&nbsp;Luciano Peralta&nbsp;&nbsp;Casi en soledad, hace dos años el abogado Ricardo Luciano viene llevando a cabo una difícil y desigual lucha. El problema es la instalación de cada vez más empresas areneras en la zona del delta entrerriano para proveer a Vaca Muerta, la gran apuesta del Gobierno Nacional para la producción no convencional de gas y petróleo (fracking).&nbsp;Falta de controles, de estudios de impacto ambiental, depredación de la arena y el agua, y hasta una empresa (Cristamine S.A.) que opera y multiplica cifras millonarias con la habilitación vencida hace cinco años y sin ningún tipo de control. &nbsp;El fallo del juez Alberto Adrián Welp, vocal de la Sala N°2 de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, viene a respaldar las denuncias de Luciano, quien se involucró con el tema en 2020, siendo abogado de la&nbsp;Cooperativa de Agua de Ibicuy.Primero, en octubre de ese año solicitó información sobre el tema a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, pero la repuesta no llegó, por lo que interpuso un recurso de amparo y lo ganó en la última instancia de la Justicia provincial, el Superior Tribunal. De esta manera, la Cartera de Ambiente debió darle acceso a todos los expedientes administrativos de las areneras, más de 30, entre las empresas que extraen y los barcos areneros.En el marco de otra acción de amparo promovida por Luciano, para que “se cumplan las leyes que se están incumpliendo”, en sus palabras, el pasado 11 de abril se conoció la sentencia que lleva la firma de Welp. La misma le da 45 días al Ejecutivo provincial para que “evalúe el estado legal de las habilitaciones de&nbsp; las areneras situadas en el Delta entrerriano, vigencia de certificados de aptitud ambiental y cumplimiento de todos los demás requisitos que exigen las leyes y, de acuerdo a lo que se verifique, decida la adopción de las medidas actuales que la protección del ambiente demande, debiendo interpretarse la selección de esas disposiciones administrativas conforme los principios desarrollados en la sentencia (prevención, precaución, pro natura, entre otros)”, dispone la sentencia.&nbsp;ESTE ES CONTENIDO EXCLUSIVO: PARA LEER LA&nbsp;NOTA COMPLETA TE INVITAMOS A SUSCRIBIRTE

“Desde el punto de vista técnico el fallo es impecable, son 46 fojas en las que se respalda la denuncia hecha por nosotros, respaldada con jurisprudencia y doctrina, y se rechaza la contestación de la Fiscalía de Estado. Además, la prueba que presenté está fundada en inspecciones realizadas por la misma Secretaría de Ambiente, en donde se constata, por ejemplo, que la arenera La República, de Cristamine S.A., está trabajando con el certificado de aptitud ambiental vencido desde el 2017”, remarcó Luciano.&nbsp;En este sentido, el fallo remarca el “alto incumplimiento en materia ambiental” de la “inspecciones a los sitios de explotación”, en el marco de un “crecimiento exponencial de la actividad extractiva de arenas en suelo y agua”.&nbsp;Como explicó el propio Luciano, en una nota con ElDía, en enero pasado, Entre Ríos es la provincia argentina que mayor cantidad de arena silícea provee a Vaca Muerta, pero “la mayoría de las areneras que hoy están operando no ha hecho la audiencia pública que establece la Ley General de Ambiente, ni tienen el seguro ambiental. Hoy, el negocio es de 600 millones de dólares de lo que los entrerrianos no vemos nada, porque no pagan impuestos, no se les cobra el agua que extraen y se les arregla los caminos para los camiones de carga”.“Las areneras están sacando agua de lo que se conoce como formación Isla Talavera, y consumen, entre todas, ocho veces lo que todo Ibicuy en el mes. Ya empezamos a tener problemas en la Cooperativa de Agua porque está aumentando el hierro y eso es, indefectiblemente, por estas actividades”, indicó el denunciante, como lo viene haciendo hace varios meses bastante en soledad.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2022/04/arena.jpg" alt="ARENA"></figure>Dichas actividades consisten, básicamente, en la extracción de enormes cantidades de arena en crudo,&nbsp;su traslado en camión a una planta de tratamiento, allí se mezcla con los millones de agua que también se extraen a diario, y se procesa para ser separada la arena de silce, que es la que se utiliza para el fracking en Vaca Muerta.&nbsp;“Otro problema de todo ese proceso es que el agua es desechada, no va a los piletones de decantación para se tratada y reutilizada, como establece la normativa. Esto está tapando arroyos y generando inundaciones en los campos vecinos”, contó Luciano.&nbsp;“Las cuestiones ambientales hay que tratarlas al principio, no hay que esperar que el mal esté hecho totalmente. En este caso, el tema de las arenas tiene un 25, 30 por ciento de lo que va a ser dentro de unos años”, remarcó el denunciante. Al tiempo que destacó, sobre la sentencia de Welp: “El juez invitó al Colegio de Abogados de Entre Ríos para que, como Amicus curiae, de una opinión técnica e imparcial sobre el tema. Analizó el trabajo de las areneras, de las normas que se están incumpliendo y de un montón de irregularidades. Es la primera vez que ocurre en la historia del Colegio de Abogados”.“Lo más grave de todo esto es que la Secretaría de Ambiente, que tendría que ser el órgano que haga cumplir las leyes, no hace lo que tiene que hacer. El gobierno tiene que hacerse cargo de que hace mal su trabajo. Después de esta sentencia, si la secretaria de Ambiente (ingeniera María Daniela García) tuviese un poquito de dignidad tendría que renunciar. Está demostrando la inoperancia, la incompetencia y la complicidad con todo el daño ambiental que se está produciendo”, apuntó Luciano.&nbsp;Se espera para los primeros días de mayo la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, última instancia provincial para ser apelada. De serlo, en el caso deberá intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ocurrió en el caso Amarras del Gualeguaychú.&nbsp;