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Antes de fin de año podría abrir el Juzgado Federal en Gualeguaychú

Sólo resta la instalación de la red de comunicación informática y luego la aprobación del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia para la apertura del primer Juzgado Federal de Gualeguaychú. Su responsable, Hernán Viri, confirmó a ElDía que es muy posible que esto suceda antes de fin de año.

Actualmente a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Concepción del Uruguay, Viri indicó que todo el equipamiento informático ya está en Gualeguaychú, en el edificio ubicado en calle San Martín 877, donde funcionó durante varios años la oficina de la Administración Federal de Información Pública (AFIP), y sólo resta que los expertos realicen la instalación del servicio.

Luego de ello será sólo cuestión de tiempo para que se ordene el funcionamiento del tan esperado Juzgado Federal en Gualeguaychú. En primer lugar deberá ser el Consejo de la Magistratura quien conceda el permiso para luego tener la autorización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Viri no supo precisar una fecha estimada para la apertura porque hay un trámite burocrático que se debe aguardar, pero se animó a predecir que es muy posible que todo suceda antes de fin de año. A sólo dos meses de culminar el 2019, la instalación del soporte informático podría cumplimentarse durante noviembre y en diciembre se otorgarían las autorizaciones para la entrada en funcionamiento.

El Juzgado Federal para Gualeguaychú fue un proyecto iniciado por el senador Nacional Guillermo Guastavino, presentado en 2012, que tuvo su aprobación en la Cámara de Diputados dos años después. Pero la burocracia política fundamentalmente, y la falta de fondos para la puesta en marcha, demoró otros años la puesta en marcha.

Este Juzgado servirá para aliviar el trabajo de otros juzgados entrerrianos de índole Federal, como ser los dos existentes en Concepción del Uruguay, y atenderá todos los fueros. En lo penal, donde se concentra la mayor parte del trabajo judicial, deberá hacer frente a las causas por narcotráfico, trata de personas, falsificación, contrabando y otros delitos en los que no tiene competencia la Justicia Ordinaria.

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