Buscan hacer productivas las tierras fiscales ocupadas por privados

A principios de año el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, comenzó a investigar a quién pertenecían las tierras públicas arrendadas en la zona de Islas y encontró grandes anomalías. Este martes, la Legislatura brindó su apoyo.

{mp3cero}rsignes060409{/mp3cero} El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, aseguró que a la provincia "le han quedado 190 mil hectáreas sobre más de un millón que tiene el Delta" (Audio Radio Cero)

La mayor parte de las tierras fiscales que la provincia de Entre Ríos tiene en la zona de Islas están registradas en la Dirección de Catastro a nombre de particulares. El fiscal Rodríguez Signes contó a Radio Cero que este problema territorial lleva mucho tiempo, anteriormente hubo problemas limítrofes con Buenos Aires y con las Islas de las Lechiguanas en Gualeguay, “pero ahora nos encontramos con un problema grave”.

Rodríguez Signes detalló: “a la provincia le han quedado 190 mil hectáreas sobre más de un millón 100 mil que tiene el Delta, en las Lechiguanas la Provincia vendió prácticamente la mitad de sus propiedades, se vendieron más de 80 mil sobre un total de 190 mil hectáreas, ahora hay que ver cómo se vendieron, a qué precio, si está en forma regular la venta”.

“Hay tierra que se ha adquirido por particulares por prescripción, adquisición por usucapión, lo que nos preocupa hoy es lo que la Provincia tiene 190 mil hectáreas, de las cuales hay 120 mil en el departamento Victoria y unas 42 mil en Gualeguay y el resto en Islas del Ibicuy. De las 190 mil, hay 50 mil hectáreas con plano de mensura aprobado en las Lechiguanas y otro tanto en Victoria, esto quiere decir que hay particulares que han ido con un agrimensor, que han tomado las medidas, que lo han inscripto en la Dirección Provincial de Catastro, y que claramente tienen vocación de apropiarse de ese territorio”, puntualizó el funcionario.

Respaldo legislativo

Rodríguez Signes, acompañado por la titular de la Dirección de Catastro María Emma Danuzzo de Cabriola, brindaron ayer por la mañana un informe sobre estas irregularidades a los Legisladores que componen la comisión de Tierras de la Cámara de Diputados, los cuales respaldaron la acción de los funcionarios.

En el informe presentado explicaron, ante los miembros de la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, por qué la Provincia perdió 100 mil de las 190 mil hectáreas fiscales apropiadas por particulares.

El presidente de la Comisión, Fabián Flores, manifestó la intención de la legislatura de recuperar estas tierras públicas privatizadas irregularmente. Según informó Flores a APF, durante el encuentro se mencionó sobre un “divorcio” entre los distintos organismos que deben regular estos temas, y agregó que su idea es “juntarnos con ellos y que nos orienten para hacer desde la Legislatura una ley aplicable y que cumpla función en defensa de las tierras y de los bienes del Estado”.

“La intención era tener una charla informativa con la gente de Tierras, con el Fiscal y la directora de Catastro para que los legisladores de la comisión tengamos un panorama concreto de lo que está pasando”, declaró Flores.

“Debemos defender lo nuestro”

Cómo se soluciona este problema que se origina desde principio de los años 70, obviamente que no será rápido pero sí es necesario que el Gobierno Provincial tome inmediatamente cartas en el asunto. Respecto a ello Rodríguez Signes aclaró que se soluciona a través de una política integral, con una acción legal desde la Fiscalía, desde la Escribanía Mayor de Gobierno, desde Dirección de Catastro, para regularizar el dominio.

“La Dirección de Catastro no puede aprobar o inscribir mensuras de bienes públicos. En segundo lugar, acciones de desalojo que tiene que encarar la Fiscalía de Estado. En tercer término, la Legislatura tendrá que revisar normas de la dictadura militar que habilitaron la venta y a veces a precio vil o sin cumplir con la licitación pública. La Policía tiene que tener una mayor presencia. A lo mejor, el Gobierno provincial hace un convenio con algún organismo para que colabore en el control de la ocupación”, detalló.

“Lo que es de la provincia hay que defenderlo, hay que sacar a los particulares que pretenden usurpar, y luego hay que tener una política, no de arrendamiento que fracasó, sino de ocupación y de explotación de todo ese territorio virgen que tenemos, tampoco es solución declararlo como zona preservada, hay que hacer algo, incorporarlo al sistema productivo, hay que fomentar la explotación agrícola, pero en serio, para enriquecimiento de la provincia de Entre Ríos”, fundamentó el Fiscal de Estado.

Pero, ¿quiénes son?

El funcionario provincial confesó que las personas que presentan irregularidades en su mayoría son oriundas de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, pero aclaró que también hay involucradas sociedades comerciales, “no sólo son productores o personas físicas, incluso hay empresas”, manifestó.

“Hay que defenderlo con nuestro poder de Policía, frente a la propiedad usurpada la Ley nos otorga el derecho a ejercer la fuerza, en segundo lugar, donde está discutida la propiedad están los medios legales”, dijo Rodríguez Signes y agregó que se ha reunido con el gobernador Sergio Urribarri donde le expuso su preocupación y la necesidad de hacer un convenio con la Nación para que ayude en el caso.

Además declaró que por el momento las mensuras no han avanzado pero están en proceso de desarrollo, “no han avanzado porque ahora dijimos basta, no aprueben más mensuras sobre territorio que es del dominio público de la Provincia”, enfatizó.