Bahillo: “hay un cuestionamiento acerca del funcionamiento de la Justicia”

Ayer, la Cámara de Diputados de la provincia, por unanimidad , envió  a juicio político al vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz, por mal desempeño de sus funciones y por el uso indebido de viáticos. El diputado Juan José Bahillo, designado en la parte acusadora, brindó detalles del proceso a ElDía. Estela Gigena El vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Carlos Chiara Díaz,  va a juicio político en un hecho histórico para la provincia, dado que el último se dio a finales del 1800, durante la gobernación de Salvador Maciá (1895-1899), cuando su vicegobernador, Francisco S. Gigena  fue destituido mediante un juicio político. La historia describe el nepotismo del gobernador Maciá, puesto de manifiesto con -entre otros- Leonidas Echagüe y Enrique Carbó (los hermanos Enrique y Alejandro Carbó eran primos de Maciá). Entre los tres, junto con amigos y familiares, manejaron los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en la provincia, como así también la representación en el Congreso Nacional. Fue allí cuando llegó la primera insurrección  proveniente del propio oficialismo, en un movimiento liderado por el vicegobernador, Francisco S. Gigena, quien posteriormente fue destituido."Lo que hay que destacar en la sesión de hoy  es que que se votó por unanimidad y se hizo un dictamen contundente de 74 páginas, donde se demuestra claramente el uso indebido de fondos del vocal Chiara Díaz. Fondos que solicitaba para viáticos, se le da fondos para hacer gestiones ante el Ministerio de Justicia inherentes a su función y esos fondos fueron usados para trasladarse a dar clases, pero también cobraba viáticos de las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Belgrano le pagaba viáticos. También los usó para trámites que tienen que ver con lo personal, como se demostró, que fue a hacer el ADN por un juicio de afiliación que tenía. Asimismo recibió viáticos cuando fue a la embajada de la India por cuestiones que eran meramente personales. Es decir, hubo  un uso indebido de fondos. Centralmente son dos cuestiones: el uso indebido de los viáticos para cuestiones personales y la ausencia en su lugar de trabajo. El mal desempeño", explicó a ElDía el diputado Juan José Bahillo, quien junto a Diego Lara por el bloque del PJ; María Alejandra Viola y Jorge Monge, por Cambiemos, y Ricardo Troncoso por Recuperación Radical, conformarán la parte acusatoria en el juicio político que llevará adelante el senado de la provincia."Ahora el Senado que es la Cámara de juzgamiento determinará si Chiara Díaz va a ser destituido o no", indicó el legislador y aclaró: "acá hay una cuestión que tiene que resolver rápidamente el Senado, en este caso el vicegobernador. La Constitución prevé que tiene que haber una ley que reglamente el proceso de juicio político. Y esa ley todavía no está, como tantas cuestiones pendientes de Constitución. Entonces, hay que redactar un procedimiento donde se tienen que plantear los plazos de acusación, de recusación, para presentar pruebas, para la defensa, una cuestión que tiene que ver con el procedimiento de fondo. Eso será después refrendado por un decreto del Vicegobernador, del Senado, y ahí se establecerá el marco normativo sobre el cual se va a realizar el procedimiento".En cuanto al plazo que tendrá la Cámara de Senadores para dictaminar, Bahillo marcó que serán 90 días para obtener una sentencia. "Estamos todos aprendiendo sobre este proceso, que debemos remarcar, es un juicio de carácter político no jurídico", dijo.-¿Cómo ve que dos representantes de cargos tan  importantes de la Justicia entrerriana, como Chiara Díaz y la misma presidente del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, quienes deben impartir en última instancia la Justicia a todos los entrerrianos, estén hoy en el banquillo de los acusados?- Indudablemente hay un cuestionamiento acerca del funcionamiento de la administración de Justicia. Pero estando en la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Juicio Político, en la Comisión de Acusación debo ser muy prudente. Creo que esto responde a una demanda de la sociedad. A, de alguna manera, la necesidad de poner la lupa sobre las cuestiones políticas, los funcionarios públicos y también en la administración de justicia.