Barrios del asentamiento: El Estado no cobró ni una sola cuota a los vecinos

Se invirtieron casi 23 millones de pesos del Estado, para la construcción de 95 casas para familias de los asentamientos de Gualeguaychú. A dos años de la entrega de las viviendas, no se ha recuperado un solo peso. Críticas de la oposición por el manejo del programa.Mónica FarabelloLuego de una investigación periodística, ElDía denunció a una familia que intentaba realizar un trueque con una vivienda del Estado. Aunque aseguraba contar con todos los papeles a su nombre, reconocía que hasta el momento no había abonado ni una sola cuota.Las repercusiones no tardaron en llegar y las críticas de los vecinos que esperan su vivienda desde hace años, inscriptos en el IAPV, se hicieron oír. La desigualdad en el tratamiento y respuesta a las necesidades, causó el rechazo y el enojo de gran parte de los lectores.Para las 95 viviendas que se le entregaron a las familias que habitaban en el asentamiento del Boulevard Montana y 1° de Mayo, se desembolsaron 22 millones 825 mil pesos. Nota relacionada: Mirá el video del intento de trueque de la casa  En el barrio Toto Irigoyen y Anhelado Sueño, no sólo se construyeron las casas, sino que además se realizaron obras complementarias como el cordón cuneta, vereda y ripio para ambos lugares. En estas tareas, el dinero invertido ascendió a la suma de 4 millones 784 mil pesos.Sumado a estas mejoras, se incorporó un salón de usos múltiples para las viviendas de Costa Uruguay Sur con una salita de primeros auxilios y dos galpones de equipamiento productivo, para que los vecinos puedan trabajar.Por otra parte, en Boulevard de María se realizó un centro de producción, aunque no se construyó un salón de usos múltiples porque tienen el Centro Integrador Comunitario (CIC) muy cerca.A diferencia de las viviendas del IAPV, las casas para los vecinos del asentamiento son construidas de acuerdo a las necesidades de cada familia. Hay casas desde dos dormitorios con un baño que abarcan 59 metros cuadrados construidos y las de cuatro y cinco habitaciones tienen dos baños y un total de 86 metros cuadrados. Además, para los que estaban dispuestos a realizar el emprendimiento, contaban con un lote para hacer huerta y granja.En cuanto a superficie, los lotes de Costa Uruguay Sur tienen 1000 metros cuadrados, mientras que las de Boulevard De María y San Juan tienen 400 metros cuadrados.El costo promedio de cada casa, al momento de firmarse el convenio con las 15 cooperativas que las construyeron fue de 230 mil pesos y al momento de la entrega en noviembre de 2014, ascendería a 450 mil.Durante el primer año contaron con una oficina del INTA para el asesoramiento. Luego, en septiembre de 2015, desconocidos ingresaron a la oficina y rompiendo los vidrios de los ventanales, robaron una computadora y un aire acondicionado. Finalmente, la oficina quedó cerrada y sin utilidad. Un sistema solidario con falenciasDesde el gobierno provincial se creó el "Programa Federal de Construcción de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat para Pueblos Originarios y Rurales", en el que fueron incluidas las 95 familias del asentamiento de Boulevard Montana y 1° de Mayo.Este programa estuvo y está a cargo de Daniel Irigoyen, con quien ElDía intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, sin recibir respuesta.En el programa de viviendas rurales para erradicación de villas y asentamientos, al igual que en el IAPV, se aplica el denominado "sistema solidario".Este sistema consiste en que las cuotas que el Estado cobra y recauda de los adjudicatarios, es reinvertida en tierras y construcción de nuevas viviendas, para las familias que esperan inscriptas.Actualmente, y a dos años de entregadas las viviendas del barrio Toto Irigoyen y Anhelado Sueño, el Estado no ha cobrado ni un solo peso. En este caso, es la Municipalidad la responsable de iniciar un cobro que no se ha puesto en marcha.Los vecinos consultados, indicaron a ElDía que la cuota que se fijó será de 150 pesos; por lo que entre las 95 familias pagarían por mes un total de 14.250 pesos y anualmente se recaudarían 171 mil pesos. Esta cifra, no parece ser significativa, si tenemos en cuenta el valor de la construcción, de los terrenos y los costos de los materiales y mano de obra.Las viviendas fueron financiadas a 50 años, por lo que los vecinos terminarán de pagarlas en el año 2064. Son 600 cuotas que, si bien no tienen intereses, su valor aumenta cada 10 años. "No estigmatizar la pobreza"El exintendente Juan José Bahillo, opinó en un diálogo con ElDía desde Cero, que su preocupación "es no estigmatizar la pobreza con la delincuencia, ni con la falta de derechos; el acceso a la vivienda digna es una restitución de derechos".En cuanto a la investigación de ElDía, Bahillo expresó que hay que entender a la "la mujer del video, dentro de las oportunidades que no ha tenido y que la sociedad no le ha dado; tenemos que entenderlo desde ese lugar.Además, aseguró que "hay muchas familias viviendo ahí y es sólo una la que plantea esto". Respecto al trabajo realizado, el exintendente manifestó que "el programa por el cual nosotros construimos esas viviendas, era un programa para erradicación de villas y asentamientos. O lo tomaba como Intendente para erradicar los asentamientos, o lo perdía, pero no lo podía destinar ni a IAPV ni a la Dirección de Viviendas de la Municipalidad, porque hoy estaría denunciado por malversación de fondos"."Yo tenía la responsabilidad del manejo de esos fondos para ese objetivo concreto y tenía esa obligación para ayudar a los vecinos que vivían en una condición indigna, pero la cuota se tiene que pagar, eso está fuera de discusión", dijo Bahillo y agregó: "El Municipio es el que tiene la responsabilidad de hacerlo".