Aumentan los reclamos de actualización de la cuota alimentaria por la crisis económica

Según las estadísticas que provee en su sitio web el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, de julio a octubre se iniciaron 91 causas referidas a alimentos en Gualeguaychú

En este marco, Daniela Suffardi y Silvia Latorre, abogadas abocadas en derecho de familia, dialogaron con Ahora ElDía sobre cuál es la situación que se vive en la ciudad y señalaron una tendencia particular.

“Lo que hemos notado últimamente es un aumento de incidentes de  cuota alimentaria, es decir que esa cuota que ya estaba establecida no alcanza y se pide un aumento”, explicó Suffardi.

En general, son mujeres las que acuden a las abogadas para pactar un convenio de cuota alimentaria con el padre de sus hijos. Hay casos en los que se resuelve en una mediación, sin necesidad de llegar a juicio, y otros en donde en necesario realizar un proceso de varios meses para lograr que el progenitor pague.

“En principio, como es un reclamo pecuniario, el Código procesal establece que debemos ir por una mediación prejudicial obligatoria. Si comparece la contraparte se trabaja en la necesidad, la pretensión y la oferta y llegamos a un acuerdo o no. En los casos en que no hay un recibo de sueldo y no se puede probar mayores ingresos, los juzgados de Gualeguaychú se están basando en la Canasta de Crianza Básica publicada por Nación, la cual va de acuerdo a la edad del niño, niña o adolescente, para establecer la cuota alimentaria. Se está fijando entre 50 y 70% de esa canasta, que contempla alimentos, servicios, vestimenta, entre otras cuestiones, y nos da un presupuesto estimado de $500.000. No quiere decir que el progenitor tenga que poner ese total, pero tampoco $250.000, porque la mamá cubre el otro 50%, pero también brinda cuidados generalmente en mayor carga horaria, entonces se está ampliando esa brecha de que no sea el 50% de la canasta básica sino un 70% o incluso más. Siempre dependiendo del caso, contemplando necesidades y posibilidades.”, explicó Latorre.

Las abogadas señalaron que incluso el porcentaje que debe abonar el progenitor también puede estar influido en si cumple o no con el régimen de comunicación.

En los casos sencillos, la cuota se fija en la mediación, se presenta para homologar ante el juzgado, luego lo ve el Ministerio de Menores, y se termina con la sentencia de homologación.  Pero en situaciones de gran conflictividad e informalidad laboral todo se vuelve más complejo.

“Es un problema cuando la persona no tiene trabajo en blanco. El Código Civil y Comercial desde 2015 permite que, si el padre no puede pagar la cuota, pueden subsidiariamente responder los abuelos o los tíos por esa obligación, e incluso hay fallos donde se estableció que los debe abonar la actual pareja. Sin embargo, algunas veces no hay tíos ni abuelos o pareja y ahí es donde se optan por medidas alternativas, por ejemplo que se inscriba en el Registro de Deudores. Pero primero se trata de librar oficio a todos los registros y entidades en los que puedan figurar los ingresos o calidad de vida: como el banco, billeteras virtuales, los Registros de propiedad, Arca, para ver si está inscripto de alguna manera, o Anses por si recibe algún tipo de beneficio”, expresó Suffardi.

Nadia Planiscek, responsable de la Dirección General de Asistencia Integral a la Victima del Delito, contó a Ahora ElDía que en la actualidad hay 36 gualeguaychuenses que están inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios.

“En lo que va de 2025 se sumaron cinco y hubo 4 levantamientos, cuatro deudores que dejaron de serlo. No tenemos ninguna mujer de Gualeguaychú dentro del registro”, especificó Planiscek

La ley provincial 9.424 sancionada en 2002 creó el Registro de Deudores Alimentarios de Entre Ríos, y en 2004 a partir del decreto 4.964 pasó a depender del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. En 2005 Gualeguaychú adhirió a la normativa a través de la ordenanza Nº 10789.

En ella, se considera deudores alimentarios a “todas aquellas personas que adeuden más tres (3) cuotas alimentarias consecutivas o más de cinco (5) cuotas alternadas, estas últimas en el período de un año”.

Al respecto, Planiscek señaló que “es muy poco para la realidad de deudores alimentarios. Por eso, queremos poner en valor el registro, que se lo tenga en cuenta. La tarea registral es de un oficio que proviene de los juzgados”.

Y agregó: “Una cosa son los derechos alimentarios, y otro el registro, el registro es meramente registral, no da cuenta de la realidad. El acceso a Justicia es uno de los obstáculos con los que muchas veces se encuentran las personas y, por otro lado, hay otra forma de ser deudor, ya que puede haber un convenio de alimentos ante un juez y no es necesario iniciar un juicio, y que no se esté cumpliendo. Puede haber un montón de deudores alimentarios, lo que no significa que estén en el registro. Lo único que refleja es que hay 36 personas inscriptas de Gualeguaychú”.

Planiscek resaltó que en 2015 hubo un cambio de paradigma y que “los jueces comenzaron a tener facultades más amplias. Antes de eso, cuando la persona no tenía trabajo, ni siquiera intentaba tramitar la cuota alimentaria. Pero a partir de 2015, si el progenitor no tiene empleo deben pagar los abuelos o los tíos, ya que se entendió que los niños tienen prioridad en los alimentos, por eso hay más amplitud probatoria”.

¿Cuál es la situación de Gualeguaychú?

Suffardi y Latorre coincidieron que los 36 gualeguaychuenses que están inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios no refleja la realidad que se vivi en la ciudad.

“Siempre se intenta no llegar a esa medida, se trata de embargar o ejecutar de alguna manera para garantizar el cumplimiento de la cuota. Muchas veces se recurre a otras medidas por la celeridad, porque a esa mamá que está reclamando no le importa que el padre de sus hijos esté inscripto en el registro, sino que necesita que el niño cubra sus necesidades, que sostenga el nivel de vida que tenía cuando convivían los progenitores por ejemplo. La inscripción en el Registro no garantiza el cumplimiento de la cuota alimentaria sino que resulta sancionatorio para el alimentante deudor”, resaltó Daniela Suffardi.

Y su colega agregó: “Ante la denuncia del incumplimiento, muchas veces se termina conciliando conforme a las posibilidades del alimentante (es decir del padre) y no precisamente conforme a las necesidades de los hijos, y eso también implica un bajo porcentaje de inscriptos. En definitiva, la inscripción no resuelve precisamente la necesidad de los hijos, sino que es una consecuencia del incumplimiento y falta de acuerdo”.

Por otro lado, las expertas mencionaron que no sólo se incrementaron los pedidos de actualización de la cuota, sino también la conflictividad en torno a los gastos extraordinarios, que son cuestiones que no se contemplan dentro de la Canasta Básica, pero que hacen a los costos de crianza. Un ejemplo muy recurrente es el viaje de egresados. En estos casos, suele ocurrir que la otra parte se niega a pagar el 50% de estos gastos y deben iniciarse los reclamos judiciales pertinentes.

Sobre la posibilidad de acceso al reclamo de la cuota alimentaria, las abogadas manifestaron que existe el Centro de Acceso a la Justicia, ubicado entre las calles Juan B. Justo y Belgrano, que brinda asesoramiento y filtra los casos de acuerdo a si la persona tiene posibilidades de pagar un abogado particular o debe recibir ayuda de la Defensoría.

“En un momento se brindó un patrocinio gratuito y desde Nación se cubría el bono que se abonaba al abogado para intervenir en la causa y cubrir gastos mínimos. Actualmente ese convenio cayó y no existe ese patrocinio desde el Centro de Acceso a la Justicia”, concluyó Latorre.

Un proyecto para sancionar a los deudores

Esta semana obtuvo media sanción la iniciativa impulsada por la diputada provincial Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), que establece la exclusión de espectáculos culturales y deportivos en los que se cobre entrada, a toda persona inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios de Entre Ríos.

Si se aprueba el proyecto, los municipios que se adhieran a la ley deberán informarán a los organizadores de los eventos de este requisito, quienes tendrán que solicitar al registro la información pertinente. Esta exclusión se sumará a otras consignadas en el registro, tales como la imposibilidad de ser proveedores del Estado provincial, la prohibición para ser concesionarios o funcionarios públicos, entre otra

“Este proyecto no busca castigar”, fundamentó la autora, sino “proteger a las infancias en su derecho de vestirse, comer e ir a la escuela”. El expediente fue votado por unanimidad por todos los bloques políticos.