"Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento de licencias para integrantes de la magistratura y empleados del Poder Judicial, así como la nota presentada por la Asociación Judicial de Entre Ríos [AJER], el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) dispuso establecer el período de la próxima feria judicial de invierno, entre el 13 y 24 de julio inclusive", comunicó el Poder Judicial el lunes por la mañana, e inmediatamente despertó el rechazo del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER). “Creemos que los jueces deben escuchar a la sociedad y no tomar posturas en pos de una minoría. Hay que terminar con ciertos privilegios y ponerle el hombro a la crisis, con mayor razón aquellos que son funcionarios públicos”, aseguraron desde el CAER. Desde la entidad que nuclea a los abogados matriculados en Entre Ríos, expresaron el rechazo a la realización de la feria de invierno de forma normal, sin escuchar el pedido oficial del CAER y sin considerar que en Entre Ríos estuvieron suspendidos los plazos procesales más de 70 días, lo que generó demoras e inconvenientes en la mayoría de los fueros y también mucho descontento social, afirmaron los letrados. “La Justicia es un ‘servicio esencial’ y no debe tomarse vacaciones, menos en el marco de la Emergencia Sanitaria. Los poderes judiciales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Tucumán y La Pampa, lo entendieron así y suspendieron la feria de invierno para garantizar un servicio pleno de justicia para toda la sociedad”, enfatizaron. Además, la medida va en contramano de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entre los fundamentos por los cuales decidió suspender la feria de invierno destacó que ‘es necesario redoblar los esfuerzos para afrontar las particulares circunstancias de este tiempo’, dice la resolución”. “Los jueces supremos entrerrianos parecieran desconocer la grave situación institucional y económica que atraviesa el país y la provincia como consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19, la que será superada con el esfuerzo de todo cumpliendo cada uno la función que le corresponde en este momento”, aseveraron en un comunicado enviado a esta Agencia. Luego recordaron que desde el día 13 de marzo de 2020, el sistema de Justicia ha funcionado sólo 45 días, reduciéndose dicho plazo en ciudades como Colón y Paraná, donde hubo “transmisión del virus por conglomerados”. “No hay fundamento alguno para impedir el ejercicio profesional y garantizar el servicio de justicia, cuando la actividad judicial se realiza con la presentación de escritos electrónicos y las tareas de los jueces, magistrados y personal puede efectuarse de la misma manera”, dijeron.
