NO ACTUALIZAN ARANCELES DESDE EL AÑO PASADO
Bajo el lema "discapacidad en emergencia", profesionales de la salud y familias marcharán por la ciudad
La desactualización de los aranceles y los reiterados atrasos en los pagos por parte de las obras sociales ponen en riesgo el sistema de atención para personas con discapacidad. Miles y miles de usuarios dependen de terapias que hoy están siendo suspendidas o abandonadas por falta de recursos y sostenibilidad profesional.
El jueves a las 18.30 horas, profesionales que trabajan en Discapacidad se movilizarán en defensa de los derechos de salud de sus pacientes.
Familias, trabajadores y asociaciones se concentrarán en 25 de Mayo y Rocamora para caminar hasta el frente del Municipio, en Plaza Urquiza.
La consigna será “la discapacidad está en emergencia”, y se inscribe en un contexto de lucha y reclamo que se extiende en todo el país con cese de actividades.
En 2025, los aranceles que pagan las obras sociales (regulados por el nomenclador nacional) a los prestadores de servicios para personas con discapacidad se vieron completamente congelados: mientras que la inflación en estos cuatro meses iniciales fue del 11,1%, las atenciones por obras sociales no aumentaron. En 2024 lo hicieron, pero en el último cuatrimestre quedaron 8 puntos por debajo de la inflación Según el Foro Discapacidad, el desfasaje acumulado es del 73%.
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Uno de los pedidos de la protesta es solicitar el acompañamiento de los legisladores nacionales a la Ley de Emergencia en Discapacidad que establece los recursos necesarios para cumplir con el sector hasta diciembre de 2027.
El gobierno nacional, a través de un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), manifestó su “enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por un sector de la oposición en la Cámara de Diputados”.
Tanto los profesionales prestadores de servicios como las familias subrayan que “desde diciembre hasta ahora se han acentuado” las problemáticas, como la falta de atenciones a los pacientes, la actualización de auditorías de Pensiones No contributivas (PNC) y laborales por invalidez, dispuestas por ANDIS y el congelamiento del monto de la hora que se le paga a los trabajadores, entre otros derechos que se han recortado desde diciembre de 2023.