La comisión vecinal del barrio que fue pionero en el reclamo por los desechos industriales del Parque Industrial criticó duramente a las autoridades de las instituciones locales. Ayer, Ariel Destéfano, presidente de la Codegu, viajó a Perú para recibir el reconocimiento al PIG por su política de "sostenibilidad". Desde las páginas de ElDía, se dio a conocer la noticia de que el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG) y la Corporación del Desarrollo serían distinguidos por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) en Lima, Perú. La distinción -que se hará efectiva el jueves- tiene que ver con el aporte de las instituciones locales al fomento de los parques industriales sostenibles. En el Congreso Internacional para la Promoción de Parques Industriales Sostenibles, que se realizará en la Universidad del Pacífico, en Lima, se reconocerá a la entidad local por la participación como parque piloto en Argentina, "cuyos resultados contribuyeron a cumplir con los objetivos del proyecto y servirán para ampliar el impacto en futuros proyectos", según dice la invitación oficial. En este marco, la comisión vecinal del Barrio Don Pedro, quien junto al Foro Ambiental y otras organizaciones de la sociedad civil pusieron de manifiesto los perjuicios generados por los desechos industriales del PIG que son volcados al río Gualeguaychú, y a través de un comunicado titulado "El cinismo de Codegu-PIG no tiene límites", denunciaron la situación. "Toda industria busca generar ganancia, lo cual nos parece perfecto. Además, emplea gente. Eso también nos parece perfecto. Ahora bien, toda actividad económica está regulada, existen leyes de distintos niveles con el objetivo de controlar el impacto nocivo que pudieran tener. Para hacerlas sustentables con la vida de las personas y el ambiente", expresan las primeras líneas del documento al que accedió ElDía. "El que se lleva la ganancia de dicho proceso debe solventar los costos (de la sustentabilidad del mismo) como parte de los demás costos de producción. Esta sencilla y racional cuestión parece que no la han integrado aún en su cultura los empresarios y la Codegu. En vez de eso, han decidido algo más sencillo: hacérselos pagar al pueblo de Gualeguaychú, en la calidad de sus arroyos, de su río, en la salud de la población", denunciaron los vecinos que todavía continúan soportando los fuertes olores provocados por los desechos industriales a escasos metros de sus casas. "Así, sistemáticamente desde hace 40 años, el PIG vierte ilegalmente, fuera de toda reglamentación ambiental, sus efluentes industriales y cloacales en una cañada -la cañada Melgar-, la cual carece de caudal propio. Ésta, luego de su pestilente y contaminante recorrido, desemboca en el arroyo Gualeyán y de allí al río Gualeguaychú. Esta situación (tal como ya detallaba la ordenanza 10372 de 1999) supone un riesgo para la toma de agua de Obras Sanitarias Municipal y para las zonas de playas y recreación del río", alertaron. Denuncia en marchaPor otra parte, la comisión vecinal del barrio lindero al Parque Industrial se refirió a la denuncia de un vecino que llegó a la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA) -organismo de la Justicia Federal especializado en el tema-, desde donde, ante las pruebas recabadas y "al constatar el ilegal vertido de efluentes decidió radicar una denuncia penal contra el PIG por delito ambiental, denuncia que tramita desde la semana pasada en la justicia local"."Mientras en Perú son felicitados de 'sostenibles', la Justicia Federal argentina los denuncia por contaminación. A todo esto se agregan otras prácticas ilegales apañadas por la Codegu, como el vertido de efluentes industriales en pluviales públicos o el emblemático caso RPB Baggio, empresa que desde 1998 hasta febrero de 2016 vertió sus efluentes en un campo privado, obviamente sin ningún control y por fuera de toda reglamentación", manifiesta el comunicado. Por último, en línea con el resto del documento, los vecinos sostienen que lo único "sostenible" en todos estos años "es la contaminación" y "el aprovechamiento para ganancia propia por parte de los industriales, quienes ahorrándose los costos de un debido y legal tratamiento y disposición de sus efluentes lo han hecho pagar desde hace muchos años al pueblo de Gualeguaychú y a su ambiente. Y obviamente su contracara, el desgobierno de la cuestión ambiental por parte del Estado".
