Ahora sí Urribarri quiere reclamar la coparticipación

Firmó un acuerdo ante la Presidenta por el cual se dejan sin efecto los desestimientos de reclamar el 15% de la coparticipación. El gobernador había sostenido otra posición política para ingresar en el Programa Federal de Desendeudamiento de las provincias."Entre Ríos podrá reclamar a la Justicia por los fondos coparticipables", se hizo saber este miércoles desde la oficina de prensa del gobierno provincial.Fue luego de que Sergio Urribarri firmara en Buenos Aires "acuerdo complementario" al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias por el cual, entre otras cuestiones, se echa por tierra finalmente con los desestimientos de reclamar a la Nación por ese concepto, condición para la inclusión en ese pacto fiscal para la refinanciación de deudas.Te puede interesar: Carlos Melconian será presidente del Banco NaciónEse "acuerdo complementario" se redactó tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hace lugar a los reclamos de Santa Fe, San Luis y Córdoba y declara inconstitucional la retención del 15% de los fondos de coparticipación que hace Nación para fortalecer el Anses. Concretamente, el apéndice habilita el reclamo de las provincias participantes por los fondos detraídos en función de la aplicación cuestionada.El Gobernador firmó el acuerdo ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández y el ministro de Economía, Axel Kicillof. También ordena al Estado Nacional -que el 10 de diciembre pasará a ser conducido por Cambiemos y por Mauricio Macri como presidente- que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a la Provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.En su decisión, la Corte recuerda que la reducción pactada en el "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" del 12 de agosto de 1992 -ratificado por la ley nacional 24.130- fue prorrogada sucesivamente mediante diversos pactos intrafederales de la misma naturaleza. Una vez vencidos esos compromisos, el Estado Nacional extendió a partir del 1° de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo artículo 76 hoy es declarado inconstitucional.AcatamientoPor esta decisión judicial el Estado Nacional deberá: a) cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días; b) devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan fijando un plazo de 120 días para que las partes acuerden la forma en que el Estado Nacional reintegrará las sumas debidas a las provincias.En el acuerdo complementario devenido luego del fallo de la CSJ, el Estado nacional habilitó la posibilidad de que los estados provinciales realicen su respectivo reclamo ante el Poder Judicial.Así se lee en el instrumento legal suscripto por Urribarri: "Déjanse sin efecto los desestimientos que la provincia hubiera realizado de la acción y del derecho respecto a litigios y/o reclamos relacionados con la impugnación constitucional del art 76 de la ley 26078 y de los artículos 1°inc a) y 4° del Decreto 1399/01 a través de convenios celebrados en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, aprobado por Decreto 660/10".Roles y posturasLa posición de Urribarri, hasta aquí, fue la contraria. En términos políticos puso en la balanza su relación con la Nación y lo que ese factor habría redundado en beneficios para la provincia.También tuvo una posición ambivalente Jorge Busti respecto del tema. Como dirigente político de la oposición a Sergio Urribarri y al gobierno nacional se presentó para ser parte en el caso bajo la figura de Amicus Curiae y sostuvo enfáticamente la justicia del reclamo de las provincias. No fue su postura como gobernador, entre 1995 y 1999 y entre 2003 y 2007 en los que siguió rigiendo la retención de fondos por parte de Nación.