediante el diálogo” y que el Reino Unido “continúa negándose, alegando un supuesto principio de libre determinación en favor de los habitantes británicos de las islas Malvinas”.Por su parte, Werthein había expresado la misma posición la semana última en ocasión de una reunión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas en Hueva York, donde reafirmó el “compromiso irrenunciable de la Argentina con la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde 1833”.Fuente: Noticias Argentinas

OEA llamó al Reino Unido a reanudar negociaciones por Malvinas

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, reafirmó su apoyo a la ex presidenta con un tatuaje en el tobillo, que reza: “Dignidad”.La sentencia contra CFK marcó un nuevo capítulo en la historia política reciente. En este contexto, la reacción de sus seguidores y aliados políticos no se hizo esperar.Días después, Mendoza optó por expresar su respaldo a la expresidenta de una manera más personal y visible: se tatuó una tobillera adornada con flores y la palabra “dignidad” en el centro del diseño.La dirigente compartió imágenes del proceso en sus historias de Instagram, acompañadas de la frase: “¿Así que tobillera? Será un signo de dignidad”.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2025/06/judicial.JPG" alt="Judicial"></figure>La semana previa a este acontecimiento, militantes kirchneristas se congregaron frente al domicilio de la exmandataria, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Allí, los simpatizantes lucieron tobilleras decoradas con flores, luces e imágenes de Cristina Kirchner como muestra de apoyo ante la decisión de la Justicia.En declaraciones públicas, Mayra Mendoza expresó su descontento con el proceso judicial. Dos días antes de la marcha convocada en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner —de la cual fue organizadora—, la intendenta afirmó: “No es justo todo lo que vivimos, Cristina es inocente y está cumpliendo una condena ilegal. No tuvo un juicio justo”.El día de la movilización, la ex presidenta envió un mensaje grabado para agradecer el respaldo de la militancia. Según datos difundidos desde el kirchnerismo, alrededor de 500.000 personas asistieron ese día a la Plaza de Mayo.Durante una entrevista en la que convocó a la ciudadanía a movilizarse bajo el lema “Argentina con Cristina”, la jefa municipal de Quilmes aseguró que la militancia siempre acompañará a la ex presidenta. “La Corte violó la Constitución desde su inicio con el invento de designación de los jueces… Partiendo de eso, es una inocente, mal juzgada y hoy teniendo que cumplir condena ilegal”, enfatizó Mayra Mendoza.(Infobae)&nbsp;

Una intendenta bonaerense se tatuó una tobillera en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió hoy en el Senado sobre el “daño que genera al equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica” el proyecto de incremento de los jubilados&nbsp; y del bono que cobran los adultos, que fue sancionado por diputados.Francos expuso sobre la situación previsional en el informe que brindó en el Senado sobre la gestión de Gobierno, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución que lo obliga a concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso.La advertencia del jefe de Gabinete sobre el impacto fiscal que tendrá el aumento jubilatorio tuvo lugar antes de que el Senado se apreste a comenzar la próxima semana el debate sobre los proyectos aprobados en Diputados en la sesión del pasado 4 de junio.Fuentes parlamentarios señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que la presidenta de la comisión de Previsión, Carmen Álvarez Rivero, busca consensuar con su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, la citación a un plenario para la próxima semana para abrir el debate de esas iniciativas de aumento de jubilaciones y moratoria con reuniones informativas.En el primer tramo de su informe, Francos apuntó al “daño que genera en el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica la iniciativa de reforma jubilatoria e incremento del bono que fue aprobada en Diputados”.Detalló que en el país tenemos “1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria”.“Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.053 beneficiarios sin moratoria y 4.110.627 con moratoria”, precisó.Subrayó que “los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Sólo entre la reformulación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, afecta al 0,8% del PBI”.El proyecto de aumento del 7,2 por ciento de las jubilaciones y de un incremento de 70.000 a 110 mil pesos el bono fue sancionado por Diputados con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones del radicalismo y el PRO, mientras la votación de la moratoria estuvo más ajustada ya que se aprobó por 111 contra 100 y 15 abstenciones.Uno de los argumentos del Gobierno para oponerse al aumento jubilatorio y del bono es que implica un impacto fiscal del 0,8 por ciento calculado en más de 6 billones de pesos.(NA)

Francos sobre el aumento a las jubilaciones votado en diputados: "Daña el equilibrio fiscal"

El juez federal Daniel Rafecas resolvió hoy que se aplique el juicio oral en ausencia para los 10 acusados de haber planificado y ordenado el atentado terrorista a la AMIA, ocurrido en julio de 1994 y que mató a 85 personas.Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan. Muchos son actualmente funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado.Esta es la primera vez que se aplica el juicio en ausencia en la historia argentina. Pero el envío de la causa a juicio oral no es inmediato. Las partes tienen tres días hábiles para apelar el fallo -la defensa oficial y algunas querellas se opusieron al juicio en ausencia- y que sea revisado por la Cámara Federal y la Fiscalía debe pedir los procesamientos de los 10 acusados para que así queden en condiciones jurídicas de pasar a juicio oral.El juicio en ausencia se legisló este año en una reforma que aprobó el Congreso Nacional al Código Procesal Penal a instancias de un proyecto del gobierno de Javier Milei. Esa figura permite juzgar en el país a acusados de delitos graves que no estén en el territorio. La norma se aplica para los delitos contemplados en el Estatuto de Roma, como los de terrorismo y de lesa humanidad, y en los casos donde los acusados estén prófugos de la causa hace cuatro meses, como los imputados del caso AMIA.La ley les permite a los acusados presentarse durante o después del proceso para iniciar un nuevo juicio.“Uno de los principales argumentos a favor de los juicios en ausencia, es que permiten avanzar en la justicia, incluso cuando el acusado evade el proceso penal, ya sea porque no comparece o desconoce la jurisdicción del tribunal, o se encuentra en lugares donde no puede ser extraditado”, sostuvo el juez Rafecas en su resolución de 148 páginas.Cuando se aprobó la ley de juicio en ausencia, el abogado Tomás Farini Duggan, que representa a las papás de dos víctimas del atentado, y el fiscal Basso pidieron que se aplique ese figura a los acusados. Antes de resolver, el magistrado le pidió opinión a todas las partes.La AMIA y la DAIA, dos de las querellas del caso, compartieron la postura. Por su parte, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA -también querellantes- y la defensa oficial que representa a los acusados se opusieron.En su resolución, Rafecas repasó los antecedentes internacionales de juicio en ausencia, las legislaciones de otros países, la ley sancionada por el Congreso Nacional y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avaló extradiciones de personas. Citó el caso del juicio de Núremberg, en el que jerarcas nazis fueron juzgados por sus crímenes por un tribunal de las potencias aliadas de la segunda guerra mundial. El magistrado concluyó que el juicio en ausencia es constitucional y que se puede aplicar.“En muchos casos, especialmente en crímenes internacionales graves (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad), los acusados son líderes militares o políticos con recursos para ocultarse o huir a países sin extradición. Sin la opción de un juicio en ausencia, estos individuos podrían permanecer prófugos indefinidamente y los casos podrían quedar paralizados, evitando ser juzgados, y privando a las víctimas de justicia”, consideró Rafecas.También sostuvo que “los juicios en ausencia pueden ser vistos como una herramienta para reconocer los derechos de las víctimas y asegurar que los crímenes no queden impunes. En muchos casos, las víctimas y sus familias esperan durante años un proceso judicial que les permita conocer la verdad y obtener una sentencia contra los responsables”.“La ausencia voluntaria del imputado, al sustraerse del proceso, no solo vulnera su propio derecho de defensa, sino que también lesiona el derecho de la víctima a obtener justicia y el interés de la sociedad en la resolución del conflicto social generado por el delito”, planteó Rafecas.“Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional. Que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso. El trámite seguirá teniendo sus etapas, sus exigencias, sus evaluaciones. Y cada una será una nueva oportunidad para controlar lo hecho, revisar lo que falta, exigir lo que no se cumplió”, concluyó Rafecas.Una de las objeciones que hicieron las querellas que se opusieron al juicio en ausencia es que a la causa le faltan más pruebas -por ejemplo acceder y analizar a los archivos desclasificados de inteligencia- y que ya hubo juicios orales por el atentado en el que se determinaron irregularidades en la investigación y que terminaron los acusados absueltos. Uno de ellos fue el juicio a Carlos Telleldín, el reducidor de autos que estuvo 10 años presos acusado de haber entregado la camioneta que se usó como coche bomba en la AMIA sabiendo que se iba a utilizar para ese fin. Telleldín fue absuelto.Rafecas señaló que ese planteo “es comprensible”. “No resulta menor que, luego de años de búsqueda de justicia, el solo hecho de tener que volver a exponerse a un nuevo proceso, pueda generar en las víctimas sentimientos de duda, temor o incluso de desconfianza hacia el sistema de administración de justicia”, agregó.“También debe decirse, que precisamente una de las funciones centrales del juicio, aun bajo las condiciones particulares que impone su tramitación en ausencia, es ofrecer un espacio institucional en el cual sea posible someter a prueba, públicamente, aquello que hasta el momento ha sido materia de investigación. La finalidad, no es otra que generar las condiciones mínimas para que el Ministerio Público Fiscal, intente acreditar su hipótesis fáctica, y que las querellas (y la sociedad en su conjunto) puedan acceder a una reconstrucción pública y controlada de los hechos. Esa es la razón de ser del juicio oral y público. Si no hay debate, se pierde la oportunidad de conocer y esclarecer. Y sin esclarecimiento, lo que quedan son dudas y faltas de certezas”, sostuvo Rafecas sobre las objeciones.Fuentes: Infobae

La Justicia ordenó aplicar el juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA

En medio de un clima de tensión creciente, los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron este miércoles un nuevo paro de 24 horas, acompañado por un festival solidario que se extendió desde las 9 de la mañana y continuará hasta las 22.La medida fue convocada en rechazo a la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional frente al reclamo salarial y en medio de denuncias por el presunto vaciamiento del hospital y deudas millonarias por parte de distintas&nbsp;obras sociales provinciales.&nbsp;<section class="noteSuggested" data-id="1068313" data-title="Puede interesarte"></section>El conflicto, que ya lleva varias semanas, suma nuevos capítulos. A la protesta asistieron trabajadores de diversas áreas, desde administrativos hasta camilleros, pasando por enfermeros y técnicos. En ese sentido, muchos de ellos afirman que no están afiliados a sindicatos o incluso pertenecen a gremios que no participan formalmente de las negociaciones.Sin embargo, según explicó&nbsp;Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de&nbsp;ATE, la participación fue amplia: “Esto no es un tema con algunos sindicalistas, es un problema con todos los trabajadores del hospital. Y cualquiera que venga a las movilizaciones lo puede ver con claridad”.En ese sentido, el vocero presidencial,&nbsp;Manuel Adorni, sostuvo en conferencia de prensa que se trata de “un paro en el que unos pocos sindicalistas privilegiados buscan entorpecer la atención en el Garrahan”, y aseguró que el Gobierno está “combatiendo a los ñoquis” dentro de la estructura hospitalaria, aunque aclaró que la acusación “nada tiene que ver con los médicos”.

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