Buscan elevar los delitos ecológicos a crímenes de lesa humanidad

Sancionar a los que contaminan, defender los derechos de los habitantes presentes y de las generaciones futuras, promover la licencia social, son conceptos jurídicos nuevos que exigen reformas en el derecho mundial.

Por Verónica Toller
Especial"Hay que instituir el crimen ecológico en crimen contra la humanidad". Lo afirmó en 2001 la abogada Corinne Lepage. Formar una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, responsabilizar a los que contaminan y sancionarlos, defender los derechos de los habitantes presentes y de las generaciones futuras, promover el derecho a la injerencia ecológica, a la licencia social, son conceptos jurídicos nuevos que exigen reformas en el derecho internacional.Lepage instó a elevar los delitos ecológicos a crímenes contra la humanidad durante una entrevista que le realizó la revista Label France, publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Ex ministra de Medio Ambiente de ese país, como abogada defendió a municipios de Bretaña contra los responsables de la marea negra del Amoco Cádiz en 1978 y a los que sufrieron la marea negra del Erika en 1999. La defensa del medio ambiente tropieza con un sistema jurídico inadaptado, denunciaba. Las ideas de Lepage aparecen como una adelantada frente a lo que en abril de 2008 y ahora, en 2009, acaba de proponer la Academia Internacional del Ambiente de Venecia (IAES). El año pasado, los Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el Dalai Lama, promovieron ante el Secretariado General de las Naciones Unidas la creación de una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, del Planeta Tierra y de sus Ecosistemas. Este año, el 5 de junio pasado, los presidentes de la Academia de Venecia, Adolfo Pérez Esquivel y Antinino Abrami, durante la Jornada Mundial del Ambiente realizada en Roma y simultáneamente en Venecia, lanzaron una campaña mundial de adhesiones para formar esta Corte, sosteniendo que los desastres ambientales son "crímenes contra la humanidad". Pero para declararlos tales, se requiere reformar los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Y ello se logra con el voto de las 2/3 partes de los países integrantes de dicha Corte.En Argentina ya ha comenzado la campaña nacional de adhesiones. Esta Corte Internacional para crímenes contra el medio ambiente saldaría la deuda existente con el planeta, ya que los desastres ambientales caen todas las veces bajo el manto de la impunidad jurídica o las "lagunas legales". Minería, petroleras, agroquímicos, transgénicos, desmontes de bosques nativos, uso irracional del agua... y accidentes, derrames, volcados indebidos. Los recursos naturales están en riesgo permanente de contaminación y -muchos- de desaparición.Bajo tales argumentos, entre otros, la Academia Internacional del Ambiente de Venecia reclama a las Naciones Unidas, la FAO, UNICEF, la OMS, UNESCO, la Unión Europea, la OEA, entre otros organismos internacionales, que asuman la formación de la citada Corte Internacional.Dentro de las penas posibles, "la amenaza financiera es la única forma de responsabilizar a los que contaminan", decía Lepage en 2001. Es decir, condenarlas a multas importantes, a perder el dinero que querían ganar.
Derecho de injerencia ecológica
Desde hace casi una década o más, los países de la Unión Europea reconocen entre sí el llamado derecho de injerencia ecológica. Esto es: "los países miembros se han puesto de acuerdo para que se consulte a los estados implicados, en caso de accidente o en el supuesto de que el medio ambiente de un país vecino corra algún riesgo -explica la ex ministra francesa-. Por ejemplo, si se tuviera que construir hoy la central nuclear de Cattenom, en el norte de Francia, deberían asociarse al proyecto preliminar Luxemburgo y Alemania. De este modo, también existen instancias de consulta que reúnen a los países limítrofes, como por ejemplo para la administración del Rin y del Danubio".No es esto lo mismo que la Licencia Social, que se define como el derecho de las poblaciones a analizar proyectos industriales y de otra índole y aceptarlos u oponerse a ellos, en defensa propia.El derecho de injerencia ecológica va de país a país. Pero... "En el plano internacional, el derecho de injerencia no existe cuando se trata de medio ambiente", ilustró Lepage."Hasta ahora, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sigue negándose a reconocer el derecho de injerencia ecológica. Para que pueda instaurarse, sin dictadura verde, habría que crear un Tribunal Medioambiental Internacional a imagen y semejanza del Tribunal Penal Internacional (TPI). Ello supondría instituir el medio ambiente como derecho humano y elevar el crimen ecológico al rango de crimen contra la humanidad. Algún día llegará, pero no antes de dos generaciones", agregó la abogada.
Promover la solidaridad
El 22 de septiembre pasado, en Nueva York, el Papa Benedicto envió un videomensaje a los participantes en la Cumbre de la ONU sobre cambio climático. "La tierra es realmente un don precioso del Creador, que al diseñar su orden intrínseco nos ha proporcionado las directrices que nos ayudan a salvaguardar la creación -dijo-. El medio ambiente y su protección están íntimamente relacionados con el desarrollo humano integral. En "Caritas in veritate" me referí a estas cuestiones, a la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad no solo entre los países, sino también entre los individuos, dado que el ambiente natural es dado por Dios a cada uno, y su uso supone una responsabilidad personal con toda la humanidad, especialmente con los pobres y con las generaciones futuras".Implícitamente, apuntó sobre la necesidad de una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente o estamento similar al decir que "Por eso, es muy importante que la comunidad internacional y cada gobierno den las señales adecuadas a sus ciudadanos y logren contrarrestar formas peligrosas de utilización del ambiente. Los que agotan los recursos compartidos deben reconocerlo claramente y cargar con los costes económicos y sociales de ese hecho, que no deben recaer sobre otros pueblos o sobre las generaciones futuras. (...) respetando la ley y promoviendo la solidaridad con las regiones más frágiles del mundo. Juntos podemos alcanzar un desarrollo humano integral beneficioso para todos los pueblos, en el presente y en el futuro. Para ello es esencial que el modelo actual de desarrollo global se transforme mediante la toma de conciencia de una responsabilidad más amplia y compartida con la creación: lo exigen no solo factores ambientales, sino también el escándalo del hambre y la pobreza".
Nuevas generaciones
Otro de los nuevos conceptos jurídicos que se trabajan en estos tiempos es el de "derecho de las nuevas generaciones". Pensar en quiénes vendrán luego y cómo les dejaremos el planeta. Pero no ya en términos filosóficos o morales, sino legales.Pero las generaciones futuras aún no existen. ¿Quién las representa entonces? Una opción es crear una especie de "defensor de las nuevas generaciones", al estilo del defensor del pueblo o del lector que existe en los grandes medios de prensa europeos.También, el punto puede quedar salvado si se obliga a cada empresa, por ley, a especificar los efectos de su industria a largo plazo, 20, 40, 80 años.  "Si introducimos el futuro en una opción presente, puede llevarnos a no tomar una decisión, que en un principio parecía rentable pero que a largo plazo no lo sería, lo que nos hace volver al principio de precaución", afirma Lepage. "Por ejemplo, económicamente y a corto plazo, resulta interesante regar el maíz, sin embargo, a largo plazo plantea problemas en cuanto a las reservas de agua ya que consume mucha".La acción de la Asamblea de Gualeguaychú aportó en este sentido una importante experiencia al mundo sobre la necesidad de aplicar derecho preventivo, mecanismos de consulta previa y aplicación de licencia social.