Anulan otra sentencia de Vivian, que tiene como damnificada a víctima de un atraco
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Sergio José Berra había sido absuelto en 2016 del delito de estafa procesal. Ahora Casación anuló esa sentencia y habrá un nuevo juicio. El caso tiene como víctima a Rosalía Delia Abelleyra, la mujer de 76 años que murió en 2014 en circunstancias hasta ahora no esclarecidas.Berra había sido absuelto por el beneficio de la duda en noviembre de 2016. El Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, presidido por Alicia Vivian, entendió que no había pruebas suficientes para responsabilizar al contador por "Estafa Procesal Consumada en concurso ideal con Falsedad de Instrumento Privado".A Berra se le había imputado que el 30 de septiembre de 2009, un año después de que muriera el esposo de la damnificada, de haber falsificado un pagaré por 350 mil pesos y reclamarle a los herederos el pago. El pagaré había sido completado en distintos momentos, variando el implemento escritor y la autoría, al cual se le adicionó esta cifra desproporcionada en relación a la supuestamente pactada. Además, la firma de Rosalía Delia Abelleyra resultaba visiblemente apócrifa, con características de falsificación por imitación, según la prueba pericial que intentaba inducir a error al Magistrado Civil y causar a la demandada un perjuicio económico. Nota relacionada: A un año del asesinato de Abelleyra, el caso parece estar condenado a la nada Los jueces de Casación, Marcela Badano, Gustavo Pimentel y Marcela Davite, coincidieron que el fallo de Gualeguaychú tiene una fundamentación que "resulta errática y remata con un razonamiento totalmente sorpresivo e incorrecto" y que la solución "resulta absolutamente arbitraria"."Debe disponerse entonces la nulidad de la sentencia, no sin antes dejar de hacer una consideración general y necesaria: el caso es muy grave, no sólo por la historia de sus actores, implicados y damnificados, sino porque atenta contra la misma Administración de Justicia, incluye mucho dinero en juego, y debió entonces haber merecido muchísima atención en el examen de la prueba y en su resolución, sea cual fuera el resultado al que se llegaba -condena o absolución", esbozaron los magistrados en Paraná."No es una estafa menor a un particular: se trata de utilizar a un juzgado civil para ejecutar un pagaré falso, por una cuantiosa suma, e insistir con su prosecución -a pesar de haberse descubierto la falsía del pagaré-, defraudando además a personas cuya capacidad estaba discutida en la misma jurisdicción de Gualeguaychú, en el fuero civil", se agregó en la fundamentación. Nota relacionada: Casación confirmó la condena para la hermana de Pequeña P "La víctima era una persona de edad avanzada, declarada por momentos incapaz por la Justicia, junto con su marido entonces desahuciado -respecto de quienes se había dispuesto su inhibición-, y en un corto período, en el que muere el esposo, Carlos Washington Fernández Guezamburu, y se levanta la inhibición de Abelleyra, se presentó el pagaré motivo de esta causa por estafa procesal, por una importante suma -$350.000, a valores del año 2009-, por los que se embargan sus derechos sucesorios y se dicta sentencia de ejecución".Los camaristas también trajeron a la actualidad los diferentes casos por los que la familia Fernández - Abelleyra fue blanco de distintos hechos delictivos. Se recordó la estafa de Alejandra Atúm, la hermana de Pequeña P, contra la hija de Abelleyra, María Gabriela Fernández, y que la damnificada fue maniatada y golpeada el 1 de octubre de 2010 por delincuentes, muriendo poco después a causa de los golpes recibidos.Otro dato anecdótico que pareciera se pasó por alto en el juicio en Gualeguaychú, cuando Carlos Washington Fernández Guezamburu estaba al borde de la muerte en el Hospital Centenario, legó el 20% de sus bienes a su esposa, por escritura pública, y entre los testigos civiles estaba presente Diego García Sobral, esposo de la abogada de Abelleyra y fiador de Berra, que incluso es el dueño de la casa donde cumplió la prisión preventiva domiciliaria hasta que se celebró el juicio.Por todo esto, la jueza Badano dictaminó anular la sentencia y ante la gravedad de las circunstancias, recomendar la mayor celeridad posible al Tribunal para que, debidamente constituido, lleve adelante el nuevo juicio.
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