Bahillo y Angerosa, vinculados al escándalo de los contratos truchos

La Procuración General investiga irregularidades que habrían ocurrido entre 2008 y 2018. Los fiscales creen que el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de 1.235 millones de pesos, y que la asociación ilícita viene funcionando de manera ininterrumpida desde enero de 2008 en la Cámara de Senadores y desde diciembre de 2011 en la Cámara de Diputados.   La causa que se investiga: En "contratos truchos" se desviaron más de mil millones de pesos en los últimos 10 años   Levantado el secreto de sumario en la causa de la Legislatura y conocida la primera imputación por parte de la Procuración General, este jueves se llevó adelante la primera medida que alcanza a la dirigencia política. Al imputado senador nacional Pedro Guillermo Gustavino ahora se le suman dos dirigentes del PJ local, Juan José Bahillo -diputado provincial hasta 2017 y diputado nacional desde ese momento- y Leticia Angerosa, diputada provincial. No en calidad de imputados, aclararon desde la fiscalía, sino para controlar la producción de la prueba. Esto es, la posibilidad del derecho a defensa y acceso a la prueba que hay y la que se produzca en adelante. Además de los dirigentes gualeguaychuenses, se convocó a los diputados de la legislatura entrerriana, del PJ, Gustavo Osuna, Diego Lara, Daniel Ruberto, Marcelo Bisogni, Emilce Pross, Ángel Vázquez, Juan Carlos Darrichón, Pedro Báez, Juan Navarro (presidente del bloque), Sergio Urribarri (presidente del cuerpo), y al prosecretario de la cámara, Sergio Cornejo, para  que presenten abogados.   Te puede interesar: Presupuesto 2019: Las claves del voto positivo de Bahillo   La Legislatura estuvo varios días expectante esperando la resolución de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. Finalmente, en la imputación no aparecieron mencionados los nombres del vicegobernador y presidente del Senado Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el de Urribarri, ni quien lo precedió en el cargo, José Ángel Allende. Algunos, como en el caso de los presidentes de los cuerpos, presentaron escritos poniéndose a disposición. Lo hicieron a través de Raúl Barrandeguy y Julio Federik. Quienes sí están formalmente imputados son los senadores nacionales Pedro Guillermo Gustavino y Sigrid Kunath, que tenían como contratadas a varias de las personas que integraban la asociación ilícita. También se formularon cargos contra el actual presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. (fuente: Página Judicial / ElDía)