Amore: “El delito de amenazas puede implicar hasta 4 años de prisión”

La jueza Florencia Amore dialogó con Cero y Bolazo Stream, y se refirió a las investigaciones en curso por las amenazas de tiroteos en escuelas de Gualeguaychú y remarcó la gravedad de los hechos, al sostener que “acá se está investigando un delito, no son cosas de chicos”.

En sus declaraciones, explicó el encuadre legal y el rol de la Justicia en este tipo de casos: “Los menores de 16 años no son punibles por ningún delito. En este sistema acusatorio, la investigación está a cargo de los fiscales y los jueces controlamos las garantías del proceso”.

En ese sentido, detalló que la fiscalía ya intervino ante la denuncia: “Se hizo una presentación en la que se advertía que se investigaba un delito penal, que puede llevar hasta 4 años de prisión, y que consistía en estas amenazas que podían ocurrir a pocas horas”.

Sobre las medidas adoptadas, Amore aclaró: “El fiscal pidió una requisa, algo que consideré invasivo para todos los niños y adolescentes, y entendí como una medida inhibitoria que no ingresen a clases. No hubo decisión de suspensión de clases, hubo una orden de no ingresar al edificio”.

La magistrada insistió en que los hechos deben ser abordados con seriedad: “No se trata de una cuestión doméstica. Acá se aplica la ley penal juvenil. Se están investigando delitos, no son cosas de chicos. Existe riesgo y se debe avanzar en la investigación”.

Además, advirtió sobre el marco legal vigente y los posibles cambios: “Estamos en presencia de una nueva ley juvenil que cuando entre en vigencia prevé que vayan presos adolescentes de 14 y 15 años, independientemente de la escuela a la que asistan. La ley establece que el uso de amenazas tiene penas de 1 a 3 años de prisión”.

Amore subrayó que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial: “Estamos ante una investigación incipiente. Se presume que se trata de una pintada o una convocatoria, pero no se sabe hasta que se investigue. No sabemos si quienes hicieron la pintada tienen acceso a armas o cuáles son sus motivaciones”.

En esa línea, cuestionó la tendencia a minimizar este tipo de situaciones: “No me parece adecuado infantilizar conductas que pueden tener consecuencias graves. No es lo mismo tener un problema con compañeros que cometer un delito penal”.

También hizo foco en el impacto social de los mensajes intimidatorios: “Leer carteles como ‘esta escuela va a ser un cementerio’ tiene que alertar a quienes hacen políticas públicas. No es saludable que padres, docentes y la sociedad minimicen esto, porque es un nivel de violencia importante”.

Respecto del avance de la causa, indicó: “Hasta ahora no hay ningún adolescente punible imputado. El fiscal investiga y, cuando tiene elementos suficientes, puede solicitar medidas al juzgado. Eso todavía no ha ocurrido”.

Por último, explicó el alcance de las decisiones judiciales recientes: “Las amenazas eran para fechas específicas, como el 17 y el 22 de abril, por lo que se dispuso que no se ingrese a los edificios en esos días. Esa medida tuvo efecto y no hubo razones para prolongarla”.

La jueza concluyó que la intervención penal en estos casos debe ser una señal de alerta: “La gravedad de haber llegado a esta instancia tiene que interpelar a los organismos encargados de proteger a niños y adolescentes”.