Ahora se habla de federalismo fiscal

En la provincia de Urquiza, el caudillo que enfrentó a Rosas por los recursos de la aduana de Buenos Aires, retornó la discusión sobre el reparto de los impuestos federales, luego de doce años de mutismo impuesto por el poder central. Marcelo Lorenzo  Salvo algunas pocas Provincias, como los casos de Córdoba y San Luis, que en la última década no se alinearon políticamente al poder central, ningún distrito provincial hizo planteos públicos por las rentas fiscales al mandamás de turno de la Casa Rosada.En este último pelotón estuvo Entre Ríos, la tierra que fue cuna del federalismo en el siglo XIX. Parece obvia la razón por la cual no se escucharon aquí planteos de esta índole: el gobierno entrerriano era del mismo color político (kirchnerismo) que el central.Mientras el poder político fuera monocolor, y eso garantizase el envío seguro (aunque discrecional) de fondos desde la Nación hacia la Provincia, no era "políticamente correcto" hablar de un tema largamente postergado: la coparticipación federal.La discusión por el reparto de los recursos fiscales no se dio estos años  -y los legisladores entrerrianos practicaron el mutismo en este tópico- pese a que dos circunstancias sí lo justificaban.Por un lado, en la última década tuvo lugar la valorización mundial de la mayor parte de nuestra producción agroalimentaria, lo cual abrió posibilidades inéditas para el desarrollo del interior.En lugar de aprovechar la abundancia de recursos fiscales provenientes de la venta al exterior de los bienes producidos en las provincias, para establecer un reparto a tono con la organización federal del país, las administraciones provinciales dejaron que el poder central expropiara a su favor esas rentas.Algunas voces, desde la oposición, reclamaron desde el llano que se estaba reconstituyendo el modelo unitario. Así como en el pasado los recursos se encadenaban al mítico Puerto, todos los recursos, provenientes del interior mediante la apropiación de la renta agrícola, iban a parar al bolsillo del poder central.Pero el partido gobernante (kirchnerismo-peronismo) prefirió mantener el statu quo fiscal. Usó argumentos de todo tipo para justificar  -con la anuencia de la mayoría de los gobernadores- que la administración central apelara a impuestos no legislados o distorsivos, como la inflación y las retenciones a las exportaciones.Nada nuevo bajo el sol, como  dice en la Biblia. En efecto, en  su escrito "Las dos políticas", de 1866, Olegario Víctor Andrade apuntó: "Buenos Aires ha querido desde 1810 mantener en sus manos el comercio exterior, y en sus cofres el producto de las rentas que él produce".  Las guerras civiles del siglo XIX mostraron que detrás de la discusión económica se escondían proyectos de poder. Fue así que algunas Provincias optaron por el federalismo, en lucha desigual contra un centralismo que aunque a veces se declamaba federal sólo pretendía expropiar rentas fiscales, entre otras razones para "disciplinar" la rebeldía del interior.El control de la Caja -como en el pasado sucedía con la Aduana de Buenos Aires- da andadura a los proyectos hegemónicos, de suerte que quien monopoliza los recursos puede así captar voluntades de Provincias y municipios, haciendo añicos los sueños federales de construcciones autonómicas locales.Había otra circunstancia, de carácter constitucional, para normalizar en estos años la relación fiscal Nación-Provincias. La Constitución Nacional de 1994 estableció que se debía dictar una Ley de Coparticipación Federal dentro del año de promulgada dicha Carta Magna.Pero este mandato ha dormido, hasta aquí, el sueño de los justos. Conclusión: otra oportunidad perdida para el federalismo. La necesidad tiene cara de hereje Resulta que desde diciembre último el federalismo fiscal, devenido en tema tabú de buena parte de la dirigencia provincial, irrumpió en el discurso público de muchos hombres políticos, hoy gobernadores e intendentes en la oposición, que en los últimos doce años eran partidarios del statu quo fiscal.La razón es muy simple en el caso de Entre Ríos: el gobierno provincial no pertenece al mismo grupo político que el gobierno nacional, efecto de las últimas elecciones generales.Las nuevas circunstancias políticas, producto del cambio en la relaciones de fuerzas operado en las urnas, pone sobre la superficie lo que se mantenía en secreto y oculto: la precariedad fiscal y financiera de la Provincia.Nada que no hayan sabido los que, desde el llano, miraron todos estos años la verdadera naturaleza de la distribución de impuestos: la altísima dependencia del presupuesto provincial respecto de los fondos nacionales, una patología unitaria que se convalidó en el tiempo.En estos años,  el Consejo Económico de Entre Ríos (CEER), a través de publicaciones periódicas sobre la realidad provincial, utilizó todo tipo de adjetivos - "preocupación" e "inquietud", por caso-, para advertir sobre el hecho de que aproximadamente el 70% del gasto provincial (empleados públicos, remesas a municipios y obra pública) se viene financiando con recursos del gobierno central, el grueso de los cuales son "transferencias discrecionales".Nada se hizo todos estos años para corregir esta dependencia que objetivamente convierte a la Provincia en indigente o en una agencia del gobierno central y a su gobernador en empleado del titular del Ejecutivo Nacional.Esto es lo que hubiera corregido una discusión abierta y leal, en la última década, de la Ley de Coparticipación Federal, que ahora vuelve a ser reflotada por gobernadores peronistas que se ven obligados a lidiar con un gobierno de otro signo político.Visto que ahora no tienen garantizado un flujo "preferencial" de fondos desde la Nación, estos mandatarios desempolvaron el discurso del federalismo fiscal, una causa que se remonta a los orígenes de la organización nacional, en el siglo XIX, donde parecía que había quedado sepultado.Desde el punto de vista pragmático está bien que lo hagan;  y esto porque  hoy casi ninguna provincia argentina puede hacer frente a gastos corrientes (pago de sueldos) sin el concurso de la chequera nacional.Este es el corolario de un modelo de concentración de los recursos fiscales en el Ejecutivo Nacional durante los últimos 12 años, hasta aquí mansamente consentido por políticos que, ahora en la vereda de enfrente y en situación de debilidad, reclaman por estos días para que se revea.La palabra "gobernabilidad", meneada por mandatarios y legisladores que exigen un trato igualitario a la Nación, encubre en realidad la debilidad de administraciones indigentes, que además empiezan a "sincerar" sus números, como el déficit fiscal y la deuda pública.La práctica presupuestaria recurrente del gobierno entrerriano en el último tiempo, ante la persistente brecha entre ingresos y egresos, ha sido emitir Letras del Tesoro (deuda) para financiar gastos corrientes, entre ellos el pago de sueldos.Por eso hoy no sorprende que el nuevo ministro de Economía Hugo Ballay haya salido a blanquear la situación. En declaraciones a la prensa admitió que, al 31 de diciembre de 2015, el total de la deuda provincial consolidada es de 13.000 millones de pesos y que la mayor parte de la misma tiene vencimiento en los próximos 24 meses. Desde el fondo de la historia Luego de apasionados conflictos y colisiones sangrientas, el país adoptó el sistema federal. Sin embargo, con el tiempo, el esquema se tergiversó.Las provincias armaron el país. Algo que costó muchas vidas. La guerra civil entre unitarios y federales, durante el siglo XIX, fue trágica.A la Entre Ríos de Justo José de Urquiza le cupo un papel protagónico en la constitución de la "organización federal" del país. Para eso tuvo que vencer a Juan Manuel de Rosas, que representaba el poder hegemónico de la época."Rosas pone trabas a fin de que Buenos Aires sea la aduana de toda la República y las provincias sean tributarias perpetuas", se quejaba el caudillo entrerriano.Así explicaba la clave económica del decreto del 1° de Mayo de 1851, conocido como "Pronunciamiento", por el cual la provincia reasumió las facultades inherentes a un Estado soberano, desafiando al poder rosista.Tras la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, Entre Ríos alcanzó el máximo protagonismo histórico en el país. Urquiza convocó luego a la Convención Constituyente que en Santa Fe sancionó la Constitución de 1853.Esa Constitución estableció un gobierno representativo, republicano y federal. Pero estos ideales no han cuajado en la realidad, al menos como lo imaginaron sus redactores.En el plano fiscal, el federalismo fue pensado originariamente como un mecanismo mediante el cual las provincias, estados históricos fundantes del Estado nacional, debían recaudar y luego financiar al gobierno federal.Según los tratadistas, este concepto sufrió un duro revés con el golpe de Uriburu, en 1930, época de auge de los fascismos en Europa.Ese gobierno de facto impuso un curso inédito a la recaudación: el conjunto del país debía mandar sus tributos al poder central, y éste lo "coparticiparía".Pero el sistema no ha cumplido su razón de ser, y más bien ha sido una tapadera para ocultar el avance del centralismo económico. Ni siquiera el país se ha puesto de acuerdo, como se ha dicho, en los criterios devolutivos de rentas a las jurisdicciones generadoras de los recursos impositivos.Al explicar las razones por las cuales la clase política no se atreve a tocar el asunto, el economista Juan Llach especula que además del obvio interés que tiene el poder central de mantener las cosas como están, algo similar pasa en las comarcas.Y esto porque "ha resultado funcional al sostenimiento de las clases políticas provinciales, -en algunos casos verdaderas oligarquías- echar sobre las espaldas de la Nación la responsabilidad de recaudar".Los gobernadores, ¿estarán dispuestos, acaso, a cambiar el actual régimen impositivo y que las Provincias asuman el costo político de recaudar y coparticipar a la Nación?¿Acaso las autoridades comarcales no se sienten más cómodas en su papel de delegados administrativos del poder central, a costa de la dignidad federal?Al menos hasta ahora tanto la Nación como las Provincias parecen beneficiarse mutuamente del statu quo unitario, en un país cuyo federalismo es retórico.