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Amarras no llegará a la Corte Suprema

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El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por Julio Majúl bajo patrocinio de Luis Leissa, Selva Chesini y Ana María Angelini. De esta manera, no podrán recurrir a la Corte Suprema de la Nación.

 

ElDía accedió al texto completo del fallo judicial que resuelve denegar la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto.

Además, los vecinos de la ciudad deben asumir las costas legales del proceso, tanto de primera instancia (local) como la apelación al Superior Tribunal de Justicia (provincial).

En el fallo se expresa: “En la ciudad de Paraná, Capital de  la  Provincia de Entre Ríos, a los 27 días del mes de abril  de 2016, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de  Procedimientos Constitucionales y Penal del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. Carlos Alberto Chiara Díaz y los Vocales Dres. Daniel Omar Carubia y Claudia Mónica Mizawak asistidos por la Dra. Noelia V. Ríos fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "Majúl, Julio  Jesús C/ Municipalidad de Pueblo General  Belgrano y otros S/ acción de amparo ambiental".

Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. Carubia, Chiara Díaz y Mizawak.

Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué corresponde resolver?

A la cuestión planteada el señor vocal Dr. Carubia, dijo:

I.- El actor, Julio Jesús Majúl, abogado, bajo patrocinio -Dres. Selva Chesini, Ana María Angelini y Luis Leissa-, interpone recurso extraordinario federal respecto de la sentencia dictada por la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos -de feria- el 14/1/16 (fs. 784/791), que resolvió acoger los recursos de apelación interpuestos por la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la empresa Altos de Unzué S.A. y rechazar la acción de amparo deducida.

II.- Las argumentaciones esgrimidas por las partes en la sustanciación del recurso articulado, pueden sintetizarse del siguiente modo:

II.1.- Abre el planteo impugnativo la actora con su relato de los antecedentes del caso, refiriendo -en prieta síntesis- que inició la presente acción de amparo -con tratamiento de amparo colectivo- (fs. 1/7 y 10/11, ampliada a fs. 496/511vta.), con motivo del emplazamiento de un Barrio Náutico en la margen del Río Gualeguaychú denominado Amarras del Gualeguaychú , propiedad de Altos de Unzué S.A. , lindero con la reserva Puerto Unzué , denunciando que afecta  el valle de inundación del río Gualeguaychú, no obstante su minimización por parte de la Dirección Provincial de Hidráulica y de la propia empresa, alegando que provoca la modificación y/o alteración del curso natural del río Gualeguaychú en violación a la restricción impuesta por el art. 1975 del CCyC de la Nación, asimismo que no existe proyecto de saneamiento de efluentes cloacales propios, afecta sensiblemente a Puerto Unzué y el Plan Forestal alternativo no es eficaz, aclarando que ha sido objeto de cuestionamiento por la Municipalidad (debe deducirse que se refiere a la Municipalidad de Gualeguaychú) y, ante el Ministerio de la Producción de la Provincia de Entre Ríos, vía recurso jerárquico de apelación, la Resolución de la Secretaría de Medio Ambiente Nº 340/15 exigiendo la suspensión de sus efectos lesivos a intereses y derechos legítimos de los ciudadanos de Gualeguaychú, su revocación y la denegación de la aptitud ambiental del proyecto, al tiempo que se dispongan las medidas de reparación tendientes a restablecer el ambiente afectado.

 

Requerimientos de informes

Señala que oportunamente se requirió informes al Municipio de Pueblo General Belgrano, Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y a la empresa Altos de Unzué S.A., y se citó como tercero involucrado al Municipio de San José de Gualeguaychú, haciéndole lugar preventivamente a la medida cautelar que paralizó las obras y, citada la población, mil ochocientas personas se mostraron a favor del reclamo, habiéndose resuelto hacer lugar a la acción a fs. 634/676, ordenando el cese de las obras del proyecto Amarras del Gualeguaychú y condenando en forma  solidaria a los demandados -Altos de Unzué, Municipalidad de Pueblo General Belgrano y Gobierno de la Provincia- a recomponer el daño ambiental producido en el término de noventa (90) días, bajo apercibimiento de transformar dicha obligación en una indemnizatoria, provocando esta decisión la actividad recursiva de los tres demandados, que apelan la sentencia con éxito, toda vez que la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del S.T.J. de Feria -previo dictamen del Ministerio Público Fiscal- resolvió, en concordancia con el postulado del MPF, hacer lugar a los recursos, revocar el fallo en crisis y rechazar la acción de amparo promovida, fundando su decisión en el dictado por parte del Gobierno Provincial del Decreto Nº 258, que suspende la eficacia del certificado de aptitud ambiental (Res. 340), encontrándose pendiente un procedimiento sometido a la autoridad administrativa, que dispuso evaluaciones técnicas de incumbencia ambiental a través de organismos especializados, y habiéndose dispuesto que la suspensión se mantenga hasta la realización de un nuevo estudio (con eventual intervención de la Facultad Regional Concepción del Uruguay dependiente de la UTN), no existiendo peligro inminente que autorice obviar la vía administrativa ya iniciada, razón por la cual se decide declarar la inadmisibilidad del amparo, ante el estado de pendencia de la resolución administrativa.

Afirmando que se hallan satisfechos los requisitos formales -que enuncia- de admisibilidad del recurso, señala la tempestividad de su presentación y la oportuna introducción de la cuestión federal, anunciando que el Recurso Extraordinario se deduce conforme el art. 15 de la ley 48 y se trata de cuestiones federales en los términos del art. 14, Ley 48, incs. 1, 2 y 3, refiriendo al mismo tiempo a la arbitrariedad admitida por la CSJN como subsumida en el art. 14 de la Ley 48. Aduce comprometidos derechos humanos básicos a la salud y el agua potable conforme principios sentados en la causa Kersich y resoluciones CDH y Naciones Unidas, citado en ella, generando perjuicios de difícil e imposible reparación ulterior -con cita de fallos-, calificando la sentencia recurrida como arbitraria y absurda, con grave afectación a las disposiciones de los arts. 16, 17, 18, 31 y 41 C. Nacional; y 8 de la Conv. de Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) a través del art. 75 inc. 22de la CN, por lo que encuadra en el art. 14, incs. 1, 2 y 3.

 

“Una parte privada y dos municipios”

Agravia a su parte que se diera relevancia para decidir el rechazo de la acción de amparo deducida, a la existencia de un expediente administrativo en trámite ante la Secretaría de Ambiente, no obstante reconocer la compleja situación que involucra una persona jurídica privada y dos municipalidades, relevando los temas técnicos involucrados, el cuestionamiento por la Municipalidad de Gualeguaychú del Certificado de aptitud ambiental (Res. Nº 904) y que la resolución habilitante para la construcción del Proyecto Amarras (Nº 340 de la SA) fue suspendida por Decreto Nº 258 del Gobernador de la Provincia el 18/12/15, determinando así que no existe un peligro inminente que autorice a obviar la vía administrativa ya iniciada .-

Afirma que no son atendibles tales fundamentos frente a derechos de incidencia colectiva resguardados por el art. 240 del CCyC y 41 CN, no siendo la materia Contencioso Administrativa ajena al Amparo y reprocha la autolimitación realizada por el STJ, considerando que implica desatender su deber de vigilancia de la razonabilidad y legalidad de la actuación de los otros poderes del Estado, surgiendo palmaria su necesidad, toda vez que, a través de la autorización (Res.Nº 340) otorgada por la Secretaría de Ambiente, se provocaron daños de casi imposible reparación, arrasando con el principio precautorio del art. 5º de la Ley 25675 y omitiendo considerar el art. 62 Ley 8369, 4º C.N. y 22, 56, 83 y 85 C.P, atacando la decisión del 14/1/16 porque hubiera podido frenar un abuso de derecho en un caso de indudable repercusión social , recrimina al fallo que retaceara sus facultades judiciales de contralor, calificándolo como inconvencional, inconstitucional y esencialmente injusto y descalifica el argumento del riesgo del deambular simultáneo en sede judicial y administrativa por el que se omite resolver cuestiones que cabe sean resueltas por la justicia.

Fustiga duramente la remisión dogmática al Expediente Administrativo, aseverando que mantener la primacía del trámite administrativo vulnera lisa y llanamente el derecho a una tutela judicial efectiva en un claro caso de flagrancia constitucional, reproduciendo su crítica al procedimiento llevado a cabo en dicha órbita, así como el reiterado incumplimiento por parte de la empresa constructora Altos de Unzué a los límites y recaudos impuestos en el marco del mismo, atribuyendo al poder administrador complacencia e incapacidad para someter a derecho a un ente privado a los mínimos estándares ambientales, lo que motivó la interposición de esta acción, habiendo sido ello valorado por el juez de primera instancia, señalando que la Empresa recurrió a la teoría de los hechos consumados, apostando a vencer por cansancio y resignación a los vecinos que protestan, analizando  la incidencia de la Res. 258/15 dictada por el Gobierno de Entre Ríos, que suspendió la eficacia del Certificado de aptitud -condicionado a la realización de estudios técnicos-, pero continúa sin expedirse sobre la Obligación legal de realizar la evaluación de impacto ambiental (EIA) impuesta por Decreto Nº 4977/09.-

Establece la directa relación de la afectación ambiental con derechos constitucionales, afirmando que hay dos grupos sociales en pugna, y uno de ellos -el de Gualeguaychú-, puede verse severamente afectado en cuanto al acceso al agua potable, por lo que se está frente a un interés directo que justifica el amparo, como única vía apta para prevenir y no tener que caer en la indeseada y tardía indemnización, señalando por lo demás la imposibilidad de hacer una proyección sobre sequías, crecimiento poblacional y diversas variables de producción de alimentos e industrias, habiéndose obviado el estudio de impacto acumulativo que impone la Ley de Aguas de la Provincia, y remarca su visión sobre los efectos que provocarán al cauce del río si se le quita agua para un puerto privado de recreación, aumentará la velocidad de aguas arriba para compensar la faltante, por lo que, vinculándolo con doctrina del caso Kersich , concluye que se está ante un pronunciamiento definitivo, que afecta derechos de índole federal que justifican la intervención de la Corte Federal, ante la existencia de daños producidos -no eventuales-, por quien ha actuado ilegítimamente sin contar con estudios previos, contando con una administración tolerante, con afectación a miles de personas, por lo que solicita a la Corte Suprema deje sin efecto el fallo del 14/1/16 y confirme el fallo del Juez de Primera Instancia de Gualeguaychú, que hizo lugar al amparo.-

II.2.- En las antípodas de esta posición, al contestar el traslado corrido (fs. 817/822vlto.), el Presidente Municipal de Pueblo General Belgrano, Mauricio Germán Davico, previo relato de los hechos -identificando la sucesión de presentaciones en las diferentes instancias de todas las partes del proceso-, postula la inadmisibilidad del Recurso Extraordinario Federal, desarrollando diversos fundamentos. Cuestiona el carácter de sentencia definitiva o equiparable y, evaluando si la sentencia en crisis se expide sobre el fondo de la cuestión y tiene virtualidad de agotar la jurisdicción del Tribunal, responde negativamente, recurriendo al art. 18 de la Ley de Procedimientos Constitucionales -Cosa Juzgada- que analiza, avanzando con cita de Fallos de la CSJN. En relación a la invocación de arbitrariedad, gravedad institucional, por desconocimiento de garantías constitucionales, aduce que constituyen agravios hipotéticos y conjeturales, sin que estudios serios lo demuestren, señalando que por tal motivo se dictó la Res. 258 el 18/12/15, con intervención de un organismo de jerarquía científica indiscutible para pronunciar un dictamen en plazo perentorio sobre impacto ambiental de la obra, señalando asimismo que la CSJN no considera en principio definitiva la sentencia de rechazo del Amparo porque deja subsistente la vía ordinaria.-

Recurre al art. 3º, inc. a, de la Ley de Procedimientos Constitucionales, para afirmar que se da en el caso dicha causal de inadmisibilidad, partiendo del análisis de Falta de Agotamiento de la vía y Falta de madurez para el caso, postulando la falta de actualidad del caso, y descalifica la acusación de exceso ritual manifiesto por parte del Tribunal sentenciante, defendiendo la legitimidad de su accionar -que vuelve a repasar- afirmando que las autorizaciones o permisos de obra dependieran de la Secretaría de Medio Ambiente sustentable de la Provincia.-

Desacredita la aplicación al caso del precedente Kersich , por considerar que se trata de un supuesto inverso, así como la procedencia de la vía elegida por la complejidad de cuestiones involucradas, por lo que concluye solicitando se declare inadmisible el Recurso Extraordinario deducido.-

II.3.- Por su parte, los apoderados de la Municipalidad de Gualeguaychú, Mariano Fiorotto, Gustavo Razetto y Alcira María Martín (fs. 823/831), expresan su adhesión al recurso de la actora, solicitando se tengan por reiterados los argumentos de su memorial, haciendo hincapié en la consideración de la sentencia sobre la complejidad de la situación planteada entre una empresa privada y dos municipalidades, en las que intervienen autoridades administrativas, señalan que el actor no es parte en las actuaciones administrativas y que el suyo es un reclamo reflejo al deducido por su parte -que ha sido citada como tercero al proceso-. Analiza la sentencia que tacha de arbitraria por exceso de rigorismo formal, demostrado en un exacerbado apego a la letra de la ley, que lo hace declinar de su rol de justicia en defensa de garantías constitucionales, criticando lo caprichoso de la sentencia, atendiendo a ciertos enunciados que aplica mecánicamente sin considerar las excepciones que debería hacer por la trascendencia y magnitud de la cuestión ambiental que no admite dilaciones por tratarse de derechos colectivos de toda la sociedad, del curso de un río, del manejo del agua y protección de un valle de inundación, atacando la decisión porque implica una renuncia conciente a la verdad objetiva, con lo que se configura la arbitrariedad. Afirma que no se dan los presupuestos del art. 3º y recorre las actuaciones administrativas que -afirma- no pueden enderezarse, enunciando un listado de normas (19) incumplidas o soslayadas, dividiéndolas en locales, provinciales, nacionales y supranacionales, concluyendo que este cúmulo de normas, configura una causal de excepción del inc. a) del art. 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales presentándose las circunstancias especiales que tornan ineficaz e insuficiente la vía administrativa.-

Asimismo señala la equívoca valoración del Dec. 258 GOB del 18/12/15 al considerar que no existe peligro inminente que autorice apartarse de la vía administrativa iniciada, pero no valora las diferentes pretensiones de uno y otro, toda vez que el Amparo fue promovido para lograr el cese de las Obras del Proyecto Amarras, pero también para que se condene a la empresa Altos de Unzué a recomponer el daño ambiental provocado con su proyecto y, si bien la Res. 258 suspende los efectos de la Res. 340, aún está pendiente de decisión el Recurso de Apelación jerárquico deducido por su parte, pidiendo su revocación, es decir la revisión del certificado de aptitud ambiental a Altos de Unzué que, si se resolviera negativamente, todo volvería a fojas 0, por ello expresa su coincidencia con el magistrado de primera instancia -que se expide sin perjuicio del dictado de la Res. 258-, razón por la cual solicita se revoque el fallo del STJ y confirme el de primera instancia en cuanto hace lugar a la acción de amparo.-

II.4.- Al contestar el traslado, el Fiscal de Estado, Dr. Julio César Rodríguez Signes, postula la inadmisibilidad e improcedencia del Recurso Extraordinario Federal deducido, planteando como cuestión preliminar la inexistencia de sentencia definitiva en los términos que exige la Ley 48, por tratarse la sentencia dictada de cosa juzgada formal, quedando subsistentes las acciones y recursos que correspondan -art. 18, LPC-, no dándose en el presente los extremos evaluados por la CSJN para habilitar su revisión -agravios de imposible o dificultosa reparación ulterior, presencia de arbitrariedad manifiesta, injustificado rigor formal, vulneración del debido proceso-, remarcando asimismo que el actor no introdujo el caso federal al incoar la acción -como sí lo hizo su parte-, falseando su declaración al afirmar lo contrario (pto. III -requisitos formales-) por lo que debe ser desestimado sin más trámite.-

Destaca que los agravios expuestos, no encuadran en los supuestos habilitantes del remedio excepcional, toda vez que versan sobre cuestiones de hecho y de derecho público provincial, de procedimiento y administrativo local, no existiendo un acto administrativo del Poder Ejecutivo que resuelva la cuestión de fondo, sino un acto administrativo precautorio Decreto Nº 258 GOB que suspende los efectos de la Res. Nº 340 S.A., a fin de realizar nuevos estudios y evaluación sobre el impacto de la obra en cuestión en el marco del procedimiento administrativo -inconcluso-, pretendiendo instalar la materia de debate en la CSJN imponiendo un per saltum a través del poder judicial, recurriendo a la teoría de la División de Poderes y Autonomía institucional, analizando la normativa provincial en el marco de la cual debe ser resuelta la problemática planteada por el Poder Ejecutivo, no por el Poder Judicial, no verificándose ilegitimidad manifiesta de su accionar ni la supuesta violación al derecho al medio ambiente que invoca el actor, no habiendo probado, por lo demás, la directa relación de la sentencia del STJER atacada, con sus derechos, volviendo sobre la idea que en definitiva, por sus  alcances, el Decreto Nº 258 GOB hace lugar -como medida precautoria- a la pretensión objeto de la acción y la decisión del Gobernador sobre el fondo de la cuestión aún se encuentra pendiente, pudiendo oportunamente obtener la tutela judicial efectiva deseada, transcribiendo párrafos del fallo en crisis para afirmar que no existe caso justiciable.-

Vuelve a destacar la falacia vertida por el actor sobre la interposición y reserva del Caso Federal, que no se formuló oportunamente, afirmando el actor que en este caso se subsume en el supuesto de sentencias arbitrarias, lo que descalifica analizando el contenido y decisión del fallo del S.T.J. -con transcripción de párrafos del mismo-, afirmando que no existe falta de motivación o exceso de rigorismo en la sentencia, menos aún apartamiento u omisión de la normativa aplicable, suficientemente respaldado y fundado en pautas objetivas y razonables que expelen toda posibilidad de tildar la sentencia de irrazonable o arbitraria, advirtiendo sobre la falta de relación directa e insuficiencia del memorial de agravios, que se presentan incongruentes e insuficientes para sustentar el remedio federal intentado, no logrando conmover los sólidos fundamentos del pronunciamiento en crisis; agrega que no basta una mera invocación de arbitrariedad o que una decisión se repute errónea según la óptica particular del recurrente, adecuada a su propia posición, en orden a temas no federales, pues su procedencia requiere un inequívoco apartamiento de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación -extremos que no se observan ni acreditan en el caso particular- y lo contrario provocaría una extensión de la jurisdicción de la Corte habilitándole a revisar todas la decisiones judiciales que se dicten en el país con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Cita el fallo MOIA del STJ y vuelve sobre la postulación de ausencia de acto administrativo ilegítimo, afirmando la inexistencia de causal de gravedad institucional -toda vez que la cuestión no es federal constitucional, sino puramente provincial, no afecta a instituciones de la Nación ni a la ciudadanía, tratándose de una cuestión compleja sobre un proyecto de urbanización que requiere de mayores estudios sobre sus impactos, los que están siendo tutelados debidamente por el Poder Ejecutivo y los técnicos idóneos- remarcando que el recurrente no ha introducido reserva del caso federal por ningún supuesto, menos aún por esta última causal, y concluye solicitando el rechazo del recurso extraordinario incoado, con costas.-

II.5.- Identificados con esta posición, los Dres. Alejandro Daniel Brioso y Edgardo Daniel Garbino, apoderados por Altos de Unzué S.A. (fs. 844/849), contestan traslado e interesan la denegación del recurso por resultar manifiestamente inadmisible, afirmando que no existe sentencia definitiva, para lo cual analizan el alcance de la decisión de rechazo del amparo con cita de fallos de la Corte, indicando que tampoco existe agravio federal ni arbitrariedad, critican que el amparista habla de daño cierto acreditado, atribuyendo tales afirmaciones a meras elucubraciones teóricas, sin sustento técnico ni científico, ni prueba objetiva alguna, descalificando la alegación de ausencia de tutela judicial efectiva , así como la temeraria afirmación sobre la preeminencia del poder económico sobre el poder administrador, asumiendo que la condena revocada por el STJ estaba viciada por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, siendo arbitraria.-

Por lo demás, tampoco se trata de una cuestión federal conforme arts. 14 y 15 de la Ley 48 que, además, debe ser suficiente, sustancial y trascendente, y en relación a la arbitrariedad debe ser estrictamente excepcional, siendo que en la presente el actor reproduce los argumentos de la primera instancia, omitiendo impugnar fundamentos decisivos del fallo de Sala, al que acusa de apartarse del rol de vigilancia de la legitimidad y razonabilidad de la actuación de otros poderes y plantea como agravio la existencia de daños ya verificados pero no aporta la más mínima prueba, no pudiendo conceder un recurso extraordinario que cuestiona lo secundario, no los sostenes esenciales del fallo en crisis, analizando con cita de Fallos de la CSJN el incumplimiento del 14 y 15 y asevera que al pretender echar mano de la doctrina de la FTJE pretende ingresar a una cuarta instancia de revisión de cuestiones de hecho y prueba, por lo que concluye solicitando el rechazo del REX con costas.-

II.6.- A su turno, el señor Procurador General de la Provincia, Dr. Jorge A. L. García, emite su dictamen (fs. 851/852vlto.) señalando que el actor recurre a la doctrina de la arbitrariedad -que reviste carácter excepcional y sólo procedería a un acto puro de poder -, ante la disconformidad que le provoca la decisión jurisdiccional contraria a su postura, destacando que se limita a reproducir su descripción de los derechos que entiende conculcados, particularmente el vinculado al ambiente, ignorando las razones vertidas en sus dictámenes y en el fallo sobre la improcedencia de la vía excepcional del amparo, citando jurisprudencia para concluir que no se  verifica un quebrantamiento grosero y torpe de garantías constitucionales  que abra la vía Federal, sino que se realiza una interpretación sobre el alcance y procedencia de la acción de amparo de la Ley 8369, cuya definición debe concluir en la jurisdicción provincial, toda vez que se revoca la sentencia por la causal de inadmisibilidad prevista en el art. 3º incs. a y b de la LPC, acotando que -tal como se afirma en el fallo- no es posible que se transiten simultáneamente las vías judicial y administrativa porque se distorsiona su sentido esencial, razón por la cual propugna la denegación del recurso extraordinario interpuesto en autos.-

III.- Ingresando al análisis de la cuestión traída es necesario, en primer término, verificar si la impugnación deducida en autos reúne los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario federal intentado con arreglo a las disposiciones previstas en los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48.-

En ese sentido, debe acotarse que la vía elegida por el recurrente, es de naturaleza excepcional, de aplicación restringida y circunscripta a la existencia de "cuestión  federal". Así, el citado art. 14 limita esta impugnación a las sentencias definitivas emanadas de Superiores Tribunales de Provincia, cuando en ella pueda verse plasmada alguna de las situaciones previstas en cualquiera de sus tres incisos. Es decir, que el objetivo fundamental del recurso extraordinario federal es afirmar la supremacía de la Constitución Nacional; lo que esté fuera de este ámbito, como las normas de derecho común o de fondo, las normas de derecho procesal local, o casos que versen sobre cuestiones de hecho, en principio, su aplicación, interpretación y tratamiento compete a los tribunales ordinarios resultando, por ello, materia excluida del tratamiento de esta impugnación extraordinaria, salvo supuestos de arbitrariedad o gravedad institucional; por lo demás, la cuestión federal debe ser planteada en la primera oportunidad posible y sostenida en todas las instancias, desde que tanto la aceptación como el rechazo de las pretensiones debatidas en juicio, constituyen hechos previsibles y la finalidad de tal reserva es conferir a los jueces de la causa oportunidad para ponderar la cuestión y juzgar la relación existente en su posible dimensión y el derecho constitucional cuya eventual valoración se invoca.-

> Sin embargo, en el sub examine, si bien se impugna en tiempo legal una sentencia definitiva del máximo Tribunal local, contrariamente a lo consignado a fs. 800/vta. (carátula; art. 2º, Ac. Nº 4/2007) y en el desarrollo argumental (fs. 803) respecto de la supuesta introducción de la cuestión federal, lo cierto y concreto es que tal reserva no se ha efectivizado. En relación a este punto esencial, se impone destacar la grosera falacia en que incurre el recurrente al identificar la foja (fs. 690) en que habría formulado tal reserva, toda vez que la presentación a la que remite tal referencia (fs. 687/690) corresponde a un escrito que no fue presentado por su parte, sino por los apoderados de la Municipalidad de Gualeguaychú -citada como tercero al proceso-, cuya postulación si bien se identifica con la del recurrente frente a la cuestión planteada, mantiene una independencia de actuación que fue objeto de alegación por ambas partes, no pudiendo su previsión, repercutir en un beneficio para la actora que omitió la oportuna introducción y mantenimiento que impone la normativa en la materia.-

En efecto, la actora omitió toda referencia al iniciar la acción (fs. 1/9), tampoco mencionó la cuestión al ampliar la demanda (fs. 496/511) -no obstante haber llegado a esa instancia tras una serie de vicisitudes que lo deberían haber alertado sobre la conveniencia de su introducción- y, si bien formuló una escueta referencia al presentar los escritos de fs. 422/424 y 470/472, ambos fueron alcanzados por la declaración de nulidad dictada mediante sentencia de esta Sala del 23/11/15 (462/463), desperdiciando finalmente una nueva oportunidad de formular la reserva del caso federal -circunstanciada y conectada con los preceptos constitucionales que aduce violentados-, al presentar el memorial que autoriza el art. 16º de la Ley Nº 8369 (fs. 694/697vlto.) en el que se limitó a propiciar la confirmación de la sentencia del a quo que hizo lugar a la acción promovida, omitiendo toda referencia concreta y específica a la cuestión federal que invoca formalmente recién al presentar este recurso extraordinario en examen, invocando los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48 y el 116 de la Constitución Nacional, aduciendo que las cuestiones debatidas en el proceso colectivo, afectan derechos garantizados por los arts. 41 y 43 de la Carta Magna y tratados internacionales como el PIDESC (art. 1, incs. 1 y 2) en una genérica referencia a la sustentabilidad de los recursos, y la afectación al agua, el aire y la tierra, pretendiendo con esta invocación la habilitación del acceso a la Corte -sin siquiera intentar establecer la directa conexión entre los fundamentos y decisión del fallo que pone en crisis y los derechos constitucionales que aduce conculcados, así como la vigencia de tal afectación-, lo que en modo alguno satisface el presupuesto de oportuno y eficaz planteo de la cuestión federal que pretende, toda vez que, si bien el mismo no exige fórmulas ni términos sacramentales (cfme.: CSJN, Fallos, 228:603; 306:399; 306:979, entre otros) su correcto planteamiento, base del recurso extraordinario, necesita imprescindiblemente de la mención concreta del derecho federal que se estima desconocido y los fundamentos de su conexión con la materia del pleito, requisito que no se cumple en el presente, toda vez que al haber guardado absoluto silencio sobre la cuestión durante todo el desarrollo del proceso, esta improvisada referencia -como conector ineludible para acceder a la CSJN-, no logra satisfacer mínimamente ese requisito elemental de la procedencia formal del especial recurso que se pretende interponer, siendo criterio del Máximo Tribunal Nacional que el recurrente no puede eximirse de cumplir en forma mínima con los requisitos establecido en la Ley Nº 48 (Fallos 286:290).-

Sin perjuicio de ello, corresponde advertir que el planteo impugnativo articulado no exhibe la configuración de un supuesto de "cuestión federal", habida cuenta que el agravio sobre el que gira toda su argumentación impugnativa no pasa de traducir la disconformidad del actor por haberse arribado a una decisión contraria a su pretensión, sustentada en normas de derecho público local (Ley de Procedimientos Constitucionales de Entre Ríos), cuya interpretación es una facultad privativa del Superior Tribunal de Justicia en su carácter de máximo intérprete de la normativa provincial, quedando vedada su revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salvo invocación y comprobación de arbitrariedad, supuesto -como se verá- ajeno a la impugnación en examen.-

Además de ello -que exhibe autonomía suficiente para descalificar la admisibilidad de la impugnación en examen-, es necesario poner de resalto que el libelo recursivo carece por completo de una crítica razonada de los reales fundamentos que sustentaron el fallo atacado, evidenciando que nunca interpretó ni asimiló el recurrente las peculiaridades que caracterizan a los recursos extraordinarios, que no constituyen la vía de acceso a una nueva instancia ordinaria de mérito ante la cual se pueda someter a conocimiento y decisión el originario planteo de su parte y sin lograr ésta demostrar, más allá de su genérica alegación, el apartamiento de su contenido de las reglas lógicas o una carencia de fundamentación tal que impida considerarlos como acto jurisdiccional legítimo (cfme.: C.S.J.N.; Fallos, 272:139, 3063:1306) y, por lo demás, no logra enunciar un solo agravio que, más allá de una mera disconformidad con el fallo, revele una eventual hipótesis de arbitrariedad en el pronunciamiento impugnado, respecto del cual sólo dogmáticamente declama tal viciosidad, sin demostrar en qué concretamente consistiría la misma.-

IV.- Por consiguiente, no emergiendo de los argumentos motivantes del recurso deducido la objetiva configuración de supuesto alguno de procedencia de los contemplados en las disposiciones del art. 14 de la Ley Nº 48 ni de los creados pretorianamente por el Alto Tribunal Federal, es evidente que la impugnación así articulada se revela inadmisible, correspondiendo denegar su concesión e imponer las costas de la incidencia a la parte actora/recurrente vencida.-

Así voto.-

A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CHIARA DIAZ expresa su adhesión al voto del Dr. CARUBIA.-

A su turno la Señora Vocal Dra. MIZAWAK manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-

Con  lo  que  no siendo para más, se dio por  terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia: Fdo: Dr. Carlos A. Chiara Diaz - Dr. Daniel O. Carubia - Dra. Claudia M. Mizawak.

Sentencia y vistos:

Por los fundamentos del acuerdo se resuelve: Denegar la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto, con costas de la incidencia a la actora/recurrente vencida.-

Protocolícese,  notifíquese y, en estado bajen.-

Fdo: Dr. Carlos A. Chiara Díaz - Dr. Daniel O. Carubia - Dra. Claudia M. Mizawak. Ante mí: Noelia V. Ríos, Secretaria. Es copia fiel de su original. Doy fe.

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