Abogados de todo el país entregaron una carta dirigida a los 72 senadores nacionales, en la que advierten sobre las "graves falencias jurídicas" que tiene el proyecto de legalización del aborto, y alertan sobre la alta litigiosidad que vendrá ante la aplicación de la norma.Letrados y juristas de distintas jurisdicciones y con diversas orientaciones políticas coincidieron y se unieron en la petición de "velar por el imperio del Estado de Derecho a través del respeto de la Constitución nacional" y, bajo ese espíritu, reclamaron a los representantes de las provincias que el proyecto "sea revisado con la seriedad y profundidad que caracteriza al Senado".En la misiva, de cinco páginas, los firmantes expresan que es fundamental que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se expida sobre el proyecto. Este mismo pedido fue transmitido por carta a los gobernadores y ministros de Justicia provinciales.En el escrito se fundamenta la advertencia y se desgranan las inconsistencias del proyecto con media sanción que, sostienen, "pretende ser presentado como una despenalización del aborto cuando, en realidad, constituye una legalización amplísima, de carácter gratuita, a ser impuesta en las provincias a través del Código Penal, y avasallando derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional". El aborto requiere reformar la Constitución
Foto German García Adrasti
Los especialistas en Derecho aseguran que el proyecto "viola de forma clara y evidente la letra del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (CADH), que expresa que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida", y el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, que resguarda "el derecho intrínseco a la vida" de todo menor de edad, y que en el caso argentino, se extiende a todo niño "desde el momento de su concepción".Los juristas insisten en afirmar que "el Congreso no puede sancionar una norma de rango inferior que viole de forma tan clara normas de jerarquía superior", y cuestionan los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 y 16 del proyecto de ley, entendiendo que "tienen la insólita ambición de crear un derecho único en la historia parlamentaria argentina".
