El Colegio de Abogados pidió a los jueces, funcionarios y a todos los operadores de la Justicia, que se esfuercen por "armonizar las normas y principios penales con la realidad social", respecto de la seguridad y que se informe a la sociedad sobre las causas penales "de modo amplio y sencillo". El Colegio de Abogados de Entre Ríos señaló públicamente que, "ante crecientes episodios de inseguridad que está padeciendo nuestra comunidad", resulta "indispensable" que los órganos encargados de administrar justicia en Entre Ríos "hagan sus mejores esfuerzos por armonizar las normas y principios que en materia penal imperan en la actualidad, con la realidad social que en la práctica vive la ciudadanía en su conjunto".El presidente de la entidad, Luis María Campos, explicó a El Diario que la expresión se vio motivada por la preocupación de los matriculados ante algunas reacciones sociales por hechos resonantes, como las manifestaciones de vecinos que se llevaron a cabo en Concepción del Uruguay algunas semanas atrás, en la que incluso resultó cobardemente agredida una camarista penal.Entre enero y mayo hubo varias marchas en esa ciudad, pero también en Villaguay (en enero), en Concordia (en abril), Federación (en marzo) y Basavilbaso (entre abril y mayo). En la ciudad histórica, en una concentración frente a la Jefatura de Policía y el Palacio de Tribunales, un grupo de personas agredió a la vocal de la Cámara Penal, Cristina Calveyra, en el marco del reclamo del esclarecimiento del crimen del joven Diego Wetzel, asaltado, golpeado y baleado el sábado 20 de abril a la madrugada en un barrio de Concepción del Uruguay,La funcionaria -que no estaba a cargo de la investigación porque integra el tribunal de juicio-, recibió huevazos, fue golpeada e insultada.Luis Campos indicó que la solicitud de aplicar la ley en forma armónica con la realidad social actual, también tiene relación con una situación que se suscitó a raíz de declaraciones del fiscal de Cámara de Concepción del Uruguay, Diego Young, quien reprochó que un menor de edad declarado responsable de un crimen haya sido dejado en libertad, ocasión en la que fue imputado de otro delito grave. En esa oportunidad, el fiscal criticó la actuación del Ministerio Público de la Defensa, pero el Defensor General, Maximiliano Benítez, aclaró que el organismo a su cargo había interpuesto un habeas corpus para que el menor en cuestión no permaneciera alojado en una celda común, en violación a tratados internacionales de Derechos Humanos, pero nunca solicitó que el joven fuera dejado en libertad sin asistencia de ningún tipo."En ese caso aparentemente alguien interpretó, en forma errónea, que a ese menor de edad había que dejarlo en libertad. La idea del Colegio fue hacer hincapié en estas cuestiones, porque la ciudadanía está sensibilizada con la inseguridad por lo que no debemos cometer errores, ni abogados ni funcionarios judiciales. y si se comete alguna equivocación habrá que subsanarla", explicó el titular del colegio profesional."Son errores que cuestan muy caro en una sociedad sensibilizada", acotó Campos, quien recalcó que el mensaje no está dirigido exclusivamente a jueces y funcionarios sino "a todos los operadores del Poder Judicial, incluidos los abogados" que ejercen la profesión de modo independiente.Del mismo modo, en la propia declaración, el Colegio reconoció la "complejidad universal del fenómeno de la inseguridad", como así también que "su solución no depende solamente del Poder Judicial. Sin embargo, recalcó que "para combatir la inseguridad es necesario contar con instituciones fuertes y respetadas por la sociedad, cultivando solo la sujeción a la ley y al elemental cumplimiento del deber, que es lo único que evitará las crisis institucionales y morales que en gran medida contribuyen a la inseguridad".
