Bignone, otra vez condenado a cadena perpetua
Es la cuarta sentencia contra el último dictador argentino por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En el mismo proceso fueron condenados siete represores y un matrimonio por una apropiación ilegal.El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín impuso la misma pena que a Bignone, al ex jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros y a los ex represores Luis Sadi Pepa, Eduardo Corrado y Carlos Macedra. Además, condenó aCarlos José Somoza a la pena de 25 años de prisión; a Hugo Castagno Monge yJulio San Román, a 20 años; y a Eugenio Guarañabens Perelló, a 16 años.No obstante, los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisnero y Daniel Petrone difirieron hasta el 14 de mayo la lectura de los argumentos.Bignone, de 85 años, ya había recibido en otras sentencias condenatorias: en 2010 y 2011 ya había recibido perpetua, más otros fallos con penas de 25 años y 15 años de prisión. Esta vez el TOF lo halló culpable de secuestros, tormentos y desapariciones producidas contra 23 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en la mayor guarnición militar del país, por la que pasaron unas 4 mil personas durante la última dictadura, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.Además, allí funcionó una maternidad clandestina llamada por los represores "El Campito". De hecho, en este juicio se ventiló el destino que tuvieron, entre otras víctimas, mujeres que al momento de ser detenidas estaban embarazadas: Isabel Acuña,Susana Stritzler, Beatriz Recchia, Marta Graciela Álvarez, Ana María Lanzilotto yMaría Eva Duarte.También figuraba en la lista Miryam Ovando, secuestrada el 1 de abril de 1977 en Virreyes, cuando estaba embarazada de 7 meses. Los apropiadores de su hija María Catalina Sánchez Ovando, los esposos Carlos del Señor Hidalgo Garzón -ex oficial de inteligencia del Batallón 601- y a María Francisca Morillo, recibieron penas de 15 y 12 años, respectivamente, en el marco de este mismo proceso judicial. Sánchez Ovando recuperó su identidad en 2008.En esta causa actuaron como querellantes la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,Laura Catalina de Sanctis Ovando y Juliana García, representadas por los abogados Alan Iud, Mariano Gaitán y Florencia Sotelo, así como también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y otros particulares. (Infobae)
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