Borom... borom…borom…borom… para el juez Alfonso…la selección…
Alfonso viejo y peludo. Ahora sí, el Juez Horacio Alfonso, que dictaminó a favor de la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios, volvió a llenar de contenido la democracia. Por Jorge Barroetaveña OpiniónHacían falta jueces valientes y no vendidos a las corporaciones políticas o económicas para que todo volviera a tener sentido. Hay que festejar, la democracia argentina sigue viva.Es que el fallo de primera instancia del Juez Horacio Alfonso le dio otra página a la histórica pelea entre el gobierno y el Grupo Clarín. Atento y por presión de la Corte Suprema, el magistrado dictaminó mucho antes de lo pensado y tal como quería el gobierno: a favor de los artículos cuestionados que obligarán al grupo a desinvertir y desprenderse de activos.La resolución del juez, en consonancia con el dictamen del fiscal aunque no tan dura, es taxativa y contundente y se expide sobre la cuestión de fondo. Entre los párrafos más destacados de los fundamentos Alfonso señala que ya pasaron más de tres años desde el dictado de la ley. "Plazo que se estima como razonable para que las accionantes de autos hubieran elaborado racional, conveniente y organizadamente un programa progresivo de adecuación", sostiene el texto. En un párrafo de fuerte contenido político, el juez afirma: "No sería admisible que sobre la base del derecho a difundir informaciones o ideas, se construyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista". Esta frase, bien podría haber sido dicha por la Presidenta de la Nación pero pertenece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasará ahora? Caída la cautelar, y con la resolución en la mano, el Grupo Clarín apelará mañana ante la Cámara, la misma que le prorrogó la cautelar el 6 D, y es probable que hasta los primeros meses del 2013 no haya fallo de fondo. En el medio claro, volverá a regir la cautelar, aunque el gobierno estudiará durante todo el fin de semana si no hay algún resquicio en los fundamentos de Alfonso para avanzar ya mismo sobre las licencias excedidas.La victoria del viernes le permitió a la Presidenta ocultar el impacto negativo que provocó el rechazo del Per Saltum por parte de la Corte y el yerro en la estrategia oficial. En el medio cayó el fallo por la desaparición de Marita Verón y todo se volvió una gran confusión, motorizada por las mismas usinas oficiales que querían hacer desaparecer pronto la derrota parcial por el 7D. Son dos cosas distintas. La Corte, por unanimidad, rechazó el planteo del Per Saltum, tal como estaba previsto y los libros lo indicaban. Pero sucede que, cada hecho contradictorio de los deseos oficiales, se vuelve casi una debacle o un ataque a las instituciones. Ni lo uno ni lo otro.Es cierto que nadie pensaba en un fallo absolutorio en Tucumán sobre la desaparición de Marita Verón. Pero, ¿cuántas personas conocen en profundidad lo que sucedió durante el juicio y los pruebas que efectivamente se presentaron? ¿Es posible opinar con liviandad sobre un tema tan grave como es la trata de personas? ¿Se puede utilizar como bandera política para emprenderla contra la justicia en general, al punto de anunciar la 'democratización' de ese poder?Estos jueces de hoy son, en muchos casos, los mismos de los '90. Varios de ellos se reciclaron y, con sus más y sus menos, pasaron a prestar servicios a la causa kirchnerista. Ignorar eso o negarlo sería tan necio como suponer que efectivamente no hay jueces probos y honestos y son todos corruptos y vendidos. El kirchnerismo ha manejado a gusto y placer el Consejo de la Magistratura en todos estos años, por lo que también sería cómplice y corresponsable en el mejor de los casos de la situación actual. La lógica binaria del si falla a favor son buenos, si falla en contra son malos, se vivió palmariamente en las últimas semanas en torno a la Ley de Medios. La Cámara que prorrogó la cautelar merecía el cadalso para las huestes oficiales, el Juez Alfonso un papado por dictaminar a favor de la constitucionalidad.En este tira y afloje, hay dos elementos que tampoco deberían ser olvidados si es que, efectivamente, se aspira a un mejor servicio de justicia. El flagelo de la trata de personas atraviesa transversalmente a la justicia, la policía y el poder político. ¿Nos vamos a hacer los tontos negando haber escuchado muchas veces las tarifas que recibirían policías y políticos por hacer la vista gorda? Es la misma hipocresía a la que se abrazan muchos jueces que, por miedo, no llenan sus cargos con responsabilidad y valentía. Si en los '90, 'se robaron' la Argentina como se afirma habitualmente: ¿cuánta gente hay presa? ¿O fue sólo María Julia Alsogaray la que se enriqueció ilegalmente? En la Argentina de los Kirchner, ¿será sólo Felisa Miceli la que pague los platos rotos? ¿Será la única funcionaria corrupta en medio de muchos otros casos altamente sospechados? Ahí sí faltó y falta el compromiso de los jueces, porque tampoco sirve escudarse en lo que dicen las leyes. Todos se callan y forman parte del sistema y si pueden esquivar las definiciones fuertes, mucho mejor. Ese bajo nivel de compromiso es altamente reprochable para la magistratura en general. La Presidenta, astuta, lo sabe, se montó en el Caso Marita Verón, y ahora les está haciendo pagar las consecuencias.Tristemente, no habrá reformas serias que no incluyan el compromiso de las partes. Ni las buenas intenciones. Si los cambios, sólo están impulsados por la conveniencia política, naufragarán a poco de andar y tendrán un nivel de cuestionamiento que los hará impopulares. Los intereses del conjunto siempre deben estar por encima de los intereses de unos pocos. Se llamen como se llamen. 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