APYME responde por la Ley de Hipermercados

OpiniónEn el estado de derecho en que vivimos, y bajo el cual nuestra sociedad está organizada, las leyes se hacen para ser cumplidas, y si hay sectores que se sienten vulnerados, pueden propiciar otras, pero no por eso la ley deja de alcanzarlos como a todos los ciudadanos de este país.El ámbito del Consejo Provincial de Comercio Interior, espacio establecido para debatir la reglamentación de la ley 9393/02, contó con la presencia de referentes del sindicato con quienes se llegó al acuerdo del proyecto de reglamentación que fuera presentado al Gobernador. Está claro que quiénes firman la solicitada del SEC, publicada ayer, no estuvieron entre ésos, pese a haber sido expresamente invitados al debate.Quedó demostrado que la ley 9393 no es inconstitucional, como lo explica el fallo: Autos: N° 5061 - "Coto Centro Integral de comercialización S.A. (Coto c.i.c.s.a.) c/ estado provincial s/ acción de inconstitucionalidad" - y Autos: N° 4496 - "Wal-Mart Argentina S.A. c/ provincia de Entre Ríos s/ acción de inconstitucionalidad".En su solicitada, el SEC de Paraná, se preocupa por el posible cierre de bocas de algunas firmas, pero aún no hemos visto ninguna solicitada, desde hace 30 años, preocupados por la caída de  miles de pymes que el sistema desregulado provocó, y tampoco se hacen eco de la marginalidad permanente e irrecuperable que produce la instalación de los megamercados.De todas maneras lo que dice la ley es claro y preciso: aquéllas grandes superficies que están habilitadas a la fecha no podrán habilitar nuevas bocas sin atenerse a la ley. No está diciendo que las existentes deberán cerrar. La ley no puede ir contra la ley: la legislación es vigente desde su sanción, no retroactiva.Ningún sector, y menos en esta realidad de crisis que sí sufrimos, supone cerrar nada de lo instalado. No es ése el espíritu que nos anima. Pero sí pretendemos defender el potencial crecimiento de las economías regionales, de la voracidad extranjerizadora y monopólica, que las pauperiza a cada paso.Estos dichos desde la dirigencia del sindicato remiten a un estilo de control social que históricamente ha dado resultados a los poderosos: el uso del miedo para  disminuir la potencia, y así disfrazar decisiones que, en definitiva, terminan siendo en desmedro de los reales intereses de sus propios representados.También se desprende de estas declaraciones que negociar con unas pocas grandes empresas da mejores resultados para los dirigentes que discutir con el grueso de  los sectores para lograr una convivencia justa y de progreso para todos.Plantear como burocracia los pasos imprescindibles para proteger el bien común por encima de los privilegios individuales no solo es perverso sino imbécil. El bien común es lo que nos permitirá continuar existiendo.Es evidente que no tienen idea de lo conocido como discriminación positiva, esto que permite poner en igualdad de condiciones frente a la ley  a los sectores más vulnerables para permitir su progreso, en este caso,  brindar más eficientes y mejores servicios, calidad y precios. Son políticas de avanzada que intentan sacarnos de las rígidas estructuras que están establecidas en beneficio de los sectores dominantes.Si sabemos, y es indiscutible, que las pymes son las generadoras del más del 89% de empleo genuino, ¿cuál sería el resultado negativo para esta ecuación al aplicar la ley 9393?La explosiva afirmación de los despidos no es la realidad que vive en armonía hoy la Ciudad de Concepción del Uruguay donde se aplican los horarios dominicales en acuerdo entre todos los sectores, incluidos las mismas cadenas instaladas allí.Volvemos a  repetir, la ley no es inconstitucional, en ninguno de sus artículos.Las conclusiones a las que arriban confunden y preocupan pero, queda claro, no están basadas en argumentos reales. ALFREDO CAÍNO                      MANUEL GABÁSSecretario                               Presidente