Agmer reclamó al Estado garantías constitucionales
En el texto, se señala que “tal política inhibe el libre ejercicio del derecho a huelga que asiste a los trabajadores, al tiempo que afecta el carácter alimentario del salario”.
El documento fue elevado en la Legislatura y en la Gobernación y será entregado también al Superior Tribunal de Justicia. “La persistencia del conflicto demanda una expresión genuina del todos los poderes del Estado, que restablezca los derechos afectados y haciendo efectivo ejercicio de la independencia de poderes”, sostuvo el secretario de Prensa de AGMER, Luis Fernández.
En ese sentido, precisó: “lo que se necesita aquí es una resolución del conflicto y esto implica el compromiso de todos los estamentos del Estado, dejando de lado expresiones que indican que los reclamos de los trabajadores son de exclusivo ámbito de negociación con el poder Ejecutivo, involucrando en este concepto la vulneración de los derechos laborales, los cuales son innegociables”.
El gremio sostuvo que “el apropiamiento indebido del Gobierno de Entre Ríos, de los haberes no pagados a los empleados estatales por días de huelga, queda en el terreno de la expropiación. Algo habrá en el silencio que el Gobierno guarda respecto de los destinos de esos fondos, presupuestados para el pago de sueldos y que hasta ahora no ha informado su redestino”.
El gremio recordó en el documento que el artículo 24 de la Nueva Constitución de Entre Ríos expresa de manera directa: “El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo”. Según “la versión del Boletín Oficial (15/10/2008), prologada y con encuadre temático del Dr. Marciano Martínez este art. se corresponde con el Derecho a la alimentación y a un ingreso mínimo”.
“En la situación que analizamos, el mismo Estado, que está obligado constitucionalmente a asegurar ese derecho, es el brazo ejecutor del cercenamiento, a través de la única política- por lo menos manifiesta en las acciones- que tiene el Poder Ejecutivo Provincial para con los trabajadores estatales: el descuento de haberes por hacer uso del Derecho Constitucional de huelga”.
“Habida cuenta que el salario de los empleados públicos, tiene carácter insustituible que garantiza este derecho fundamental: el alimentario, cuyo propósito es garantizar la subsistencia –mínima por cierto- de los trabajadores y sus familias, es que sin esa correlativa garantía, el derecho de huelga carece de contenido y esencia. Entonces, declamar el respeto hacia un derecho constitucional y al mismo tiempo aniquilarlo normativamente y penalizar su ejercicio, atenta contra la garantía que dicho derecho conlleva, sin la cual el derecho (exigir una justa retribución) queda sin chances de cumplimiento”.
“Es inadmisible la conducta del Gobierno de Entre Ríos, impropia en un Estado democrático de derecho, porque en sucesivas acciones apuntó a neutralizar el derecho de huelga, mediante la intimidación del trabajador estatal ante una ejemplar actuación administrativa y las consiguientes sanciones desplegadas desde los ámbitos oficiales. Conducta a todas luces ilegal e intimidatoria”, señala el texto enviado a los tres Poderes.
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