La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) resolvió la liquidación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), dispuesta por el decreto 1602/09, para que alcance también a los alumnos que concurren a establecimientos privados. La resolución contempla el reclamo que la Defensoría del Pueblo de la Nación le efectuara en febrero pasado, para que implemente con idéntico criterio al aplicado durante el año 2010, la liquidación de la prestación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a los menores que concurren a Establecimientos Educativos de Gestión Privada con subsidio estatal. El Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, señaló: "celebramos esta decisión por la que se va a continuar pagando la asignación por hijo durante este año a aquellas familias cuyos niños vayan a escuelas privadas que sean de bajos aranceles, de manera que esto es un logro de todas las Defensorías y de todas las organizaciones sociales que se han quejado y que han ejercido presión social para obtener este logro"."Es una resolución que hasta este momento estaban en duda, porque no había una decisión definitiva acerca de si se iba a continuar pagando durante este año esa asignación a quienes concurrían a escuelas privadas. Bueno, efectivamente sí se va a continuar pagando", aseguró.El funcionario viene reclamando, desde abril de 2010, a las autoridades nacionales que implementen los mecanismos que consideren necesarios para ampliar los alcances de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, con el objeto de incluir a los niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, cuyo grupo familiar perciba otro tipo de subsidio o prestación asistencial sea nacional, provincial o municipal, como así también a quienes concurran a distintos establecimientos educativos de gestión privada.En su recomendación aseguró que la distribución de la Asignación Universal por Hijo no podía basarse en la concurrencia a una escuela de gestión pública o privada sino que debía encontrar fundamento en la situación socio-económica que atraviesa el grupo familiar y, en consecuencia, la condición de vulnerabilidad social en que se encuentre la niña, niño y/o adolescente.
