Apoyo del Concejo Deliberante a la Marcha
El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó por unanimidad el Proyecto de Declaración de Interés Municipal, convocando el 8 de mayo a la 7ma Marcha al Puente General San Martín, organizado por la Asamblea Ciudadana Ambiental, "en el marco del reclamo sostenido desde el 2003 por la instalación ilegal de la empresa "Botnia-UPM".Se instó al Departamento Ejecutivo Municipal a adoptar "todas las medidas necesarias para respaldar la realización de esa convocatoria" bajo el lema "Por la vida de todos: escuchemos la naturaleza".
En tanto, ratificaron "el compromiso de este Concejo Deliberante hasta obtener la relocalización de la empresa "Botnia-UPM", por tratarse de un emprendimiento efectuado en violación a Tratados internacionales y afectar por su carácter contaminante todo el bio-sistema del río Uruguay".En los considerandos, se expresó que la movilización "tiene por objetivo ratificar el pedido de relocalización de un emprendimiento pastero que afecta claramente a nuestro medio ambiente".
Entre las obligaciones del Estado municipal "se encuentra la de ejercer 'la policía higiénica y sanitaria', que contempla -entre otras- todas las dirigidas a remover las causas que pudieren producir epidemias, estragos, las sustancias que resulten nocivas para la salud, adopción de medidas para la desinfección de las aguas y remover aquéllos establecimientos que se juzguen incompatibles con "la seguridad o salubridad públicas" (art. 3 incisos a, b, c, d y e, Ley 3001)".
Esos deberes "se encuadran dentro de la obligación del Estado de garantizar un medio ambiente sano, según establece el art. 41 de la Constitución Nacional".
Los deberes del Estado "se encuadran además en el marco global de lo estipulado por la Ley General de Medio Ambiente N° 25.675 que dispone entre otras medidas la de fomentar la 'participación e iniciativa popular', dentro de todo lo cual se inscribe esta marcha que desde la sociedad civil, a través de una 'organización no gubernamental', lucha por objetivo que el Estado debe respaldar de manera irrenunciable".
En tanto, ratificaron "el compromiso de este Concejo Deliberante hasta obtener la relocalización de la empresa "Botnia-UPM", por tratarse de un emprendimiento efectuado en violación a Tratados internacionales y afectar por su carácter contaminante todo el bio-sistema del río Uruguay".En los considerandos, se expresó que la movilización "tiene por objetivo ratificar el pedido de relocalización de un emprendimiento pastero que afecta claramente a nuestro medio ambiente".
Entre las obligaciones del Estado municipal "se encuentra la de ejercer 'la policía higiénica y sanitaria', que contempla -entre otras- todas las dirigidas a remover las causas que pudieren producir epidemias, estragos, las sustancias que resulten nocivas para la salud, adopción de medidas para la desinfección de las aguas y remover aquéllos establecimientos que se juzguen incompatibles con "la seguridad o salubridad públicas" (art. 3 incisos a, b, c, d y e, Ley 3001)".
Esos deberes "se encuadran dentro de la obligación del Estado de garantizar un medio ambiente sano, según establece el art. 41 de la Constitución Nacional".
Los deberes del Estado "se encuadran además en el marco global de lo estipulado por la Ley General de Medio Ambiente N° 25.675 que dispone entre otras medidas la de fomentar la 'participación e iniciativa popular', dentro de todo lo cual se inscribe esta marcha que desde la sociedad civil, a través de una 'organización no gubernamental', lucha por objetivo que el Estado debe respaldar de manera irrenunciable".
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