La exigencia de debatir los asuntos públicos a la vista, el oído y la consideración de todos los ciudadanos, guarda relación directa con la esencia de la democracia.Mario Alarcón Muñiz Arreglar en la trastienda no es democrático. Y pronto se paga. Esconderse de los demás no sirve porque en definitiva las cosas se saben y las reacciones suelen ser muy duras.No estamos imaginando nada. Ha sucedido. Episodios muy recientes lo prueban. Uno de ellos, de plena vigencia esta semana: el aumento del impuesto inmobiliario rural. "Desmedido", señalaron unos; "confiscatorio", exageraron otros; "es una actualización", explicó el gobierno; "justo", definió la CTA Entre Ríos. En fin, una discusión válida y necesaria. Pero atrasada. A destiempo. Unos u otros pueden tener razón, siempre que lo demuestren en el debate que el concepto de democracia impone y que esta vez, como tantas otras, no se produjo.El oficialismo lo gambeteó en su momento. Prefirió la trastienda para evitar el bochinche que de todas maneras ahora nos envuelve. Entre el 20 y 21 de enero (de antología: legisladores trabajando en enero, viernes a la noche y sábado a la madrugada) aprobaron la reforma del Código Fiscal, modificaron diez artículos de la ley de Ingresos Brutos y violaron la Constitución Provincial (art. 45 y 122, inc.7 y 11) autorizando al Poder Ejecutivo a modificar por decreto en lo sucesivo, los valores tributarios. Ahí nomás actuó el gobierno y el 25 de enero dictó el decreto 79 que actualizó el impuesto inmobiliario. El argumento de mayor peso es sensato: no se actualizaba desde 2004. Pero era mucho más saludable dar la cara, discutir, no esconderse. Si tengo razón, ¿por qué eludir el debate como si no la tuviera? No se trata de jugar a las visitas. Esto es política.Los malos númerosNo muy diferente resultó lo ocurrido con el presupuesto 2012, al margen de una particularidad: al concluir el período lo votaron los senadores que se iban y al iniciarse la nueva gestión le dieron sanción definitiva los diputados que entraban. Aquellos y estos, todos apurados y en la oscuridad. Nada de andar estudiando y debatiendo. Unos porque ya no querían saber de nada y otros porque mucho no sabían. Pero tenemos presupuesto: ingresos 16.995 millones de pesos, gastos 17.976 millones; déficit 981 millones, sin previsión de aumentos salariales, sujetos como el presupuesto anterior, a posibles mejoras de la recaudación. Los salarios felizmente se han reajustado estos días. Cambiarán los números, desde luego.Junto al presupuesto se autorizó en aquella oportunidad al PE a contraer un préstamo de 1.500 millones de pesos, del cual el 25% puede destinarse a pagar deudas. Queda claro en consecuencia que deudas hay, más allá de la refinanciación (mal llamada "desendeudamiento") convenida hace más de un año con el Estado nacional. Que se sepa, a nadie se le ocurrió plantear en ese momento la vigencia de la ley nacional de responsabilidad fiscal promulgada en 2004 a la que adhirió Entre Ríos y que obliga al equilibrio financiero. Esta cláusula, precisamente, fue suspendida en forma parcial en 2009, pero sólo por dos años.Esconder los problemas¿Qué va a suceder con el déficit y las deudas? Lo que se evitó debatir en su oportunidad es planteado ahora, a partir de recientes declaraciones del ministro de Economía, Diego Valiero. Si algo no se puede menospreciar de Valiero es su experiencia. De números sabe; de administración pública, ni hablar. Más allá de los vaivenes propios del rubro, ejerce el ministerio desde hace ocho años, además de tiempos anteriores como contador general y no se ha ganado demasiados reproches.El funcionario inauguró la última semana de marzo advirtiendo que los nuevos salarios pueden producir complicaciones en las finanzas del Estado. El aumento "es mínimo, pero el único posible", subrayó. De sus palabras se desprende que habrá dificultades financieras "a menos que mejore la recaudación o se practiquen economías". Esto último puede resentir los planes del gobierno o su funcionamiento.¿Por qué no se debatieron estas cosas al tratarse el presupuesto? ¿Qué se ha ganado escondiendo los problemas? ¿No es mejor plantearlos en su momento a cielo abierto, a la luz del sol y buscarles una solución "entre todos", como le agrada publicitar al gobierno? El dolor del bolsilloObsérvese lo que ahora se plantea. Los salarios estatales de marzo se pagarán desdoblados. La explicación alude a la Semana Santa y los feriados, pero la realidad indica que se paga un anticipo de 3.000 pesos mediante un cronograma que rige hasta el jueves 12. Recién desde entonces comenzarán a completarse los haberes. Los gobiernos peronistas de Entre Ríos de los últimos 25 años siempre cuidaron ese detalle: pagar los sueldos en término y si fuera posible el último día del mes. Quizá fallaron en otras cosas. En esto nunca. No cabe duda: es mejor hablar de estas cosas con franqueza. Recuérdese la ley 10.092 de entrega de 200.000 hectáreas de tierras fiscales, en su mayoría del Delta, a una empresa privada por 99 años, sin licitación y con crédito estatal. Un escándalo. Tanto se ocultó el debate que la protesta pública obligó al gobierno a derogar la ley a 40 días de su sanción.¿Por qué insistir en ocultarle a la gente cuestiones que le son propias?
