Hoy tuvo lugar la primera audiencia de conciliación obligatoria entre el gobierno provincial y los sindicatos docentes, la cual tuvo lugar en la sede del Juzgado del Trabajo N° 1 de Paraná, a cargo de la juaza Gladys Pinto. Nuevamente, Agmer rechazó la propuesta oficial. El 15 de noviembre habrá una nueva audiencia. El gobierno presentó una propuesta similar a la ya rechazada por los gremios mayoritarios, con una única modificación consistente en el adelantamiento del pago del Código 029 (compensación por traslado), incrementándose un 20% a partir de octubre. Dicha propuesta fue inmediatamente rechazada por los representantes de Agmer "por no contener las demandas que fueran aprobadas por el Congreso de la entidad", expresaron desde el sindicato. Las mismas consisten en: 1) Cumplimiento del punto 2 del Acuerdo Paritario firmado el 22 de mayo con relación a que ningún trabajador quede por debajo del índice inflacionario. 2) Equiparación del Código 029 con el aumento en el precio del combustible. 3) Plena vigencia del Decreto 1318/96 y derogación de los Decretos 97/18 y 384/18. 4) Pago efectivo y retroactivo a diciembre de 2017 del 1,3% adeudado del acuerdo salarial de dicho año. 5) Devolución de lo descontado por los paros. Por otro lado, también quedó expresado desde Agmer el pedido para que los incrementos que se otorguen tengan carácter acumulativo y que se pague la remuneratividad del incentivo docente. Sin acuerdo, la jueza fijó una nueva audiencia para el jueves 15 de noviembre a las 08.30. En representación del gobierno estuvieron presentes la presidente del CGE, Marta Irazábal, y los miembros paritarios Néstor Grifoni, Rita Nievas, Marisa Massa y Gastón Etchepare. Por Agmer, lo hicieron el secretario General, Marcelo Pagani, la Secretaria Adjunta, Ana Delaloye, el Secretario Gremial, Guillermo Zampedri, y el miembro paritario Juan Carlos Crettaz, acompañados por la asesora legal Verónica Fischbach. Además, fueron parte de la reunión los representantes de AMET, así como también los abogados Daniel Cottonaro y María Cristina Federik, por la Defensoría General y la Fiscalía de Estado respectivamente.
